A fines de marzo de 2021, en el segundo año de la pandemia de Covid-19, el entonces fiscal nacional Jorge Abbott citó a un consejo extraordinario. Por esos días la Corte Suprema se había pronunciado por primera vez sobre si infringir el toque de queda ponía en riesgo o no la salud pública. Quienes participaron de esa reunión recuerdan que había fiscalías que estaban colapsadas por esas causas, pese a que el máximo tribunal ya daba luces de que no todos los casos eran delito, como lo establece el artículo 318 del Código Penal. Tiempo después, el Tribunal Constitucional (TC) estableció que no era aplicable y fue así como se zanjó esa “discusión judicial pandémica”.

¿Qué fue lo llamativo de esa reunión extraordinaria? En la Fiscalía recuerdan que fue una de las últimas en que participó el entonces fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra Fuenzalida, antes de renunciar intempestivamente al Ministerio Público. Cinco años después, la Corte Suprema -el miércoles de esta semana- lo despojó de fuero y, tras acoger una querella de capítulos en su contra, por delitos de cohecho y violación de secreto, el otrora poderoso persecutor quedó en posición de ser formalizado e -incluso- detenido. Pero más allá de la etiqueta, ¿por qué el abogado de la Universidad La República era considerado tan influyente? En ese último consejo hay luces de esto.

Uno de los partícipes lo recuerda así: “Ese día, Abbott quería escuchar a todos sus fiscales regionales y, pese a que había distintas posturas, ya que algunos decían que había que seguir la persecución penal e invocar el artículo 318 como una señal de que esas conductas eran graves y estaban descritas en la ley, finalmente el fiscal nacional acogió lo planteado por Guerra y días después dictó un instructivo en que ordenó a los fiscales dejar de perseguir ese ilícito, responsabilizando de esta decisión a los tribunales, a la doctrina de la Suprema, tal como ideó Manuel. Eso te muestra la ascendencia que tenía”.

Otro de los presentes recuerda que ese día Guerra dijo una frase que les quedó marcada a varios, sobre todo ahora que la situación judicial del exfiscal del caso Penta es bastante compleja: “Dijo algo así como que en Chile el derecho es lo que declaran los jueces, no lo que dice la ley". El jueves, y en fallo unánime, los máximos jueces del país dieron luz verde para que el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, lo siente en el banquillo de los acusados en una de las tantas derivadas judiciales que se originó en las secretas conversaciones que guardaba el celular del abogado Luis Hermosilla.

El desplome

Manuel Guerra Fuenzalida se había reinventado tras su sorpresiva renuncia como fiscal regional Metropolitano Oriente en noviembre de 2021. Y es que, pese a que en esa fecha presentó su renuncia, tras erráticas conductas, como haber mandado un mensaje de WhatsApp en que explicitaba su búsqueda de trabajo, esta sólo se concretó seis meses después.

De ahí se supo de él porque estaba haciendo clases en la Universidad San Sebastián (USS) y por protagonizar una polémica. Al día siguiente de dejar el Ministerio Público lo fichó la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO). No pocos vieron en esa asesoría un claro conflicto de interés: la entidad era financiada con dineros de varias municipalidades, entre ellas Vitacura. Poco antes de dimitir fue el mismo Guerra quien abrió una investigación penal que terminó con el histórico alcalde de esa comuna, Raúl Torrealba, en prisión preventiva e indagado hasta el día de hoy por malversación de cientos de millones de pesos.

No fue hasta el 27 de agosto de 2024 cuando comenzó el desplome de su figura. Ese día, Ciper reveló que el expersecutor estaba en la mira del Ministerio Público. De hecho, de su propia exfiscalía -la Oriente-, que por esos días revisaba el teléfono de Hermosilla en el denominado caso Factop-Audio. La publicación mencionaba que mientras Guerra tenía a su cargo el denominado caso Penta, hablaba con el abogado -entonces asesor del gobierno de Sebastián Piñera- y que le revelaba secretos de la causa con el propósito de contactar a Andrés Chadwick: por aquel 2016, ministro del Interior, primo y brazo derecho del mandatario.

