El silencioso trabajo de la Presidencia en contenidos constitucionales: ¿Hasta dónde puede involucrarse Piñera?

Foto: Patricio Fuentes

Detrás del controversial “decálogo” de lo que el Presidente quiere ver en una nueva Constitución -y que le ha costado críticas de la oposición por interferir en el proceso- el Segundo Piso trabaja nutriéndolo de contenidos, en base a revisar una serie de documentos. Otra cosa es qué hará el mandatario con eso, porque entre entendidos calibran si podrá o no proponerlo a la constituyente, como dijo en agosto. En Palacio dicen que no lo hará.




Tenemos preparado un proyecto de reforma constitucional, que tendrá que ser presentado a la convención constituyente, si ese es el camino elegido, o al Congreso si ese es el camino elegido. El resultado final es lograr un acuerdo que nos permita perfeccionar, modificar, modernizar o cambiar la Constitución. Lo que yo sí creo, es que el camino de la hoja en blanco no es el mejor camino para Chile”.

Esto lo dijo el Presidente Sebastián Piñera el 23 de agosto en una entrevista a La Tercera Domingo y la frase en negritas ahora instala dudas respecto de la apuesta que está haciendo para influir después del plebiscito del 25 de octubre, de ganar el “Apruebo”. Con el debate abierto a partir del “decálogo” en que por tercera vez proclamó qué quiere ver en una nueva Constitución, la pregunta que circula en Chile Vamos es hasta dónde podrá intervenir La Moneda en un proceso que estará radicado en el futuro órgano constituyente y no en el Ejecutivo.

Y es que esta vez no pretende quedarse al margen, como en noviembre. Detrás del listado de diez puntos de contenidos y tres páginas que le envió a sus ministros la semana pasada -y que ha sido defendido a rajatabla por ellos-, el mandatario tiene a su gente trabajando en contenidos. Por orden suya, en el staff de asesores del Segundo Piso hay un grupo que está elaborando material para nutrir al gobernante en cualquiera sea el rol que quiera jugar en todo esto.

Hasta donde se sabe, el equipo lo encabeza el jefe de asesores presidenciales Cristián Larroulet y el abogado asesor de ese equipo Felipe Hübner. También participa el abogado constitucionalista y consejero del Consejo de Defensa del Estado Sebastián Soto, quien ya el 2018 había sido fichado para encargarse de elaborar una refoma acotada a la Ley de Leyes (el programa de gobierno estipulaba modificaciones). También cuentan también con el apoyo de juristas externos a La Moneda.

En Palacio y entre quienes saben de esto, algunas versiones sostienen que están en esto desde fines del año pasado, cuando Piñera les pidió levantar insumos para el debate. Entonces, el Presidente solicitó revisar y estudiar diversos documentos y textos, algunos de los cuales le habrían sido útiles cuando promulgó en diciembre la ley que habilitó el proceso constituyente. Esa vez fue una de las primeras en las que listó los asuntos que quiere ver en una nueva Carta Magna, y lo volvió a hacer en enero pasado, en una -por estos días- recordada intervención en Enade.

Desde entonces hasta ahora, dicho equipo ha trabajado teniendo a la vista otras constituciones, el proyecto enviado al final del segundo gobierno de Michelle Bachelet, la Propuesta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Chile Vamos (con que una parte del sector, entonces en la oposición y con el senador RN Alberto Espina a la cabeza, intentó salir al paso de dicha administración), y documentos como Debate Constitucional: Preguntas y Respuestas para la Discusión (2016), firmado por el mismo Sebastián Soto y Andrés Sotomayor.

La versión extraoficial del gobierno es que esta labor “no se ha detenido” desde entonces (aunque otros conocedores advierten que es más bien un esfuerzo para validar el rol de Piñera) y que estos insumos “son solo y exclusivamente para el Presidente”. Es decir -subrayan allá- que no está pensado para alimentar el trabajo de los partidos de gobierno ni para sus centros de estudio, que están en un proceso paralelo.

Y acá esta el punto. En el corazón del gobierno son tajantes en aclarar que este trabajo (que se hace en forma encapsulada en el sentido de que, por ejemplo, nada de esto ha sido compartido con Chile Vamos) no tiene por destino que Piñera lo haga llegar al futuro órgano constituyente y así tener parte en esa discusión. El argumento, insisten, es que en democracia ese trabajo es exclusivo de quienes sean delegados de dicha convención.

