Juan José Ossa, ministro de la Segpres: “Nuestra evaluación sobre el rol del gobierno en la convención es más positiva que negativa”

Foto: Mario Tellez / La Tercera

La autoridad defiende el rol administrativo que ha tenido su cartera en el marco de la instancia que elaborará la nueva Constitución. Asegura que no se han valorado los esfuerzos que ha hecho el gobierno en la materia y que al Ejecutivo se le pidió “mucho minimalismo y de forma muy respetuosa lo hemos aceptado, (pero) ese minimalismo genera un problema”.




“En los momentos más difíciles el Presidente bajó a esta oficina a darnos ánimo y siempre ha señalado con toda claridad que el ministro no está a cargo de conectar los cables”, dice el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, sobre las últimas dos semanas que ha tenido que enfrentar duras críticas por su gestión en el rol administrativo, técnico y financiero que tiene su cartera respecto de la Convención Constitucional.

En su oficina en La Moneda, Ossa responde a esos cuestionamientos y de la fallida primera sesión de la convención. Asegura que la evaluación del gobierno en esta materia es más positiva que negativa, desestima argumentos para una acusación constitucional en su contra y defiende la nominación de Catalina Parot como la nueva secretaria ejecutiva en la convención.

En estas dos semanas de instalación de la convención, ¿cuál es la evaluación que hace respecto del rol del gobierno?

El gobierno llevó adelante un plebiscito muy participativo, sano y ejemplar. Luego hicimos la votación en dos días para fomentar la participación, y eso, más allá de los resultados electorales, también creo que fue un buen trabajo. Se dictó el decreto que llamó a que la Convención Constitucional se hiciera el 4 de julio, ese decreto contuvo un gran acierto del Presidente y, en parte mío, que es el nombramiento de Carmen Gloria Valladares para llevar la sesión de instalación; el rol de ella es transversalmente valorado (...). Efectivamente, el día lunes no se pudo sesionar, nosotros dimos las disculpas del caso e hicimos todos los esfuerzos para que el martes en la mañana estuvieran todos los equipos disponibles y eso sucedió. En ese sentido, sin ánimo de minimizar en nada la importancia que tuvo no sesionar el lunes en la tarde, quiero destacar que eso se limitó al lunes en la tarde y que ya el martes estaban en funciones todos los equipos necesarios.

Entonces, ¿cree que el gobierno ha hecho una buena gestión?

Nuestra evaluación sobre el rol del gobierno en la convención, desde el 12 de noviembre a la fecha de hoy, es más positiva que negativa. Y, por lo siguiente: porque el día domingo era un día muy importante sobre el cual había dudas y eso se logró sacar adelante. Obviamente que lo que ocurrió el día lunes en la tarde es algo que nos dolió y hemos pedido disculpas.

¿Y cuál es su responsabilidad en el fracaso de esa primera sesión? Fue a usted a quien el Presidente le encargó la organización.

Aquí hay una responsabilidad técnica de quienes estaban a cargo de que esto funcionara, sin perjuicio de lo cual destaco lo que lograron el domingo. Y obviamente mi responsabilidad es desde que esto comenzó hasta que termine. Evaluarla por lo que ocurrió el lunes es injusto y apresurado.

¿Es solo una responsabilidad técnica, no política?

Me parece que es una responsabilidad técnica.

Se lo pregunto porque finalmente el gobierno removió a Francisco Encina, endosándole a él la responsabilidad y blindando el rol que le correspondía a usted. ¿No cree que es injusto cortar por lo más delgado?

Lo primero es que más que optado por la responsabilidad de Francisco Encina, él renunció el día uno. Segundo, más que un blindaje político, lo que me imagino entendió el Presidente es que ciertos aspectos técnicos, sobre todo si duran una tarde, con lo que no quiero minimizar la relevancia, no son parte de la gestión política.

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Usted dice que él presentó su renuncia, ¿si no lo hubiese hecho, no se la piden?

Lo que pasa es que no me imagino que Francisco Encina no hubiese presentado su renuncia. Es probable que igual se hubiesen hecho ajustes administrativos.

¿Usted hizo alguna autocrítica con el Presidente? Se decía que estaba molesto.

No, sólo recuerdo que en los momentos más difíciles el Presidente bajó a esta oficina a darnos ánimo y siempre ha señalado con toda claridad que el ministro no está a cargo de conectar los cables.

Se entiende que el ministro no está mandatado a conectar cables, pero sí a tomar decisiones cuando se producen problemas…

La decisión más importante sobre si hacer cambios en la secretaría no fue necesario que yo la tomara, porque Encina presentó su renuncia y, en segundo lugar, como ministro estoy haciendo un trabajo político relevante, desde luego, el que más tiempo me tomó fue consensuar con los miembros de la convención quién llevaba esta ceremonia, que finalmente fue Carmen Gloria Valladares, y el sistema de votación fue algo que me tomó mucho tiempo. Y muchos me escucharon como ministro decir que cuando haya que prender un botón debía funcionar todo.

¿No se justificaba su renuncia como pedían algunos sectores?

No era necesario.

Usted estuvo ausente, por ejemplo, cuando se hizo la reunión con la mesa de la convención para intentar arreglar la situación. ¿Por qué mandar a un tercero?

El lunes hubo una reunión a la cual ofrecí asistir, pero también les dije que no quiero hacer un desaire, pero tampoco ponerlos en la situación de juntarse con un ministro político en su primera reunión y ahí ellos decidieron que fuera meramente administrativa. Mi ausencia no tuvo nada que ver con que no quisiera ir.

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¿Cree, entonces, que no se justifica la acusación constitucional que se está pensando en su contra?

