Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se han agudizado en los últimos meses, hasta el punto en que la administración del presidente Donald Trump ha ordenado movimientos militares en las cercanías de las costas del país sudamericano y ha incrementado al doble la recompensa por información que permita el arresto de Nicolás Maduro, el líder del régimen chavista.

Caracas, por su parte, ha convocado a “millones de milicianos” para responder a lo que ha calificado como “amenazas” de Washington.

En los primeros meses del segundo periodo no consecutivo de la administración Trump, Estados Unidos y Venezuela —países que no tienen relaciones diplomáticas bilaterales formales desde 2019— lograron cerrar acuerdos de liberación de prisioneros.

Sin embargo, esas conversaciones vinieron seguidas de una serie de medidas y declaraciones cruzadas entre ambas partes.

Trump asumió el poder el 20 de enero de este año, tras imponerse en las elecciones presidenciales de finales de 2024.

Diez días antes, Maduro asumió su tercer mandato en Venezuela, luego de un proceso electoral que ha sido ampliamente rechazado por gobiernos y organizaciones de todo el mundo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo controlado por el régimen, lo anunció como ganador con un 52%, sin presentar las actas que acreditaban ese supuesto resultado.

Frente a esa situación, la oposición liderada por María Corina Machado comenzó a reunir las actas para acreditar que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue quien realmente triunfó en los comicios.

Según dicha revisión, González obtuvo casi el 70% de los votos con más de un 80% de las actas de escrutinio. La veracidad de estas ha sido corroborada por el Centro Carter, uno de los pocos veedores internacionales independientes que pudo seguir las elecciones de julio del año pasado en Venezuela.

A más de siete meses desde que Trump regresó a la Casa Blanca, estos son los principales eventos que han protagonizado Estados Unidos y Venezuela.

Cómo se han incrementado las tensiones entre EEUU y Venezuela en los últimos meses

El mismo día de su investidura presidencial, Trump firmó un decreto en el que se refirió al Tren de Aragua —una organización criminal de origen venezolano— y a otros grupos criminales y carteles de la droga transnacionales, a los cuales designaría como grupos terroristas.

Unos días después, su administración revocó una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para unos 600.000 venezolanos que se encontraban legalmente en Estados Unidos, la cual les permitía permanecer en el país hasta octubre de 2026.

A finales de enero, el enviado especial del presidente Trump, Richard Grenell, se reunió con Maduro en Caracas.

En ese momento, el Departamento de Estado estadounidense dijo que viajó en “una misión especial muy específica”, la cual estaba centrada en la repatriación de “criminales y pandilleros” venezolanos y la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.

Desde Washington recalcaron que no se trataba de una negociación ni de un reconocimiento político de la supuesta victoria del chavismo.

Tras el encuentro entre Maduro y Grenell, el régimen liberó a seis estadounidenses que estaban detenidos en el país. Y, unos días después, Caracas comenzó a recibir vuelos con venezolanos deportados, los cuales han tenido reanudaciones.

Mientras aquello ocurría, a principios de febrero, Estados Unidos incautó un segundo avión del gobierno de Maduro en República Dominicana, tras haber incautado otra aeronave del líder chavista en septiembre de 2024.

El 4 de marzo, Washington anunció que acabó con la licencia que permitía a la empresa petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela. Le dio 30 días para acabar sus actividades en el país.

Ante dicha medida, Maduro acusó a la administración Trump de intentar “hacerle daño a la economía venezolana”.

A mediados de marzo, el republicano invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar deportaciones de migrantes que, según su administración, eran miembros del Tren de Aragua.

A través de dicha medida, el gobierno deportó a más de 200 venezolanos sin condena firme desde Estados Unidos hacia El Salvador. En concreto, hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido popularmente como la “megacárcel” del mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

El régimen chavista calificó ese traslado como un “secuestro”.

A finales de marzo, la administración Trump anunció aranceles del 25% a los países que compren petróleo a Venezuela. Desde la Casa Blanca sugirieron que tenían el objetivo de presionar a Maduro por su falta de voluntad para aceptar migrantes deportados.

Sin embargo, en paralelo, el gobierno anunció una extensión de la licencia a Chevron para operar en el país sudamericano.

En abril, Trump y Bukele se reunieron en la Casa Blanca, instancia en la que el republicano envió un mensaje hacia Caracas en relación a las sanciones impuestas por Estados Unidos: “Ellos saben lo que tienen que hacer”.

A inicios de mayo, un grupo de activistas opositores que había solicitado asilo en la Embajada de Argentina en Caracas escapó de Venezuela y llegó a Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró a través de sus redes sociales que se trató de una “operación de rescate”, en apoyo de “rehenes retenidos por el régimen de Maduro”.

Calificó al gobierno venezolano como un “régimen ilegítimo”, el cual “ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional”.

Por su parte, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, rechazó que se haya realizado una “operación de rescate” y aseguró que la salida de los asilados fue el resultado de un acuerdo entre autoridades.

En julio, Washington y Caracas realizaron un intercambio masivo de prisioneros, el cual consideró a 252 venezolanos encarcelados en El Salvador y a 10 estadounidenses.

Desde Caracas también anunciaron la llegada de un vuelo proveniente de Texas, el cual venía con ciudadanos venezolanos y algunos niños que habían sido separados de sus familias y mantenidos bajo custodia en Estados Unidos.

Días después, a finales de dicho mes, Maduro confirmó que Chevron recibió una licencia para continuar con sus operaciones en Venezuela.

En julio, el Departamento del Tesoro estadounidense catalogó al Cartel de los Soles como un grupo terrorista.

Cabe recordar que desde Washington han acusado a Maduro de ser uno de los líderes de esta organización criminal.

Desde el régimen chavista han calificado las acusaciones como “un invento”.

El 7 de agosto, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció que los departamentos de Justicia y Estado doblaron la recompensa por información que permita el arresto de Maduro, hasta llegar a 50 millones de dólares.

La autoridad describió al mandatario venezolano como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El canciller venezolano, Yván Gill, calificó la medida como “patética” y “ridícula”, además de como una “burda operación de propaganda política”.

Bondi aseguró que Estados Unidos confiscó más de 700 millones de dólares en activos a Maduro.

Posteriormente, también en agosto, se reportó que la administración Trump había ordenado el despliegue de tres buques destructores en aguas de América Latina y el Caribe, en las cercanías de las costas de Venezuela, como parte de los esfuerzos para enfrentar a los carteles de la droga latinoamericanos.

Maduro calificó las medidas de Estados Unidos como “amenazas” y anunció el despliegue de “más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional”.

“Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos. Nosotros las liberamos. Nosotros las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica”, subrayó en un discurso.

Un día después, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el presidente Trump “está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas” a Estados Unidos y “llevar a los responsables ante la Justicia”.

Junto con ello, reiteró que Washington no considera a Maduro “un presidente legítimo”.