Enorme desconcierto ha producido la noticia de que uno de los presuntos sicarios que fueron detenidos en el marco del asesinato de un empresario del barrio Meiggs, fue dejado en libertad 24 horas después de que fue determinada su prisión preventiva por parte del Octavo Juzgado de Garantía. Los tres detenidos son ciudadanos venezolanos en situación irregular, altamente peligrosos, lo que acrecienta la gravedad de que uno de ellos hoy esté prófugo. Insólitamente, la liberación del sujeto -a quien se atribuyen vinculaciones con el Tren de Aragua- habría sido producto de instrucciones equívocas por parte del propio tribunal, pero aun así las circunstancias que han llevado a este desenlace requieren ser aclaradas con prontitud, para despejar que no estamos frente a posibles hechos constitutivos de corrupción.

Al desmenuzar cómo fue que se produjo semejante aberración, por de pronto hay una evidente responsabilidad en la jueza del tribunal, la cual dictó sucesivas instrucciones que desencadenaron una cadena de errores. Luego de haber dictado la respectiva orden de prisión preventiva, el tribunal emitió una siguiente instrucción en la cual dejaba sin efecto la prisión preventiva del sujeto que fue liberado, para luego emitir una tercera donde repone la prisión preventiva. Según explicó la propia jueza -quien descartó cualquier acto irregular-, fue necesario rectificar la orden de prisión preventiva original pues esta contenía errores en la identificación del sujeto ahora fugado. Lo que resulta inexplicable es por qué fue necesario dictar otras dos instrucciones, donde en la segunda se dejó sin efecto la prisión preventiva, cuando bastaba con haber emitido una segunda instrucción donde se indicara que se rectificaba una identidad, manteniendo las medidas cautelares.

Si bien estas tres instrucciones fueron emitidas por la jueza con minutos de diferencia, Gendarmería ha explicado que estas instrucciones fueron recibidas el 9 de julio a las 20:28, donde se decretaba la prisión preventiva -que se hizo efectiva-, para luego, el 10 de julio a las 12:11, recibir una nueva orden en que dejó sin efecto la instrucción anterior, ordenando la libertad del imputado, lo que se concreta ese día a las 20:40 horas. A las 14:13 Gendarmería indica que recibió una nueva comunicación desde dicho tribunal, sin ninguna instrucción que rectificara la orden anterior y donde se establecía la libertad del imputado.

Fundamental resulta despejar por qué según la versión de Gendarmería no recibió la tercera instrucción del tribunal, porque de haber sido recepcionada a tiempo el imputado no habría sido liberado. La investigación penal que ha iniciado el Ministerio Público y el sumario que ha abierto el Poder Judicial deben precisar con claridad la responsabilidad que pueda caber tanto al tribunal como a Gendarmería.

A la luz de los múltiples casos de corrupción que han sacudido al país en el último tiempo -donde personal policial, de Gendarmería, del sistema judicial y de las Fuerzas Armadas también se han visto involucrados- hay una enorme sensibilidad ciudadana sobre el riesgo de que el crimen organizado permee las instituciones. Si finalmente se confirma que este fiasco fue el producto de una cadena de errores, deben adoptarse medidas correctivas urgentes, materia que ayer fue abordada en la reunión de emergencia que tuvo lugar entre la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, donde cuando menos cabe esperar que las causas relacionadas con el crimen organizado tengan resguardos adicionales.