La prescindencia ahora entra al radar de la fiscalía: abren causa penal por presunto uso de recursos del gobierno en impresión de la nueva Constitución

El Ministerio Público indaga el presunto delito de malversación de caudales públicos, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogiera a tramitación una querella por la impresión de más de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución con fondos que superan los $ 400 millones. La acción judicial fue presentada por el diputado Juan Irarrázaval (PR).


La prescindencia del gobierno frente al plebiscito de salida suma dos aristas: la que está en Contraloría, desde donde se dispusieron dos abogados del ente fiscalizador en el Palacio de La Moneda para fiscalizar el uso de recursos en la campaña “Hagamos Historia”; y la hebra más política, con diputados de oposición presionando desde el Congreso para que el Ejecutivo decline participar de todo lo relativo a la elección del 4 de septiembre en que se someterá a votación la propuesta de texto para una nueva Constitución.

Sin embargo, ahora, apareció una tercera arista que hace más compleja la situación para el Ejecutivo para La Moneda, especialmente para el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson: la arena penal. Esto, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible una querella presentada por el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, y visada por la encargada de fiscalización del conglomerado, Josefina Soto -a cargo de Yo te Fiscalizo, sitio web- por el presunto delito de malversación de caudales públicos en la impresión de más de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución con fondos que superan los $ 400 millones. “Respecto de las diligencias, resolverá el fiscal asignado al caso”, dice el libelo emanado del tribunal.

Según se consigna en la querella, la Segpres “puede utilizar y disponer de recursos sólo para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional. Cuando se contrató la referida impresión, la Convención Constitucional ya no existía, toda vez que con fecha 04 de julio de 2022 había sido declarada disuelta, por ende no es un gasto para su funcionamiento”.

Sin embargo, en el texto se consiga que fue el 21 de julio de 2022 cuando se dictó la resolución exenta Nº 664 suscrita por la subsecretaria Macarena Lobos. Allí se autorizó “la contratación directa por un monto de $ 444.615.384.” para “Impresión y distribución del texto de la propuesta de Nueva Constitución”. Todo fue encargado al proveedor Sistemas Gráficos Quilicura S.A.

De acuerdo a lo expuesto en la acción judicial, más allá de cuestionar el trato directo para el trabajo, y no llamarlo a licitación, esta labor “no se encuentra autorizada por la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022″.

Aunque la querella es contra todos quienes resulten responsables del delito de malversación, el documento apunta directamente hacia el ministro Jackson -como jefe del servicio- y la subsecretaria Lobos, quienes ya habían sido cuestionados por la impresión de estos ejemplares. Sin embargo, la vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), desafió a quienes criticaban la medida, anunciando que incluso “esperamos imprimir más”.

El 28 de julio, la Segpres emitió un comunicado donde defendió la publicación de los textos. “Los procedimientos de licitación pública contemplan 30 días como tiempo mínimo de publicación de las bases de licitación, lo que, sumado a los tiempos de evaluación de ofertas y ejecución del servicio, impedían cumplir oportunamente la instrucción de la CC; y la imposibilidad de haber realizado previamente el llamado a licitación pública por no haber sido emitida la instrucción por parte la CC y porque antes del 4 de julio no se contaba con el texto final de la propuesta de Nueva Constitución”, dijeron.

De todas maneras, en la querella, que ya está en manos de la Fiscalía Centro Norte que debió abrir una causa penal, se detalla que “no se trata de la forma en que fue realizada la contratación, ya sea mediante trato o contratación directa o licitación (pública o privada), sino que en general la referida Ley Nº 21.395 establece una prohibición en tal sentido. La Ley correspondiente (...) no autoriza la contratación (edición) de la impresión de libros”, agregando que “los fondos (...) sólo pueden ser utilizado para el ‘funcionamiento’ de la CC”.

El diputado Irarrázaval (Republicanos) señaló a La Tercera PM que “acá ha ocurrido un delito: se malversaron fondos públicos. Habiendo una prohibición expresa de imprimir, se mandó con urgencia y a un proveedor directo. Tres faltas en una. Por lo que ahora que la querella fue acogida a trámite, nosotros vamos a insistir y agotar todas las instancias, administrativas y penales, para exigir la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados en estos actos de intervención electoral e incorrecta utilización de recursos públicos”.

Diligencias a la PDI

El fin de semana estuvo marcado por el duro dictamen de Contraloría en que apuntaba al rol del ministro Jackson en el acuerdo de reformas constitucionales entre partidos oficialistas. En la resolución del ente contralor se determinó que el titular de la Segpres no se había ajustado a la necesaria prescindencia. “Deberá tener presente las consideraciones antes expuestas en el ejercicio de sus funciones”, el cual fue interpretado como un nuevo golpe bajo a Jakson, quien no viene de buenas jornadas en su cargo. La semana anterior debió pedir disculpas por sus declaraciones en un programa de Twitch, al asegurar que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió”, expresó.

Desde Segpres señalaron que “hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de información ni hemos sido notificados. Entendemos que, dada la decisión del tribunal, el Ministerio Público tiene la obligación de abrir una investigación. Sin perjuicio de ello, desde el ministerio reiteramos que los antecedentes han sido siempre de público conocimiento y expresamos nuestra completa disposición a exponer los antecedentes, tal como lo comunicamos públicamente el 28 de julio pasado”.

Con el radar de la fiscalía puesto en el palacio de gobierno, los problemas ya no solo podrían ser políticos. Es que el Ministerio Público podría dar curso a las diligencias que se pidieron en la querella, como que se dé orden de investigar a la Brigada Anticorrupción de la PDI, se requisen documentos desde La Moneda y se pida la declaración a Jackson y sus asesores.

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