“Resultaba más onerosa para el Estado”: Empresa demanda a Carabineros por adjudicar licitación para comprar cámaras corporales

El 25 de noviembre del 2022, la Dirección de Logística de Carabineros abrió una nueva licitación para proveer a los funcionarios de la institución de cámaras corporales. Aquello, en línea con la serie de medidas anunciadas por el Ejecutivo y la policía uniformada para mejorar sus operaciones, en este caso, para tener un registro de los procedimientos.

A más de nueve meses de aquello, la licitación llegó hasta tribunales, luego de que la empresa Tecnologías Sociales Limitada, que participó en el proceso de licitación de las 1.969 cámaras, ingresara una demanda en contra de la institución uniformada. La compañía proveedora de tecnología busca ante el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP), que se impugne el proceso de compra y que consigo se detengan las últimas instancias de la licitación, acusando -entre otras cosas- que esta se le adjudicó a la oferta más cara. pese a tener “falencias” técnicas.

Pero esta no es la primera acción judicial que emprende la empresa en contra de Carabineros. Y es que, una vez iniciada la licitación, Tecnologías Sociales Limitadas presentó sus reparos ante la misma sede judicial, pero esa vez por las bases del proceso, acusando que estaban elaboradas para beneficiar a una marca de cámaras corporales, las cuales -a su juicio- tendrían deficiencias técnicas y no se ajustaría a lo que requieren los funcionarios policiales.

Para este proceso, Carabineros contaba con un presupuesto de $ 9.593.645.779 para tres años, recursos que provenían de una glosa del presupuesto 2023 para la compra de equipamiento policial.

A la espera de la resolución del TCP, el proceso siguió adelante y el 14 de agosto pasado, la licitación fue asignada a Vigatec S.A, la cual presentó una oferta por $ 8.959.872.306 para arrendar por 36 meses cámaras corporales a Carabineros. La propuesta de la compañía era $ 2 mil millones superior a lo ofertado por la empresa que hoy impugna el proceso ante la justicia.

En la resolución que entrega la licitación a Vigatec S.A., la Dirección de Logística de Carabineros aduce que la empresa Tecnologías Sociales Limitada no cumplió con algunas características técnicas. Sin embargo, dicha compañía -que propuso cámaras Axon- asegura que sí cumplía con esos requisitos y que la decisión de carabineros fue arbitraria y afectó la igualdad en el proceso.

En detalle, según Carabineros, las cámaras Axon ofrecidas por la empresa que impugna el proceso no contarían con un servicio web para conectarlo con los sistemas de la institución, además de que el formato en el que se realiza la grabación no se ajustaría a lo solicitado. Finalmente, argumentaron que la encriptación por seguridad de las imágenes no era en el estándar solicitado.

En la demanda ingresada ante el TCP, Tecnologías Sociales Limitada asegura que los equipos ofrecidos cumplían con todos esos requerimientos, por lo que hubo arbitrariedad por parte de Carabineros a la hora de designar el puntaje de evaluación de las ofertas.

“De haberse respetado lo dispuesto en las Bases de licitación, mi representada debió haber sido adjudicada, por cuanto resultaba evidentemente superior en todos los aspectos evaluados y siendo evidentemente más económica, y por lo tanto, resultando mejor para los intereses del Estado. No se entiende el motivo por el cual podría preferirse una oferta efectuada por un proveedor, que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en las bases y que, por lo demás, resultaba más onerosa para el Estado”, dice parte del texto ingresado el 16 de agosto.

La empresa también detalla en su demanda una serie de requisitos técnicos que a su juicio las cámaras Hytera -ofrecidas por la empresa que se adjudicó la licitación- no cumplen lo solicitado por Carabineros. Lo primero, es que no se ajustan con la normativa de la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), pero además sostienen que las cámaras Hytera tienen la opción de instalar memorias externas, algo que en las bases de la licitación está prohibido. Mismo caso para las baterías, las cuales pueden removerse por el usuario, según la demandante. Otro de los cuestionamientos levantados por la empresa, es la falta de almacenamiento en la nube de las imágenes.

En esa línea, la demanda sostiene que “la comisión consideró que ni siquiera se cumplió parcialmente con tal requisito, dejando a esta parte sin la posibilidad de competir en la evaluación total de puntaje, y dejando compitiendo sólo a la empresa Vigatec S.A. que certificó no tener experiencia en estas soluciones, y que no llega a cumplir con 5 experiencias internacionales -sólo presentó 4 por parte de la empresa china desarrolladora de la tecnología Hytera, dos en China, una en Ecuador y una en Uzbekistan-”, agrega el texto.

En su acción, la empresa también acusa “posibles influencias indebidas”, luego de que los representantes de la empresa se reunieron con Carabineros según lo demuestras los registros de audiencias públicas. Respecto a la Vigatec S.A., asegura que esta es “una empresa especialista en sistemas de pagos electrónicos y control de acceso a estacionamientos y edificios, que jamás ha implementado una solución de cámaras corporales”.

Finalmente, la demandante argumenta que Carabineros ha incurrido en una “afectación al principio de eficiencia”, luego de que sostiene que la propuesta de la empresa adjudicada tiene un costo de $ 2.004.125.332 por sobre su competencia. Esto y más es parte de los antecedentes que deberá revisar el Tribunal de Contrataciones Públicas, el cual ya notificó y solicitó un informe al respecto a Carabineros.

Consultados al respecto, desde Carabineros señalaron que se trata de un proceso de arriendo que está ejecutando. En esa línea, sostuvieron que “por los montos involucrados, ha debido cumplir entre otros con los controles de legalidad de bases administrativas y de adjudicación por la Contraloría General de la República”.

Además, agregan que “una de las empresas presentó un recurso de Reposición a la Resolución de Adjudicación, lo cual se encuentra en trámite de revisión y análisis para ser respondida en los plazos respectivos por el organismo técnico institucional”.