Tras más de dos años, la sala 201 del edificio C del Centro de Justicia fue por última vez el escenario del juicio del caso de financiamiento ilegal de la política, SQM. En la jornada 560 de la instancia que empezó el 13 de febrero de 2023, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago resolvió absolver a los ocho acusados en la causa que comenzó el 2015.

En un contundente fallo dos a uno, las juezas María Teresa Barrientos (presidenta), Claudia Santos y Carolina Paredes -voto en contra- llegaron a la convicción de que la Fiscalía Regional de Valparaíso no logró acreditar los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios en contra del exsenador de la UDI Pablo Longueira, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) y el exgerente general de SQM Patricio Contesse.

La misma resolución que tomaron para Carmen Valdivieso, exasesora de Longueira; Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI; Cristián Warner, exsecretario general del PRO y asesor de ME-O; Roberto León Araya, hijo del exdiputado, y Marcelo Rozas, asesor e histórico militante de la DC.

Dicho veredicto, que fue comunicado por la magistrada Barrientos por más de una hora, estuvo precedido por una caótica llegada de los acusados al Centro de Justicia. Al igual que la jornada del martes, Longueira y el resto de los acusados ingresaron por el estacionamiento, aunque a diferencia de otros días, el exsenador estaba acompañado masivamente por su familia y amigos, entre los que destacaba el exministro del Interior Víctor Pérez (UDI).

En el escenario contrario, ME-O ingresó por el frontis del tribunal en la Avenida Pedro Montt, donde se había convocado a un gran número de adherentes, en un cuidadoso despliegue con banderas y pancartas. En todo momento durante su ingreso, el candidato presidencial estuvo acompañado por un equipo de filmación.

Aquello fue el inicio de una jornada que estaría marcada por abrazos, aplausos y emoción de parte de los imputados de un caso en cuyo juicio se presentaron 219 testigos, más de 14 mil documentos como pruebas y se realizaron más de 500 audiencias.

La causa comenzó a finales de 2014 y en todo este periodo fallecieron 13 testigos. Mismo tiempo en el que el Ministerio Público usó más de dos mil millones de pesos, fiscales con dedicación exclusiva y más de una decena de persecutores pasaron por la indagatoria.

Un saldo que eleva a este caso como uno de los más largos de la historia desde la puesta en marcha de la reforma procesal penal, lo que también fue citado durante el veredicto.

El fracaso de una tesis

El veredicto de las juezas simboliza un fuerte golpe al Ministerio Público y a la tesis investigativa que levantaron hace más de una década exfiscales como Carlos Gajardo.

Este veredicto confirmó que, por el momento, ningún tribunal ha acreditado la arista sostenida por la Fiscalía de que el uso de boletas falsas, entregadas a parlamentarios o dirigentes políticos, constituyera un delito tributario con la existencia del dolo directo para lesionar el patrimonio fiscal. Esta posibilidad ya se había asomado cuando en 2017 la Corte Suprema desaforó el senador Iván Moreira (UDI).

Ahí ya hubo señales de que al menos ocho supremos estimaban que no se daban los requisitos para hablar de delito tributario. En ese momento el defensor de Moreira, el abogado Gabriel Zaliasnik, comentó: “Le será difícil a la Fiscalía sacar cuentas alegres. Es la primera vez que el máximo tribunal se pronuncia sobre la tesis que por años ha sostenido el Ministerio Público y dicha tesis parece desmoronarse”.

Una frase que adquiere sentido varios años después. Lo mismo pasó incluso con el sobreseimiento por parte de la Suprema del exsenador Fulvio Rossi, también vinculado al caso SQM.

El asunto se vuelve especialmente remecedor para la Fiscalía, ya que se pone en cuestionamiento la capacidad de los persecutores para llevar adelante casos complejos y conseguir el estándar suficiente para lograr condenas en juicio oral y no solo protagonizar vistosas audiencias de formalización.

Desde el comienzo de la lectura del veredicto, y en todos los puntos de las 30 páginas que tiene la resolución, las magistradas apuntaron a la investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso, encabezada por la persecutora Claudia Perivancich, y cuestionaron la indagatoria en la que se presentó la acusación en 2018.

Al inicio de su veredicto, según leyó Barrientos, se apuntó a que en este caso se presentaron más de 14 mil documentos como prueba, “sorprendiendo que varios de los instrumentos ofrecidos se encontraban repetidos o contenidos de manera más genérica en los distintos medios de prueba”.

El tema de las pruebas fue uno de los puntos centrales que permitieron al tribunal arribar, según se expuso, a la conclusión absolutoria. Según afirmó la magistrada, la repetición de estos documentos “reveló un actuar poco prolijo y diligente del ente persecutor al ofrecer rendir la prueba”.

