Diez minutos después del mediodía del viernes 20 de diciembre de 2024, Pedro Pablo Larraín Mery, el controlador y presidente del grupo Sartor, escribió a los otros directores del grupo un mensaje urgente y final en el que comunicaba lo peor. “Les comento que acaba de llegar la CMF a nuestras oficinas y nos revocaron la licencia de la AGF”. Segundos después, complementó: “Desde ahora, hay un liquidador y se acaba el directorio de Sartor AGF”.

Había entonces transcurrido un mes desde que el consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) comenzara a bajar la cortina de Sartor. El 15 de noviembre, el organismo colegiado decidió primero suspender la captación de más aportes por parte de la Administradora General de Fondos (AGF). El reproche inicial de la CMF apuntaba a un modelo de negocios que evidenciaba conflictos de interés, al invertir fondos de terceros en instrumentos emitidos por personas ligadas al mismo grupo: ese día, la CMF puso tres ejemplos de sociedades, Danke, ligada a Carlos Larraín; Blackcar, de Pedro Pablo Larraín; y Redwood Capital, de Michael Clark.

Aquellas operaciones relacionadas no estaban, al parecer, en conocimiento de todos los directores de la AGF. Y desató tensiones que comenzaron a los pocos días. Larraín citó a una reunión virtual para el lunes 18, a las 19 horas. Ese mismo día, uno de los directores, el abogado Mauro Valdés, insistía en pedir información permanente, sobre todo de las operaciones cuestionadas por la CMF. “Pedro Pablo, todos entendemos que están preocupados de apagar el incendio. Sin embargo, tú tienes que entender que a estas alturas -por razones legales y comunicacionales- somos parte del incendio”, escribió ese lunes, antes de la reunión, Valdés en el chat donde estaban también directores y socios como Carlos Larraín Mery, Óscar Ebel, Michael Clark y Alfredo Harz, entre otros. “Mauro, de verdad crees que no lo entiendo??”, respondió ofuscado, el controlador de Sartor. “Si crees que debo ir reportando a cada hora, creo que para este momento es un exceso que no podemos cumplir”, agregó en su contraataque a Valdés. “No me discutas así Pedro Pablo. Nadie ha pedido reportes cada hora”, retrucó.

Pero el martes 19 de noviembre, Valdés cambió el tono y apostó por el optimismo. “Peter, parece que mañana tenemos reunión con CMF. Ojalá nos vaya excelente y nos abran la llave”, decía en relación a la reapertura de la captación de aportes. Pero insistía: “Te recuerdo mi solicitud de descripción de las operaciones cuestionadas”.

La situación esos días para los Sartor era de caída libre. La decisión de la CMF de suspender nuevos aportes ocasionó lo que los mismos gestores temían: que los mismos aportantes pidieran entonces retirar sus fondos. Y aquello fue creciendo a volúmenes gigantescos. “El día de ayer fue duro porque estamos recibiendo rescates en general aprox. de MM$ 10.000 y en total, llevamos, contando los institucionales invertidos en nuestros fondos, MM$ 31.000 aprox”, comentó Pedro Pablo Larraín a sus directores el 20 de noviembre a las 7 de la mañana.

En aquellos días, Sartor activó un comité de crisis e intentó diseñar un plan para convencer a la CMF, el que consideraba además la venta de cartera para obtener liquidez, contención de clientes y reuniones con medios de comunicación, en off the record. Una semana después, el viernes 22 de noviembre, Valdés se reunió con Larraín y comentó en el chat: “Buena reu hoy con PPL. Lunes nos vemos de nuevo para armar un comité de crisis y seguir peleándola”.

Siete días después, el viernes 29 de noviembre, tras responder otro oficio a la CMF, Pedro Pablo Larraín fue a la CMF. Había pedido una reunión por Ley de Lobby a la entonces presidenta, Solange Benstein, quien rechazó la solicitud y gestionó una reunión con quienes Sartor ya había interactuado, Daniel García entonces director de supervisión de conducta de mercado, y José Antonio Gaspar, en esa fecha director jurídico. ”Claramente, una situación lamentable”, comentó Larraín a sus socios por sus interlocutores. “Suerte en la reunión”, respondió Valdés.

El chat, entonces, se suspendió. Casi no hubo intervenciones, al menos en el extracto de ese chat que entregó a la CMF el mismo Mauro Valdés y que forma parte del expediente.

Pero el viernes 6, la CMF adoptó otra decisión relevante y suspendió ahora los rescates de 13 fondos de inversión gestionados por Sartor, para detener la sangría e impedir perjuicios para los aportantes por la rápida liquidación. La CMF había constatado que en poco más de dos semanas se habían solicitado rescates de cuotas por el 34% de los activos gestionados por Sartor, con una exigencia de fondos por más de $ 175 mil millones.

“Si bien no es lo que esperábamos en ningún caso, considero que es una medida justa y necesaria para poder enfocarnos en ordenar y no que sea una carrera contra el tiempo”, escribió Pedro Pablo Larraín a su directorio.

