SEÑOR DIRECTOR:

El 13 de enero se entregó el veredicto por el juicio de Gustavo Gatica, el cual concluyó que, efectivamente, el autor de los disparos que dejó ciego de ambos ojos a Gustavo fue el excomandante de Carabineros, Claudio Crespo, en un contexto de brutal represión a la protesta social del 2019.

A pesar de esta certeza, el tribunal estimó que el excomandante quedaba absuelto, aplicando la Ley “Naín-Retamal”, aprobada en abril de 2023 por el actual Congreso y el gobierno, en lo relacionado a la exigencia de “incumplimiento de reglamentos internos” para que se configure el delito de apremios ilegítimos y en lo referente a la aplicación de legítima defensa privilegiada en favor del acusado,

Desde Amnistía Internacional Chile lo advertimos en 2023: la causal de “legítima defensa privilegiada” podía limitar el ejercicio de las garantías judiciales para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y así sucedió en el caso de Gustavo. Esta normativa es ambigua y privilegia la interpretación subjetiva del funcionario involucrado en los hechos validando un uso desproporcionado de la fuerza y generando abusos e impunidad.

Dijimos después del estallido social que se requería una regulación legal del uso de la fuerza con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de una reforma profunda a las policías. No sólo no ocurrió eso, sino que se aprobaron normativas que ponen aún más en riesgo el derecho a manifestarse en Chile, dejando el derecho a la protesta en una situación más vulnerable aún que en el 2019.

Amnistía Internacional seguirá vigilante: la seguridad nos importa –de más está decirlo– pero no puede defenderse a costa de retrocesos en derechos humanos. Chile no puede acostumbrarse a la impunidad.

Rodrigo Bustos Bottai

Director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile