El reciente anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el cierre de El Helicoide vuelve a poner en el centro de la atención a uno de los recintos más controvertidos del país. Ubicada en Caracas y concebida en la década de 1950 como un moderno centro comercial, terminó convertida en un lugar de reclusión señalado por denuncias de torturas y detenciones políticas, según informes de organizaciones de derechos humanos.

La noticia se produce tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de Rodríguez como presidenta interina, lo que ha intensificado presiones externas, incluida la de Donald Trump reclamando el cierre de instalaciones asociadas a violaciones de derechos humanos en Caracas. El gobierno ha defendido que la decisión responde tanto a esos reclamos como a su propio plan de reformas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró esta semana que exigen a Caracas informes diarios y que están controlando incluso los presupuestos.

Rodríguez también informó que el edificio será transformado en un centro social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades vecinas.

De utopía arquitectónica a símbolo de represión

El Helicoide fue concebido en la década de 1950 como un centro comercial futurista, diseñado con forma helicoidal y rampas en espiral para que los visitantes pudieran recorrerlo en automóvil, con tiendas, hotel, helipuerto y espacios de ocio. Sin embargo, el proyecto quedó inconcluso y nunca cumplió su propósito original, transformándose con el tiempo en sede de organismos de seguridad del Estado.

Ubicado en el centro de la capital venezolana, la estructura pasó a albergar oficinas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), así como áreas de detención.

Bajo esta función, se ha ganado la reputación de ser uno de los centros de represión más notorios del país, señalado en informes de derechos humanos por condiciones de aislamiento, tortura y malos tratos a presos —particularmente a disidentes políticos— y por ser símbolo de violaciones sistemáticas en el sistema de justicia penal venezolano.

El activista de derechos humanos Lorent Saleh, quien estuvo detenido allí durante cuatro años tras participar en las protestas de 2014, describió el lugar como un espacio marcado por la depravación, la extorsión y el hacinamiento.

En una entrevista con El Mundo tras su liberación, relató: “Era ruido, mugre, hacinamiento, depravación. Presos políticos y opositores se mezclaban con presuntos corruptos y con 200 presos comunes (…) El Helicoide es la pura expresión del Estado mafioso. Ahí reina la extorsión, sobre todo económica. A niveles que nadie es capaz de imaginar”

Organizaciones como Foro Penal y mecanismos investigativos de la ONU han documentado la existencia de presuntas “salas de tortura” y detenciones arbitrarias en el lugar, describiendo situaciones de incomunicación y abusos severos.

El anuncio sobre El Helicoide coincide con la intención del gobierno de promover una ley de amnistía general y con recientes liberaciones. El 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó la excarcelación de un número no precisado de personas. Hasta ahora, Foro Penal ha confirmado la liberación de 302 detenidos, aunque sostiene que en el país aún hay 711 presos políticos.