“Mira tú… qué raro. Nos favorecen en lo económico, pero no en lo reputacional”, analizaba Mauro Valdés. Uno de los socios fundadores de Sartor, Óscar Ebel, anticipaba más problemas con clientes y más exposición en la prensa en ese chat.

Esa noche, otro viernes de malas noticias provenientes de la CMF, Larraín exhibía a su directorio las carteras de las empresas cuestionadas por la CMF, como Autofiden, Danke y Emprender Capital. Y decía que la decisión de la CMF era lo mejor que podía ocurrir de cara a los clientes. “La liquidación de activos llevaría a una pérdida importante para ellos y nosotros”, escribió. “Qué imbéciles no haber hecho esto desde el principio….”, reclamaba Valdés. Fue el regulador quien puso las reglas respondió Larraín. “Yo creo que este mensaje hay que esparcirlo urbi et orbe… así de claro”, aportó Michael Clark.

Esa semana, la Unidad de Investigaciones de la CMF había apretado el acelerador, en un carril separado al del Consejo de cinco integrantes que había decidido cortar la salida de flujos desde Sartor. El martes 3 de diciembre, había ido a declarar al piso 8 de la torre 1 el segundo socio más relevante, Alfredo Harz, quien tenía el 18% de la propiedad de la matriz, Asesorías e Inversiones Sartor S.A.. El miércoles 4 de diciembre, según el expediente de la CMF, fue otro ejecutivo, Max Busch. El jueves 5, fueron Carlos Larraín Mery, por la mañana, y Óscar Ebel (dueño del 10%), por la tarde. Los otros dos socios, Rodrigo Bustamante (6,95%) y Miguel León (4,17%), declararon recién en abril de 2025.

El lunes 9 de diciembre fue el turno de Mauro Valdés, ex gerente general del Consejo Minero, ex BHP y ex director ejecutivo de TVN que fue invitado al directorio tras invertir una parte importante de sus ahorros en la gestora. Una cartola de Sartor entregada a la CMF contabilizaba a fines de 2024 para Mauro Valdés un patrimonio de US$ 971 mil. Su ex esposa invirtió otros $ 300 millones. A fines de 2016, Valdés entró como director independiente, invitado por Larraín. “Yo no conocí ninguna de las operaciones con partes relacionadas”, aseguró a la CMF. Michael Clark fue a declarar el martes 10 de diciembre. Tres días después, en una operación que los acreedores han interpretado como una manera de alejar ese activo de su alcance, Clark compró el 90% de las cuotas de Tactical Sport, dueño del 63,07% de Azul Azul, a sus socios de Sartor.

Pero antes de todos ellos, el primero en declarar fue Pedro Pablo Larraín Mery, dueño del 60,3% de Sartor. Lo hizo un día antes que la CMF pegara el primer espolonazo a Larraín.

Larraín: la primera vez

La primera vez que Pedro Pablo Larraín declaró, el 14 de noviembre de 2024, la atención del fiscal de la Unidad de Investigaciones de la CMF, Andrés Montes Cruz, estaba puesta en la relación de Sartor con los responsables del fraude a Primus. Cuatro de las seis páginas de sus declaraciones se concentraron entonces en los vínculos de Sartor y Primus: no hubo ese día preguntas incómodas por las operaciones que financiaron a los mismos socios de Sartor.

Ese día, Larraín resumió su trayectoria. “Partimos en julio de 2012 con, en ese momento, Óscar Ebel y Sebastián Gazmuri, con nuestra matriz que es Asesorías e Inversiones Sartor, en que cada uno tenía un tercio”. Gazmuri, a quien conoció en Euroamérica, dejó más tarde la sociedad. Ebel, el otro fundador, está colaborando con la fiscalía y la CMF.

En sus inicios, Sartor creó una Administradora de Fondos de Inversión Privados, que partió con el fondo Táctico, que más tarde se transformó en un fondo público. “En su momento estaba enfocado en hacer un formato de family office, entre la familia de mi padre, la mía y la de Óscar”, declaró Larraín, quien recordó sus anteriores pasos profesionales: en 2004 comenzó en Citibank; de 2006 a 2009, en Euroamoerica, en el área de gestión de clientes privados; y luego trabajó en Compass Group, hasta la creación de Sartor.

En 2024, era el número uno del grupo que en pocos años se transformó en una AGF y creció como la espuma en el negocio de la deuda privada. “Actualmente, soy el socio principal de Sartor”, explicó a la CMF.

El interés de la Unidad de Andrés Montes estaba puesta sobre todo en la relación de Sartor con los ex ejecutivos que defraudaron a la empresa de factoring Primus.

La misma vinculación había aparecido en el chat de directores, pero mucho antes. “Hola Estimados. Espero que estén bien. Les comento que el Diario Financiero está sacando una nota sobre el peritaje que realizó Primus Capital”, les contaba Pedro Pablo Larraín a sus socios a fines de enero de 2024, a quienes compartió un comunicado que describía a Sartor como un grupo financiero que gestionaba más de US$ 850 millones, con operaciones de deuda privada como leasing inmobiliario, deuda automotriz, leasback y factoring, entre otras, a más de 500 empresas. A sus directores Larraín les comentó que con los clientes ligados a Primus habían financiado unos $ 12 mil millones desde 2018, pero que estaba pagado más del 80%; el monto pendiente tenía garantías.

