A menos de cuatro meses de haber asumido la presidencia de Perú, José Jerí enfrenta un nuevo cuestionamiento que se suma al llamado Chifagate, donde se acusan reuniones clandestinas del mandatario con empresarios chinos.

Según información de Cuarto Poder y El País, al menos cinco mujeres habrían obtenido contratos con el Estado poco tiempo después de reunirse con el mandatario en su despacho de Palacio de Gobierno, en horarios nocturnos y días feriados.

De acuerdo con el reportaje local, las visitas, registradas oficialmente, involucraron a mujeres de entre 30 y 40 años.

¿Qué se le acusa al presidente de Perú?

Estas mujeres, días o semanas después de ingresar al despacho presidencial, accedieron a órdenes de servicio o designaciones en distintas entidades públicas, con remuneraciones que alcanzaban los 3.000 dólares mensuales.

El caso ha generado reacciones del Ejecutivo, la Contraloría y la Fiscalía, que ya abrió una investigación preliminar.

Uno de los ejemplos citados es el de una ingeniera ambiental que acudió a Palacio el 1 de noviembre cerca de las siete de la tarde y se retiró pasada la medianoche.

Veinte días después, obtuvo una orden de servicio que permitió abrir una plaza para ella en EsSalud y, una semana más tarde, fue contratada por el Ministerio del Ambiente.

Según Cuarto Poder, la profesional no asistió sola, sino acompañada de otra mujer que posteriormente fue requerida por el despacho presidencial para prestar servicios de comunicación interna.

Tras la difusión de las visitas, ambas renunciaron a sus cargos.

En un oficio, la ingeniera señaló que cumplía con las credenciales exigidas y que había sido “objeto de una injusta exposición pública que ha incluido insinuaciones de carácter personal y sexual”.

En redes sociales, además, comenzaron a circular fotografías de ambas junto a Jerí, previas a su llegada a la presidencia y durante su ceremonia de toma de posesión.

Las otras personas involucradas, según el reportaje, son dos abogadas y una asesora en asuntos internacionales.

Reacciones a las acusaciones

La reacción inicial del Ejecutivo fue rechazar las acusaciones y advertir posibles acciones legales contra los medios por un uso “malintencionado” de la información.

Sin embargo, horas después Presidencia retiró ese comunicado y lo reemplazó por otro, en el que afirmó que todos los procesos de contratación se realizaron conforme a la ley, sin incluir la amenaza judicial.

El caso escaló rápidamente a los organismos de control y la Contraloría solicitó antecedentes al despacho presidencial y a dos ministerios sobre los contratos otorgados.

Mientras que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación preliminar por un eventual delito contra la administración pública.

Si se detectan irregularidades o un posible direccionamiento indebido, el expediente podría llegar al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

A esto se suman nuevas revelaciones. El programa Beto a Saber informó sobre otras 14 mujeres vinculadas al entorno del mandatario que habrían sido contratadas sin cumplir con el perfil técnico requerido.

Asimismo, el periodista Alonso Ramos denunció una visita prolongada ocurrida el 31 de octubre, en la que una ex asesora de Jerí ingresó a Palacio a las cinco de la tarde y se retiró a la mañana siguiente.

Posteriormente, la involucrada fue contratada por el Ejecutivo.