La apertura del caso

En menos de 24 horas, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abrió una investigación penal designando a Carrera, por “los hechos descritos en publicaciones de prensa”. “La decisión se tomó luego de conocer el supuesto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla Osorio sobre causas investigativas a cargo del Ministerio Público, tales como el denominado caso Penta, el caso Dominga y el caso Exalmar, así como también en la causa penal seguida contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa”, se leía en el comunicado.

En el expediente del caso está la declaración de quien hasta hace algunos años era su suplente y a quien él mismo le dio el teléfono de Hermosilla para que la ayudara en la carrera por sucederlo: la actual fiscal regional Oriente, Lorena Parra. El 11 de diciembre de 2024, la investigadora del caso Audio fue interrogada como testigo y sostuvo que fue en la revisión del celular cuando ellos se enteraron de que Guerra mantenía chats con Hermosilla, complejos desde el punto de vista penal.

“Respecto del contenido del celular incautado, en la revisión aparecen conversaciones entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla, las que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía Nacional, debido a su trascendencia y eventuales delitos que pudieron haberse cometido. Luego surge una noticia de Ciper y el fiscal nacional designa al fiscal regional Mario Carrera para dicha arista”, explica.

Junto con esto dijo no saber mucho sobre la relación de su exjefe con el abogado. “Respecto de la relación de Luis Hermosilla con Manuel Guerra, yo no sabía mucho, nunca vi al señor Hermosilla en la oficina de Manuel, pero, además, yo no iba mucho a la Fiscalía Regional. Cuando yo postulo a la FRMO, Manuel Guerra me hace el nexo con Luis Hermosilla y le paso mi CV a este para que se los haga llegar a algunos ministros de corte y conozcan mi trayectoria profesional. Es ahí que me queda claro que ambos eran cercanos”.

“Una decepción”

Al interior del Ministerio Público hay quienes recuerdan lo duro que fue para Parra encontrar estas conversaciones, principalmente porque en el pasado ellos habían sido amigos cercanos, de esos que se visitan en sus casas. “Fue una decepción para ella”, comenta una fuente que los conoce a ambos.

En su declaración, la persecutora apunta a que “Manuel Guerra era muy reservado, sólo sé que tenía relación fluida con los alcaldes de la zona, pero por tener muchos temas de trabajo y convenios para unidad de VIF u otras. Respecto de otras conversaciones en el chat por las que se me consulta, puedo señalar que existen conversaciones a propósito de Penta en que Manuel Guerra pide hablar con Andrés Chadwick sobre el término de la causa; también hablan de un sobreseimiento definitivo referido, al parecer, al expresidente Piñera, entre otras cosas. En el caso de Espinosa, ya una vez en prisión preventiva, Manuel Guerra habla con Hermosilla por la integración de la sala de la ICA cuando se discute la cautelar, y según entiendo, se revoca la cautelar de prisión preventiva, no sé debido a qué, pero esa fue la cronología de los hechos”.

Finalmente contó que “Manuel en diciembre de 2020 manifiesta su intención de salir de la institución, pero sólo se concreta a fines de julio, seis meses después, lo cual creó mucha incertidumbre en el equipo directivo por lo extraño del modo. Sólo señaló que se iba, y que se iba a la Universidad San Sebastián (USS), por lo que el equipo directivo también estaba en conocimiento de lo anterior. También comentó que trabajaría con la AMSZO en asesoría de seguridad”.