A Andrés Montes, sin embargo, Pedro Pablo Larraín debió responder con más detalle diez meses después sobre sus vínculos con Francisco Coeymans, ex gerente general de Primus, e Ignacio Amenábar, ex gerente comercial. Dijo entonces que Sartor financió operaciones de Primus y que Coeymans fue aportante de un fondo de Sartor. “Tengo relación de amistad con Francisco Coeymans desde como 5° o 6° básico porque teníamos amigos en común”, testificó. Retomaron relación a partir de 2018, dijo, porque coincidieron en Marbella en época de vacaciones. A Coeymans y su empresa ACM, Sartor les prestó $ 400 millones. A Amenábar, en tanto, lo conoció a través de Coeymans y por Contémpora, el factoring de Gonzalo Martino en el que trabajó antes de Primus.

También Larraín se vinculó con el abogado Antonio Guzmán, imputado por el fraude a Primus, a través de Coeymans. Guzmán le presentó clientes. “Tengo una relación con él, porque el fútbol nos unió”, dijo Larraín hace 18 meses. Guzmán participaba en el grupo Consejo Azul y le comunicaba a Larraín lo que ahí se conversaba. También participaron juntos en un proyecto inmobiliario en Cochrane que no se materializó. “Las deudas de Coeymans y Amenábar están pagadas. Las de Guzmán no están todas pagadas”, dijo en diciembre de 2024. Y también conoció a Marcelo Rivadeneira, el técnico de cocina que completó el cuarteto ligado al fraude de Primus. “Supimos que estuvo en eventos relacionados a drogas”, indicó sobre Rivadeneira.

Larraín, la segunda vez

Pedro Pablo Larraín declaró hace pocas semanas frente al fiscal Juan Pablo Araya, quien lo formalizará, junto a otras 10 personas, entre ellos, todos los socios y directores de Sartor, por cuatro delitos el 30 de mayo: estafa, administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado. Araya ha hablado de entre US$ 100 millones y US$ 200 millones en pérdidas para los aportantes de Sartor. Ese testimonio de Larraín -así como los de Clark y Harz, que también han declarado en la causa penal- es reservado. Pero más de un año atrás, Larraín Mery habló en al menos cuatro ocasiones ante la CMF.

La segunda vez -la tercera fue en abril de 2025 y la cuarta, en junio de 2025- fue tres días antes de la caída definitiva de Sartor, el martes 17 de diciembre de 2024. Montes concentró sus preguntas en las operaciones con empresas relacionadas a los mismos socios de Sartor, el motivo por el cual la CMF intervino, tres días después, a la gestora. Larraín debió responder por Danke, la empresa que controlaba su hermano Carlos, ex gerente general de Esmax, ahora de Aramco, que dejó la empresa tras las multas de la CMF; el factoring Emprender Capital, controlado por Danke y Sergio Yáñez; su relación de negocios con Michael Clark –“lo conozco desde 2014 (…) Él se dedicaba a reestructuración de deuda privada y también en M&A”; la financiera automotriz Autofidem; y los fondos creados para Credicorp, entre otras aristas de negocios.

Pero también dijo algo sobre los cuestionamientos de fondo: la política de Sartor para financiar a sus relacionados a través de los fondos de terceros. “No teníamos un proceso o política definida. Lo que ocurrió es que el comité de crédito levantaba información, pero creo que no teníamos una política definida a vinculados o relacionadas, que lamentablemente se pasó así (sic)”, respondió.

Tres días después de esa declaración, la CMF revocó la autorización de existencia de Sartor. En el chat, Larraín lo informó al mediodía de ese viernes 20 de diciembre. A las 17 horas los Sartor, ya con sus oficinas de Cerro El Plomo intervenidas, se reunieron en las de AZ, el estudio de abogados contratado por el grupo para esta crisis. Ebel pidió que le consiguieran estacionamiento. Clark y Valdés dijeron que no lo necesitaban. En las oficinas de AZ estaban los Gabriel Zaliasnik, Álvaro Rosenblut y Jaime Winter, recordó después uno de los asistentes. Hasta esa reunión, hasta ese día, Óscar Ebel, dice que nadie en la empresa, ni sus asesores ni sus socios ni ejecutivos, puso en duda la ética o el modelo de negocios de Sartor, dijo a la CMF en una extensa declaración en marzo de 2025. “En esa reunión escuché por primera vez que este problema podría ser grave”, dijo sobre la cita de ese viernes 20 de diciembre. Al martes siguiente, el 24 de diciembre, víspera de Navidad, a las 17:15 horas, Óscar Ebel ingresó en el Ministerio Público un formulario de autodenuncia que hoy es la primera página del expediente penal del caso Sartor.