La semana pasada, los socios de la casa de criptomonedas, Roberto Zibert y Joaquín Díaz interpusieron una querella criminal ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal y fraude informático en contra de Rodrigo Caravantes, ex jefe de operaciones de la compañía y en contra de todos quienes resulten responsables.

Según Zibert y Díaz, existen pruebas concretas que vinculan a Caravantes con dos “fraudes” que suman un total de $59 millones, ejecutados por sus amplios accesos informáticos y bancarios en OrionX, los cuales fueron omitidos por la actual administración en sus denuncias y auditorías.

OrionX es una plataforma de activos digitales de alcance latinoamericano, que declara haber procesado más de US$2.000 millones en transacciones a lo largo de más de ocho años de operación, y que llegó a contar con más de 140.000 usuarios registrados.

El pasado, 3 de septiembre, la firma informó a sus clientes del cierre de sus operaciones, y comunicaron que detallaron que el plan de cierre y restitución de activos a los inversionistas fue informado a la autoridad.

Acto seguido, la compañía liderada por su CEO Joel Vainstein, que asumió en el cargo el 15 de enero de 2025, interpuso una querella en contra de Zibert y Díaz, acusándolos de efectuar una serie de operaciones que implicaron el desvío de activos entre 2018 y 2021 hacia cuentas en otras plataformas.

Según el escrito, todas estas operaciones implicaron un daño patrimonial que asciende a casi U$ 7 millones, fundando las acusaciones en una auditoría forense realizada por Deloitte.

En contrapartida, ahora Zibert y Díaz -asesorados por el abogado Pablo Gómez Edwards- interpusieron una querella en la que denuncian no solo la opacidad en la investigación interna, sino que también presiones por parte de Vainstein para que ellos vendieran sus acciones de la empresa.

“Paralelamente a todo este proceso de investigación sesgada del descalce por parte de la administración de la compañía, los comparecientes sufrieron reiteradas presiones del grupo que controla la administración para ceder a precio vil sus acciones en la empresa, bajo amenaza de accionar legalmente en su contra si no cedían a tales presiones”, consignó la querella.

La acción penal se mantiene bajo reserva, pues a la fecha aún no ha sido proveída por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

“Los valores que nos quería imponer a toda costa Vainstein y sus abogados del Estudio Albagli Zaliasnik eran viles. La oferta vinculante de Caymari SAS (empresa ecuatoriana vinculada a Carlos Egas, uno de los dueños del Banco Pichincha con quien Joel Vainstein estaba realizando tratativas), valorizaban la empresa a US$24 millones, por lo que las acciones de Zibert valdrían en ese momento USD 2,98 millones ($ 2.905 millones) y las de Díaz valdrían USD 3,19 millones ($ 3.113 millones). En conjunto serían US$6,16 millones ($ 6.018 millones), frente los US$1,5 millones que nos quería imponer Vainstein”, añadió.

“En otras palabras, se nos presionó constantemente, en esta primera “oferta”, para ceder nuestras acciones a un 24,35% de su valor real, bajo amenaza de interponer acciones penales en nuestra contra”, denunciaron.

El 19 de junio de 2026, la CMF rechazó la solicitud de inscripción y autorización de Orionx SpA mediante Oficio Ordinario N° 104.672, en el marco del procedimiento de la Ley N° 21.521 (Fintec) y la NCG N° 502.

“Una oferta ridícula”

Posteriormente, según la querella, el gerente general de OrionX, Joel Vainstein, ejerció continuas presiones sobre los fundadores Roberto Zibert y Joaquín Díaz para forzarlos a vender sus acciones.

Según la querella, en una propuesta denominada “condiciones acuerdo”, Vainstein exigió la cesión total de sus acciones, la renuncia a sus créditos, la entrega de credenciales y equipos, y la firma de un finiquito absoluto en todos los ámbitos: laboral, civil, penal y administrativo. A cambio, la compañía ofrecía US$600.000 en total (un pago al contado más un saldo diferido condicionado al exit del Gerente General) y el compromiso de retirar todas las acciones judiciales en su contra para cerrar los procesos penales. Este monto representaba tan solo el 9,74% del valor real de sus participaciones conforme a la valorización de Caymari SAS, indica.

“Se nos presionó constantemente, en esta primera oferta, para ceder nuestras acciones a un 24,35% de su valor real, bajo amenaza de interponer acciones penales en nuestra contra”, denunciaron.

Posteriormente, el 29 de julio de 2026, los abogados de Vainstein enviaron una última propuesta aún más intimidatoria, reduciendo el pago a US$40.000 para cada fundador (US$80.000 en total) a cambio de desestimar las acciones legales, lo que equivalía a un 1,29% del valor real de sus acciones.

“Esta última oferta intimidatoria es por el 1,29% del valor de nuestras acciones. Una oferta ridícula bajo amenaza”, denunciaron.

“Ninguna de estas ofertas de compra de nuestras acciones, fue aceptada por los suscritos, tanto porque fueron hechas bajo amenaza y presión de incriminarnos por el descalce (cuestión del todo falsa y utilizada como pretexto para presionarnos), como porque eran ofertas viles, a precio muy inferior al que valían nuestras acciones en la compañía”, concluyó.

Descargos

Desde OrionX señalaron que “no tenemos antecedentes de esta acción y cuando cuenten con éstos, evaluarán los pasos a seguir, manteniendo la línea que ha guiado a la compañía desde el primer día: esclarecer los hechos, colaborar con la investigación y procurar la recuperación de activos en beneficio de sus clientes y acreedores”. Asimismo, explicaron que “se reservan el derecho de ejercer las acciones que correspondan para resguardar sus intereses”.

En relación a la salida de accionistas, agregaron que “esta se evaluó en el contexto de medidas preventivas para abordar oportunamente una situación que podía afectar los intereses de los clientes e inversionistas. En este caso, realizamos una auditoría externa —encargada a una consultora de reconocido prestigio en el mercado— con el objetivo de esclarecer los hechos y contar con antecedentes verificables”.