Fue el 30 de septiembre cuando la defensora penal pública Marcela Araya presentó un recurso de amparo profesional en el Colegio de Abogados en favor del también defensor Víctor Providel.

El objetivo de la defensora era que el gremio de abogados se pronunciara sobre lo que calificaron como una vulneración en garantías en el ejercicio de la defensa penal que ha venido realizando el abogado del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, en la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte en su contra por delitos sexuales. En el marco de esa investigación fue que surgió una tercera arista donde Providel figura como imputado.

Dicha arista nació luego de que los investigadores recibieran una denuncia por amenazas de la mujer que acusa de violación y abuso sexual a Monsalve. Allí, en una investigación que tiene como imputados a un ciudadano uruguayo y otro chileno, es donde los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir detectaron que Providel habría tenido vinculación.

De acuerdo a un informe de la PDI, Providel se contactó con el sujeto chileno, amigo del uruguayo, para facilitar contactos de prensa. Los sujetos, de acuerdo a los fiscales, tenían como finalidad divulgar material audiovisual íntimo de la denunciante en canales de televisión.

Es en esa causa, una arista del caso Monsavle, el defensor Providel figura como imputado. Es por eso que la Defensoría activó dos recursos: el primero, en la Fiscalía Nacional, buscando inhabilitar a los fiscales Armendáriz y Jacir de esta arista -que fue rechazado por el fiscal nacional, Ángel Valencia-, y en segundo lugar el referido amparo profesional ante el Colegio de Abogados. Este último, fue resuelto el pasado viernes 24 de octubre en favor de los defensores públicos.

Gremio acoge recurso

Nueve páginas tiene la resolución del organismo presidido por el excontralor Ramiro Mendoza, a la cual tuvo acceso La Tercera. Parte de la crítica que hace la Defensoría es el conflicto de interés que se produciría en una investigación donde los fiscales que indagan la causa principal son los mismos que examinan al defensor del imputado.

En ese sentido, los defensores pedían que el colegio instara al Ministerio Público al “respeto irrestricto del derecho de defensa, el resguardo del secreto profesional y la plena observancia al principio de objetividad”.

La DPP además solicitó que el gremio dispusiera de medidas para garantizar la protección efectiva de las garantías profesionales que amparan a todos los abogados en Chile.

En el texto se señala que el 7 de octubre se recibió respuesta de la Fiscalía Nacional, donde se indicó que se ofició a Armendáriz para una eventual respuesta o traslado. Sin embargo, hasta la emisión del fallo, esto no ocurrió.

Con todo, el Colegio de Abogados, por 18 votos a favor y uno en contra, decidió acoger el recurso de amparo profesional y formuló varias críticas a la labor de la Fiscalía.

Los argumentos

En uno de los siete puntos de la resolución, los colegiados expresaron parte de sus cuestionamientos hacia la Fiscalía en cuanto al legal ejercicio de la defensa: “En opinión de los miembros del Consejo, la situación que motiva la presentación del amparo profesional constituye una circunstancia que compromete tanto el derecho de defensa como el libre ejercicio de su profesión en su condición de defensor penal público del recurrente en las causas seguidas en contra del imputado Manuel Monsalve Benavides”.

“Es precisamente la conexión de las causas por la labor del abogado defensor lo que implica una afectación al derecho defensa y a las garantías propias del ejercicio profesional. Distinto sería si los hechos por los cuales se imputara al recurrente no tuviesen relación con su actuar como defensor penal público en las otras causas en las cuales dirigen la investigación los mismos señores fiscales", se lee en la resolución.

En otro ítem se refieren al hecho de que los fiscales que investigan a Monsalve sean los mismos que indagan a Providel. “En lo que al derecho de defensa se refiere, la circunstancias de los fiscales que dirigen la investigación en la causa (arista uruguayo), en la que el recurrente tiene la calidad de imputado, sean los mismos que dirigen la investigación en las causas en que el recurrente oficia como abogado defensor, tiene la potencialidad de vulnerar el secreto profesional con grave incidencia en la causas investigadas originalmente y, con ello, generar un desequilibrio en desmedro del defendido del recurrente".

Sobre esto, agregan, se compromete el trabajo de la defensa, “dado que (Providel) tendría que elegir potencialmente entre defenderse o incumplir su deber de confidencialidad o causar algún otro detrimento a la defensa de su representado“.

El gremio manifestó que “la actividad investigativa de los fiscales en su contra como imputado puede incidir en sus decisiones como abogado defensor. Al mismo tiempo, las decisiones de los fiscales en la causa podrían ser impugnadas debido a la vinculación que existe entre las causas, afectando la integridad del sistema de persecución penal”.

Por último sugieren que debiese ser un fiscal independiente quien investigue la causa donde Providel es imputado.

La determinación, eso sí, tuvo el voto disidente del abogado Salvador Valdés, quien señaló que "la representación legal de un cliente no otorga inmunidad frente a actuaciones que puedan estar reñidas con la legalidad. Si en el ejercicio profesional se incurre en conductas o se participa en hechos que puedan ser constitutivos de delito, el Ministerio Público debe y puede llevar adelante una investigación penal".

La Fiscalía Centro no quiso referirse al fallo del Colegio de Abogados. Tanto Armendáriz como Jacir son abogados colegiados en el gremio. El primero lo hizo en 1989 y el segundo en 2003.

La defensa de Providel

La defensora Marcela Araya destacó el pronunciamiento del Colegio de Abogados: “Su defensa comparte plenamente el criterio adoptado y creemos que es categórico en cuanto que reafirma que la intervención de los fiscales Armendáriz y Jacir en la causa seguida en contra de Manuel Monsalve, así como en la causa instruida contra el propio defensor Víctor Providel por hechos derivados investigación, no solo comprometen el principio de objetividad que debe regir el actuar del Ministerio Público, sino que además podría afectar el derecho a defensa y el libre ejercicio de la defensa penal pública que el señor Providel desempeña”.

Asimismo, Araya valoró que la votación haya sido prácticamente unánime. “Este respaldo da cuenta de la relevancia institucional que el organismo colegiado atribuye a la protección del ejercicio independiente de la defensa penal y a la vigencia efectiva que garantizan un debido proceso”.

En la misma línea, el también defensor penal público y dirigente de la Asociación de Defensores ADEF, Nicolás Orellana, señaló: “Me parece una gran resolución ya que afirma finalmente nuestra posición en torno a que no puede ser el mismo fiscal, que es contraparte en un caso tan importante, sea además quien lo está investigando”.

“No pueden ser los mismos fiscales (los que investiguen a Providel), que son contraparte en un juicio y que pueden tener intereses procesales”, remató Orellana.