Los beneficios

La hipótesis que ha levantado el fiscal Carrera, y querellantes, es que Guerra infringió funciones del cargo y habría sido sobornado. ¿Los beneficios? En la querella de capítulo el fiscal Carrera expresó que, tras varios meses de investigación, llegaron a la convicción de que el imputado, a cambio de entregar información reservada, obtuvo una cita con el expresidente Sebastián Piñera, pidió trabajo en el estudio de Hermosilla y, junto con esto, habría solicitado gestiones para ser designado consejero del Consejo de Defensa del Estado.

“Al respecto, indica que la petición se habría realizado al menos en los meses de marzo y julio de 2020, primero de manera indirecta y luego en forma directa, pidiendo al abogado Hermosilla averiguar y explorar la viabilidad del nombramiento, reconociendo la eventual dificultad derivada de actuaciones previas del propio querellado. Sin embargo, dicha designación no se habría concretado”, se lee en la querella.

Por último, sostienen que al no prosperar su incorporación al estudio jurídico, “el querellado habría sido orientado hacia otra alternativa laboral, mencionándose gestiones para su contratación en la Universidad San Sebastián, lo que fue presentado como una salida profesional posterior a su etapa en el Ministerio Público. Al respecto, menciona intercambios comunicacionales en que se aludía al avance del contrato y a la cercanía temporal con la renuncia”.

Todo esto fue acogido por tribunales para despojarlo de fuero y habilitar al fiscal Carrera para seguir adelante.

Contraofensiva

La última vez que la Suprema acogió una querella de capítulos antes de la que se resolvió esta semana respecto de Guerra, fue contra la exministra Ángela Vivanco: ella también cayó en desgracia por sus chats con Luis Hermosilla. Esa vez, y cuando fueron habilitados para ello, el equipo de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, tramitó una orden de detención que fue concedida en 48 horas por la justicia.

Quienes conocen a Guerra dicen que está inquieto. Piensa que ahora que el máximo tribunal despejó el camino para llevarlo ante tribunales, su excompañero de la Fiscalía podría hacer lo mismo. Con todo, por estos días su defensa, liderada por el exdefensor penal público Carlos Mora, ha estado bastante activa.

Por lo pronto, el Cuarto Juzgado de Garantía agendó para el 20 de marzo al mediodía una audiencia para forzar su formalización. En paralelo tramitó en la Corte, sin éxito, un amparo con el que busca concretar una “declaración judicial”, es decir, “ante el juez”, ya que quienes lo conocen aseguran que planea una embestida comunicacional y judicial en contra de su exsubalterna Lorena Parra y de lo que él calificaría como una vendetta de la nueva administración Valencia. “Quiere denunciar ilegalidades”, dijo a este medio un conocido del expersecutor.

Guerra rechaza haber sido sobornado y mucho menos revelar secretos de las causas. Para ello, su defensa apunta a las declaraciones de los fiscales que conocieron de ellas, además de abogados intervinientes, un informe del OS-9 y los correos que sostuvo con Abbott en la época de Penta, donde incluso le dijo que estaba dispuesto a salir del caso si es que la Fiscalía Nacional no estaba de acuerdo con los procedimientos abreviados pactados y que le generaron una pelea directa con las abogadas del CDE Lupy Aguirre y la entonces consejera María Inés Horvitz. La primera hoy testigo del caso y la segunda, una férrea querellante.

En pasillos judiciales se habla de que la Fiscalía y el CDE pedirán prisión preventiva para Guerra por la gravedad de las conductas que imputarán.

Si el Cuarto Juzgado de Garantía decreta cautelares intensas, Guerra no solo enfrentará el momento más complejo de su carrera, sino que podría convertirse en el primer fiscal regional en prisión a partir del caso que nació con los chats de Hermosilla. El hombre que alguna vez inclinó debates internos en la Fiscalía hoy depende de lo que resuelvan los mismos tribunales que tantas veces citó como árbitro final del derecho. Hace cinco años, en ese consejo extraordinario, dijo que en Chile “el derecho es lo que declaran los jueces” y, esta semana, los jueces hablaron y lo dejaron a un paso del momento más decisivo de su trayectoria.