¿Qué tiene que ver esto con la frase presidencial de “tenemos preparado un proyecto de reforma constitucional, que tendrá que ser presentado a la convención constituyente”? De momento eso no lo han aclarado en el Ejecutivo. Pero algunos especialistas que conocen esto hacen ver que la apuesta del mandatario tiene límites claros, porque es atribución exclusiva de la constituyente generar sus contenidos y no del gobierno.

La complicación adicional es que esto ocurre mientras parte de la derecha ha estado empujando al gobierno y al Presidente a tomar una posición ante el plebiscito y que se involucre en esto. Pero como no puede decir qué va a votar, ha optado por entrar a la cancha de los “mínimos comunes”.

Y como el partido de fondo se juega el próximo año, en el oficialismo hay entendidos en esta materia que hacen ver que el Presidente estaría decidido a involucrarse en este proceso por otra razón más. Porque se lee que su papel bien podría colisionar con el de Joaquín Lavín, cuya campaña presidencial 2021 tendrá necesariamente que incluirá su visión sobre la próxima Constitución.

Con el alcalde distanciado de Piñera y del gobierno y cuadrado con el “Apruebo”, la pregunta que se hacen en el sector es cuánto del “decálogo” y de lo que hay detrás de éste será o no compartido por un aspirante a sucederlo que se ha proclamado “socialdemócrata” y que no quiere mantener todos los aspectos del Estado subsidiario, pero sí garantizar derechos sociales.

Lavín eligió ayer lunes (¿coincidencia?), al día siguiente que se conocieran los diez puntos del Presidente, para emplazar a su sector a que lo apoye en su idea de sumar a gente de otros sectores políticos a un eventual gobierno transversal.

Dónde están los límites

¿Puede elaborar contenidos por su cuenta?

En La Moneda y en Chile Vamos, tras las críticas que el decálogo despertó en la oposición, defendieron el hecho de que el Presidente elabore y presente los contenidos que, en su opinión, deben estar en una nueva Constitución. “Es evidentemente una respuesta de censura”, dijo ayer el exsubsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, mientras que el ministro del Interior, Víctor Pérez, afirmó “que alguien proponga ideas es criticado y acusado de intromisión y, por el otro lado, no conozcamos ideas, a mí me parece que es algo bastante absurdo”.

“Podría hacerlo como un actor más, pero la verdad es que formalmente la competencia le pertenece al órgano constituyente”, advierte abogado constitucionalista Luis Cordero. En este punto hace ver que el mandatario “cometió un error cuando dijo que iba a presentar un proyecto propio a la constituyente, porque ésta no opera como un órgano legislativo; las reglas procedimentales de la constituyente solo serán definidas por ella” (en el incierto asunto del reglamento que habrá de consensuar y dictar apenas comience a sesionar), sostiene.

Y ahí están los limites -y ahí podría estar el problema- de lo que está haciendo La Moneda, recalca Cordero. “En rigor, dado que el Ejecutivo no tiene ninguna competencia constituyente, no podría destinar recursos públicos ni equipos para eso”, detalla. Acá un zoom: el futuro órgano sí podría pedirles su opinión a entidades como el Banco Central, la Contraloría o el Poder Judicial -como ocurre con las comisiones del Congreso- pero “tengo la impresión de que sería muy difícil que el Presidente pueda hacer eso”.

¿Por qué? Según el abogado, el gobernante “tiene que garantizar la neutralidad del proceso” y que en éste “tiene un solo rol: él convoca la plebiscito; producido éste y la elección de convencionales en abril, él convoca a que comience a funcionar el órgano, pero no tiene más papel que eso”. Por estas razones, dice, “estar promoviendo ideas en concreto de lo que cree que tiene que tener la Constitución lo expone innecesariamente a que no garantice la imparcialidad que tiene que proveerle al proceso”.

Pero en su sector defienden lo que está haciendo, como dijo ayer la jefa UDI JVR: “El Presidente tiene el deber de unir a nuestro sector en épocas súper complejas para el futuro, y en los temas de fondo no tenemos ninguna diferencia: son esos principios con los que ganó la elección. Por lo mismo, para poder defenderlos y enarbolarlos, lo que hace él es buscar lo que une y no lo que divide. No tendría ningún sentido que no se involucrara”.

Y además hoy el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, apoyó que se sinceren los contenidos, diciendo en radio Duna que “quiero saber qué quiere un señor, qué quiere otro, una ONG, un partido. Hoy es un deber de quienes están haciendo campaña, muy legítimamente por una u otra opción, que digan qué quieren hacer”.

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