Sobre el escritorio del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, está el libro de Juan Pablo Luna En Vez del Optimismo, cuyo prólogo estuvo a cargo del actual convencional Fernando Atria. “Me gusta más esa versión de Atria”, advierte, mientras analiza el inicio de las sesiones de la Convención Constitucional.

La instancia convocó tres de los temas que Galli y el gobierno miran con preocupación: protestas, la libertad de las personas detenidas durante el estallido social y la desmilitarización en La Araucanía.

El domingo pasado se vieron imágenes de carabineros huyendo de los manifestantes que estaban en las afueras del ex Congreso: ¿La instrucción a la policía fue no repeler los ataques de los encapuchados?

Los carabineros que tú mencionas eran de comisaría, territoriales, incluso, algunos andaban con chaleco reflectante como agentes de diálogo. Por lo tanto, luego fueron sustituidos por personal de orden público, ya que había violencia, saqueo de adoquines y agresiones a funcionarios policiales.

¿Dónde está el límite entre que Carabineros aplique los protocolos y que, lisa y llanamente, escape de encapuchados?

No es el mismo personal el que tiene que proceder ante una manifestación pacífica y el personal que opera para el control del orden público mediante el uso de la fuerza. Acá el objetivo del gobierno en la sesión inaugural de la Convención Constituyente era que ningún violentista irrumpiera en ese acto, y eso lo logró Carabineros.

¿Hubo intentos para entrar?

Claro que sí. Manifestantes violentaron la carpa de acceso al patio del ex Congreso, es decir, estuvieron a media cuadra de ingresar al recinto.

¿Se detuvo a esas personas?

Hubo detenidos, pero no en ese lugar. Esa es otra lección aprendida: la detención no es un objetivo, sino que una fase más del control del orden público. Lo importante es a quién detener, no arrestar masivamente. Nosotros no detenemos para impedir las manifestaciones, sino a quienes están cometiendo delitos.

Esta semana también hubo un intento de agresión al convencional Ruggero Cozzi (RN). ¿Falló la planificación de los servicios de seguridad?

El rol del Ministerio del Interior y las policías es brindar seguridad a la convención. Eso implica el recinto donde sesionan, como también siempre estar observantes de los constitucionales. Aquí a los que hay que condenar es a los que pretenden, mediante la amenaza y la funa, amedrentar a quienes tienen que tomar las decisiones trascendentales para la Constitución.

El jueves se aprobó el texto que pide la libertad de los presos del estallido social y de los “presos políticos mapuches” desde 2001 en adelante. La presión sobre ese tema avanza por distintos flancos, ¿no temen asumir esa derrota política?

Acá hay que hacer una reflexión mayor. Hay una pérdida de confianza en todas las instituciones y creo que la convención no puede arriesgarse a caer en el mismo error. Lo que se vio el jueves era un asunto que no era el mandato que los ciudadanos le dieron, no tiene nada que ver con la nueva Constitución. Es más, la deslegitimación de las instituciones tiene dos salidas: o llevamos adelante procesos de reforma y mejora continua o retornamos la violencia como mecanismo de cambio.

¿Cree que para allá va el curso de la convención?

No, es el discurso de Fernando Atria que dice que fue la violencia la que gatilló este proceso, y yo diría que es justamente lo contrario. El proceso que lleva adelante la convención es a pesar de la violencia y gracias a que las fuerzas políticas hicieron posible una salida institucional. Además, siguiendo el discurso de otros convencionales constituyentes, pareciera que podrían justificar la muerte de un senador como inicio de esta democracia “imperfecta que teníamos antes del estallido”.

Tampoco es tan así...

Son las mismas consignas que yo escuchaba en 2011, en el caso bombas 1; incluso, algunos gritos de “libertad a los presos por luchar” se escuchaban en la audiencia de lectura de sentencia de Tamara Farías Vergara por homicidio frustrado, en 2015, cuatro años antes del estallido. Entonces, lo que está imperando en la constituyente es un grupo que reivindica una demanda del anarquismo anticarcelario.

En el Senado el proyecto de indulto a los presos del estallido sigue avanzando, ¿han usado todas las herramientas políticas para evitar que eso siga saltando etapas?

Nosotros hemos entregado nuestras observaciones a los senadores y ellos serán los encargados de votar y dirimir. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, fue bastante claro en la última Comisión de Constitución del Senado. Incluso, entregó dos argumentos que apuntan a iniciativas que han iniciado los propios legisladores de izquierda y organismos de derechos humanos. Esto es una amnistía encubierta a la que no le quieren llamar así para que no sea comparable con la Ley de Amnistía del año 78.

¿Existe la posibilidad de que lleguen a un punto de acuerdo, a un centro, donde se encuentre una posición común entre quienes quieren liberar a los presos y los que no?

Yo ahí me quedo con lo que dice la Corte Suprema: lo más preocupante de avanzar y legislar en esta materia es la afectación al principio de separación de los poderes. Ni el Legislativo ni el Ejecutivo pueden inmiscuirse en causas que están siendo conocidas por los tribunales de justicia. Y tal como lo dijo el Presidente de la República al momento de su presentación, en la eventualidad de que sea necesario un veto por parte del Presidente, él se manifestó en condiciones de así hacerlo.

Entonces, por ningún motivo el gobierno va a firmar la promulgación de esta ley...

Yo espero que los argumentos sean suficientes como para que este proyecto no avance.

¿Se usará el veto entonces?

Se usará el veto de ser necesario.

La Araucanía

¿Cómo se frena la violencia en La Araucanía siendo que fue una de las prioridades del gobierno?

Hemos potenciado la acción del Estado en tres niveles: preventivo, tener mejor información de lo que está ocurriendo, lo que significa tener información concreta de que no es un conflicto lo que tenemos en la Macrozona Sur, sino que distintos conflictos con distintos contextos. No es lo mismo la zona sur de Arauco, Metrenco, Padre Las Casas o que la Temucuicui. Segundo, reaccionar oportunamente, con mejores carros blindados y todas las capacidades de las policías, y el tercer nivel es para las víctimas. Hemos aumentado en un 60% los recursos destinados a mitigar el daño que han sufrido.

¿Será un problema eterno para el Estado?

No, no, pero hemos aumentado el número de detenidos, producto de delitos. En segundo lugar, han aumentado las acciones que hemos desarrollado, por ejemplo, en una investigación por tráfico de drogas está detenido Emilio Berkhoff; está detenido uno de los involucrados en el asesinato del cabo Eugenio Naín; están detenidos y a punto de ser enjuiciados los responsables del homicidio de comuneros mapuches en Contulmo y Cañete. Ahora, hay una reacción de parte de las mismas personas que ejercen la violencia cuando estos juicios ocurren. Esta semana una pancarta hizo alusión a un fiscal y a su familia, han atacado sucesivamente casas de carabineros en la zona sur de la provincia de Arauco y en Ercilla.

¿Cuál es la lectura de eso?

Que estamos pegando y pegando fuerte. Estos atentados están siendo dirigidos contra fiscales y los policías que están llevando adelante esa tarea investigativa.