Es una acusación manifiestamente forzada e injusta por varias razones. Es imposible sostener que el gobierno haya boicoteado la Convención Constitucional por la forma en que llevó el plebiscito, la elección, por la forma en que logró instalarla el día domingo y en la que arregló los problemas (...). Si de buena fe alguien quiere saber lo que pasó, basta que me mande un oficio o que pida una sesión especial.

El gobierno decidió nominar a Catalina Parot en reemplazo de Encina, generando cuestionamientos. Varios dijeron que fue una especie de premio de consuelo. Más allá de las capacidades y experiencia que tiene Parot, ¿por qué no optar por un perfil independiente y más técnico?

Lo primero es que no se pueden dejar de lado sus capacidades y su trayectoria. Catalina Parot no está ahí por razones políticas. Está ahí por características propias de ella. Ha administrado servicios, fue ministra, fue presidenta del CNTV. Segundo, es una mujer muy dialogante, es una mujer muy comprensiva, que sabe oír.

Pero más allá de las capacidades de Parot, el punto son las señales que da el gobierno respecto de poner a una persona que viene de una campaña derrotada, que incluso había pedido públicamente que los partidos la ayudaran, porque había quedado con una deuda de campaña, y en un lugar en donde el sueldo, si es que se mantiene el mismo que tenía Encina, es sobre $ 7 millones, que no todo el mundo accede más allá de las capacidades que se tenga. ¿No cree que es inadecuado?

Ahí hay dos cosas. Uno, lo primero es decir que el sueldo de Catalina Parot no sale del presupuesto de la convención, sino que del presupuesto que todos los años se le entrega a la Segpres. El sueldo de Catalina Parot, que obviamente lo soñarían la inmensa mayoría de los chilenos, y eso lo digo con todas sus letras, es el sueldo muy similar de todos los jefes de división que existen en el Poder Ejecutivo.

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La verdad es que las declaraciones de parte de miembros de la convención están dentro del marco de su derecho a opinar.

¿Pero el gobierno no va a echar pie atrás en su decisión?

A nosotros nos parece que la designación es correcta y naturalmente no vamos a echar pie atrás por el hecho de que a miembros de la convención no les parezca apropiado, por legítimo que sea.

Usted dice que hay cosas que no se le reconocen al gobierno, ¿cree que hay un afán por sobredimensionar sus errores?

No es que yo reproche que no se valore el rol de Carmen Gloria Valladares, creo que no se valora lo que significó traer a 155 personas, no se valora lo que significó una resolución sanitaria que permitió que se juntaran, no se valora el éxito que tuvo al elegir una presidenta y un vicepresidente mediante un sistema de votación ideado por el gobierno, y no se valora lo que ha ocurrido después. Y en esto quiero hacer la siguiente reflexión: al gobierno se le pidió mucho minimalismo y el gobierno de forma muy respetuosa aceptó ese minimalismo, y ese minimalismo genera un problema. Y en esto tal vez todos tenemos una reflexión que hacer, un minimalismo que significa al final que una vez que se instala la convención sigue habiendo muchas cosas pendientes que el gobierno no puede resolver y, sin embargo, ellos echan de menos algunas cosas. Por eso, entendiendo que es un problema un poco estructural de lo que se necesita, nosotros mediante un oficio enviado a la mesa les pedimos que exista una instancia bisemanal, además de los contactos diarios, para ir viendo esos temas bien.

¿Ustedes ven con preocupación los pronunciamientos que ha tenido la convención al levantar ciertos temas, por ejemplo, su primera declaración a favor de promover una amnistía a los presos del estallido social?

Lo primero es decir que nosotros tenemos que ser, somos y vamos a ser prescindentes de la deliberación en la convención. Eso no obsta a que nuestro deseo es el mismo de la inmensa mayoría de los chilenos, que es que la convención constitucional redacte y apruebe una propuesta de nueva Constitución sujeta a la ratificación de los chilenos. Y, en ese sentido, somos partidarios de que comience luego el proceso de deliberación, de elaboración del reglamento. Pero respecto del contenido de lo que se haga, obviamente nosotros vamos a ser respetuosos. Cosa distinta es que nosotros como gobierno, más allá de lo que ha dicho la convención y, de hecho, en forma muy previa a esas declaraciones, hemos dicho que en Chile no existen los presos políticos, hemos dicho que no estamos de acuerdo con esos proyectos de ley. Pero esa es una opinión, de hecho, previa.

¿El gobierno ha tomado una decisión respecto de no opinar lo que está pasando en la convención para no tensionar ese tema? ¿Va a ser una constante o no hay una definición al respecto?

Hemos visto una constante consistente en el respeto logrado de autonomía de la convención. Y eso no es una decisión que estemos adoptando ahora fruto de cómo está funcionando, es una decisión que se adoptó desde el día uno, porque además no es una decisión a la que podamos optar. Es nuestro deber respetar esos grados. Y respecto de los contenidos, también hemos dicho que todo el mundo sabe los márgenes dentro de los cuales se mueve nuestra forma de ver lo que creemos que es mejor para Chile. Tenemos una cosmovisión determinada. Entonces, la verdad es que respecto de los contenidos, nuestra opinión es bastante conocida, pero corresponde que cada uno de los miembros de la convención las vaya materializando.

¿El gobierno decidió tener un rol secundario en cómo avance la discusión en la convención?

He sido es muy claro en confirmar lo que hemos dicho desde un principio. Nosotros no es que hemos tomado una decisión de no influir en los contenidos. Nosotros no pretendemos excedernos, más allá de lo que nos mandata la Constitución, y vamos a respetar los grados de independencia de la convención. Si somos considerados, invitados para hablar sobre los contenidos, bueno, eso lo verán los miembros de la convención constitucional, y obviamente estaremos interesados en darlos.

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