Los convenios que involucran platas públicas siguen bajo la lupa.

Y es que ahora, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó instruir las investigaciones sumarias en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Ñuble. Esto, luego de que Transparencia evidenciara “una serie de infracciones” en materia de normas de transparencia activa asociadas al acceso a información sobre convenios en ambas instituciones del Estado.

De acuerdo al CPLT, “la ley indica que el incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa se podrá sancionar con una multa que va desde el 20% al 50% de las remuneraciones del infractor”.

En específico, el organismo detectó “problemas para acceder a documentos que por exigencia de la Ley de Transparencia deben estar disponibles vía web”. Esto, se trata de actas y resoluciones con efectos sobre terceras personas, asociados a convenios suscritos por las mencionadas instituciones de 2022 como de 2023.

Según se informó, Transparencia detectó incumplimientos en el Serviu de Ñuble en cuanto a que enlaces de convenios no estaban operativos. En tanto, para ingresar al sistema de la Seremi de Vivienda de la misma región se requiere de usuario y contraseña para acceder a los documentos públicos.

El presidente del CPLT, Francisco Leturia, dijo que esto es “gravísimo, de lo más grave en materia de transparencia”.

“Se establecen barreras de acceso a la información que impiden a la gente obtenerla de manera oportuna. Vamos a iniciar una investigación sumaria y buscar las responsabilidades que corresponden porque esto tiene que investigarse a fondo. La ley está para cumplirse y es para todos igual”. agregó.

Así las cosas, Leturia agregó: “Existen mecanismos en transparencia para tener acceso a información sobre convenios, hoy el foco de una polémica, y solo el control ciudadano puede permitir poner en alerta a los organismos y a las autoridades. Sabemos que hay que perfeccionar lo que ya existe, cuestión que podríamos hacer con la Ley de Transparencia 2.0 y mejoras en otras normas que ya existen”.

“Con la crisis que actual, parece aún más urgente mejorar la información disponible”, cerró el titular de Transparencia.

Investigaciones penales

Actuando de oficio, la fiscalía del Maule abrió una investigación por los millonarios traspasos de la Seremi de Vivienda de esa región a la ONG Urbanismo Social. Dicha ONG estaba integrada por quien hoy es el jefe regional de la Seremi, Rodrigo Hernández.

La fiscalía indaga contratos que sumarían más de $ 500 millones y el fiscal regional de la zona, Julio Contardo, derivó los antecedentes a su par de Antofagasta. La Fiscalía comenzó a reunir antecedentes, pues había indicios de irregularidades, principalmente, por el nexo entre Hernández, Urbanismo Social y su rol como seremi. De acuerdo a una publicación del medio Ex-Ante, entre octubre y diciembre de 2022 la Seremi de Vivienda de Antofagasta realizó ocho donaciones a Urbanismo Social, por un total de $ 577 millones.

En Antofagasta, la fiscalía está investigando los convenios entre la Seremía de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, exmilitante de Revolución Democrática y expareja de la diputada RD Catalina Pérez. Dichas entregas, hasta ahora, llegarían a $ 426 millones. Cuando se otorgaron dichos dineros, el seremi de Vivienda era Carlos Contreras, quien renunció una vez destapado el caso. Contreras era militante RD y ejerció como xjefe de gabinete de Catalina Pérez.

Tanto Daniel Andrade como Carlos Contreras están en calidad de imputados en la investigación del Ministerio Público.