Luis Bates, exministro de Justicia: “Rechazo porque al Poder Judicial se le da la función de un servicio público más, y no la de un Poder”

Para el exministro de Justicia del gobierno del exPresidente Ricardo Lagos y actual director del Centro de Educación Ciudadana de la USS, Luis Bates, de aprobarse la propuesta de nueva Constitución hay riesgo de que la Justicia pierda la independencia que requiere para actuar. A su juicio, se pasaría a llevar la misión que tiene una Carta Magna respecto de unir a la ciudadanía. Por eso lo tilda de “un mal cambio”.

¿Aprueba o rechaza?

Es muy fácil decir apruebo o rechazo, pero yo creo que lo importante es el grado de información y conocimiento con que se emita esa respuesta. Yo me inclino por el Rechazo, porque me preocupa, como aspecto general, la excesiva extensión del proyecto. Se comprueba de su lectura lo que llamo un palabrismo exagerado. Hay mucha retórica y a eso se agrega un rasgo cultural nuestro que es el excesivo legalismo. Y no lo digo yo, lo dice el escritor Mario Vargas Llosa. Todo tiene que resolverse por ley, incluso estamos debatiendo la reforma de un proyecto de Constitución que todavía no se aprueba.

¿Cuáles son los efectos que podría tener ello?

Si tomas el exceso de palabrismo, el exceso de legalismo, esto produce efectos que hacen olvidar cosas elementales, como que la Constitución es, por definición, una ley superior. En mi opinión, debería ser una Constitución más restrictiva, más breve.

Algo que me preocupa enormemente es que se piensa que con la sola estructuración de las palabras en la Constitución, los temas van a quedar resueltos mecánicamente, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Se necesita, por supuesto, ideas, el pensamiento, pero otra cosa es la ejecución, los recursos que se necesitan. Hay más de 200 leyes que van a tener que dictarse. Es todo un devenir, pero la Constitución tiene que tener estabilidad. Esto va a terminar dividiendo a la ciudadanía.

Con la propuesta se cambia el nombre de Poder Judicial a Sistemas de Justicia, mientras que se conservó el nombre al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. ¿Cómo interpreta eso?

Eliminaron el nombre del Poder Judicial y eso para mí tiene un significado muy extenso. ¿Cuál es la función de los jueces? Resolver conflictos humanos individuales y colectivos. Esa es la función que hace que tenga el nombre de poder y que equivalga al que tiene el Legislativo y el Ejecutivo. Cuando usted le saca el nombre al Poder Judicial, aunque se lo reponga, a todo lo que viene después respecto de la justicia se le da una función de un servicio público más y no de un poder del Estado.

¿Se necesitaba un cambio en el Poder Judicial?

Este es un mal cambio. El Poder Judicial tiene una historia en Chile desde siglos, y yo creo que ha sido profesional, ha sido independiente y goza de cierta confianza ciudadana. Los jueces conocen desde adentro todo el funcionamiento del sistema judicial, todos los componentes que inciden en sus fallos judiciales, ellos saben cómo es el trabajo de la institución que colabora con la justicia. Conocen sus fortalezas, pero también sus debilidades, que las tiene. Por supuesto que había que hacer reformas y mejoras al Poder Judicial, y por eso la integración de Consejo de Justicia debería ser de una mayoría sustancial de jueces. Eso no ocurre, por lo que podemos decir que razonablemente con esta propuesta se afecta la independencia de los jueces.

El oficialismo se comprometió con que el Consejo esté compuesto por mayoría de jueces. ¿Aun así cree que es un riesgo?

Exacto. Primero está la integración, a mi juicio mal hecha, pero también se le da la facultad de revisar periódicamente y en audiencias públicas la gestión y el quehacer de los tribunales del país. Se hace un alcance y dicen que eso es sin revisar las decisiones judiciales, pero eso es una ingenuidad, porque por la naturaleza de la función de los jueces, todo el mundo trata de influir de alguna manera en sus decisiones.

Aunque la propuesta de nueva Constitución dice que el Consejo de Justicia no revisará los fallos, igualmente se recalca en el acuerdo oficialista. ¿Hay desconfianza?

Lo veo como una especie de ingenuidad, por la naturaleza de la función de los jueces, las presiones vienen de todas partes, para qué decir del mundo político. Cuando algún político está involucrado en una investigación, lo primero que dicen es que es una persecución política. Dependiendo de la naturaleza del conflicto, hay muchas maneras sutiles de presionar a los jueces y me parece que es un poco una ingenuidad.

Se ha insistido en que tribunales indígenas no deben revisar materias penales. ¿Cuán importante considera ese aspecto?

Reconozco la importancia que tienen los pueblos originarios. Eso está fuera de toda duda. Pero esa relevancia está en una ley de la República actualmente vigente sobre el tema indígena, la Ley 19.253. Ella puede mejorarse en muchos aspectos, y no sé si la Convención hizo un estudio evaluativo de cómo se ha aplicado esa ley, qué limitaciones o fortalezas tiene.

El tema indígena es muy importante, pero no para darle el nivel que se le dio. Se le puede abordar con un mejoramiento de la ley actual, sin necesidad de partir el país en dos. Imagínese el país con la justicia indígena funcionando. Yo no me imagino el cúmulo de conflictos de interpretación de leyes. Tanto es así, que la Convención entiende que va a haber problemas de competencia de tribunales y se adelanta y tiene una norma que dice que la Corte Suprema debe tener una sala para conocer de tales conflictos. Los tribunales en Chile están completamente sobrecargados, y si a eso se van a agregar estos problemas de interpretación legal, imagínese.

¿Cuál es su interpretación de lo que debe pasar el 5 de septiembre?

Yo estoy de acuerdo con la idea de la nueva Convención, pero una que recoja los aprendizajes de los errores que cometió la que escribió este texto, porque si no, es repetir lo mismo. Tiene que ser, entre otras cosas, una Convención más sobria, más restringida.