Ejemplo de aquello, agregaron, es que en algunos de los hechos de la acusación presentada por la Fiscalía en contra de Contesse “se enumeran personas que no figuran como acusados en el presente juicio, y respecto de los cuales no se ha dictado sentencia condenatoria por estos hechos”. En esa línea, se falló que “la persecución penal se agotó por haberse rechazado la solicitud de desafuero por los tribunales superiores de justicia (...) evidenciándose un claro riesgo generado por los términos en que se formuló la acusación de extenderse a puntos cuyo pronunciamiento está vedado”.

En el fallo también se abordó la acusación de la emisión de boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas que fueron ingresadas a la contabilidad de SQM y que a juicio del ente persecutor demostraban el financiamiento ilegal de la política. “Las probanzas resultaron insuficientes para tener por establecido, más allá de toda duda razonable, que se trató de documentos ideológicamente falsos”, agrega la resolución.

“Las precedentes reflexiones conllevan a sostener que estas juzgadoras no pueden suplir deficiencias en las propuestas tácticas de la acusación de los órganos estatales, representadas por el Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos (SII) y Consejo de Defensa Estado (CDE), así como de la fundación Ciudadano Inteligente”, planteó la magistrada. Esta última fundación era querellante en el caso.

En esta parte, el tribunal apuntó directamente también al actuar del SII, el que no presentó querella en contra de algunos imputados del caso, lo que a juicio de las magistradas constituyó una desigualdad ante la ley.

Un caso que vulneró derechos

Además de las cuestionadas pruebas, gran parte del veredicto estuvo centrado en reprochar la extensión del caso que comenzó como una arista del caso Penta en 2014, formalizado un año después y el que tuvo diferentes términos para más de 30 imputados, llevando a juicio sólo a ocho en 2023.

Para el tribunal, los 11 años que ha tomado la causa demuestra que en este caso “existe una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que afecta a todos los acusados, siendo la única forma de subsanar tal afectación e impedir que se perpetúe es la adopción de una decisión absolutoria”. Además de eso, agregó que “tanta ha sido la dilación en la resolución de la causa, que las penas requeridas estarían prácticamente cumplidas, lo que evidencia aún más la vulneración a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”.

Las magistradas afirmaron que, a diferencia de los sostenido por la Fiscalía, la complejidad del caso “no es la causante de la exorbitante demora de este procedimiento, sino que las actuaciones del propio Ministerio Público”. Esto, según las juezas, porque el principal error del ente persecutor fue agrupar la causa en un solo juicio.

“Un Estado democrático y constitucional de derecho como el chileno no puede permitir la prolongación desmesurada del ejercicio del imputado, por lo que se vulnera el derecho a ser juzgado de un plazo irrazonable”, concluyeron las magistradas.

La defensa de la Fiscalía

Al término de la audiencia, la fiscal Claudia Perivancich defendió la investigación del Ministerio Público que estuvo en manos de los fiscales Andrés Montes, Sabas Chahuán, como fiscal nacional, y acompañado por Carlos Gajardo, Pablo Norambuena, Emiliano Arias, así como también seguida posteriormente por Pablo Gómez, Carmen Gloria Segura, Víctor Ávila y más recientemente por los persecutores Paola Castiglione, Rolando Ramírez y la propia Perivancich.

Perivancich afirmó que pese al fallo, ella “no hablaría de derrota. Esto termina un capítulo con el deber cumplido. Nosotros desarrollamos una investigación seria, responsable, con una mirada objetiva, que nos llevó a la convicción de interponer una acusación”.

La persecutora tomó distancia por la crítica a la duración del juicio: “Iniciamos la audiencia de preparación de juicio oral en pandemia. Las defensas que hoy día alegan la afectación de ese derecho, en particular puedo recordar la defensa de los señores Marco Enríquez-Ominami y Cristián Warner, se opusieron”, aseguró.

Consultada sobre el costo financiero de este caso, Perivancich destacó que en el caso igualmente se recuperó dinero, el que según dijo “es incluso superior al monto que se ha debido gastar, que es el monto que está asociado a la ejecución de la tarea principal de la Fiscalía, que es investigar”.

La representante del Ministerio Público destacó el voto minoritario de la jueza Paredes, quien estuvo por condenar a los imputados. Por lo mismo, afirmó Perivancich, van a esperar la sentencia que se comunicará el 5 de agosto del 2026 para decidir si solicitan anular la sentencia.

“No es el resultado que nosotros esperábamos y eso lo lamentamos. Pero yo no puedo tirar aquí por la borda todo el trabajo que se ha hecho en estos años”, concluyó.