Antes de asumir el gobierno, José Antonio Kast ya había dado las primeras señales de que incorporaría a funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de Orden en ciertos cargos de su administración. Pero a más de tres semanas de la instalación en La Moneda, el desembarco de exmilitares y expolicías ya se ha concretado en diferentes ministerios.

Los primeros fueron los subsecretarios del Ministerio de Defensa. El ministro Fernando Barros en esa cartera es acompañado por dos exuniformados: el vicealmirante (R) de la Armada Rodrigo Álvarez, en la Subsecretaría de Defensa y el general (R) de Ejército Christian Bolívar en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. A esa misma repartición, pero a cargo de la División de Desarrollo Tecnológico e Industria, llegó el general (R) del Ejército Óscar Bustos, nombre que también sonó como subsecretario.

Lo ocurrido en Defensa luego se extendió a otras áreas del gobierno, donde el favoritismo de Kast ha sido evidentemente a favor de la Armada. La misma noche del 11 de marzo, Kast anunció al vicealmirante (R) de la Armada Alberto Soto como el comisionado para la Macrozona Norte, depositando en el marino su confianza para hacerse cargo de la coordinación de la seguridad en la zona fronteriza, uno de los emblemas del denominado “gobierno de emergencia”.

Pero con el paso de los días más militares se han ido sumando a puestos claves al interior del Ejecutivo. Como coordinador del Comité de Seguridad, instancia creada por la nueva administración para analizar la situación de seguridad del país, fue nombrado el contraalmirante (R) Roberto Machiavello, quien fue investigado por la Fiscalía por haber descartado en un primer momento la alerta de tsunami en 2010. De hecho, por eso, según fuentes del oficialismo, han existido cuestionamientos internos, incluso por los intereses privados que tiene en empresas que se dedican a la gestión de emergencias.

A la Cancillería también llegó un marino, esta vez para hacerse cargo de la Dirección de Planificación Estratégica. Se trata del vicealmirante (R) Francisco García Huidobro, quien integró el Alto Mando de la Armada. Otro funcionario de esa institución, el vicealmirante (R) Ronald Mc Intyre, fue nombrado a cargo de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Exfuncionarios en Seguridad

Junto con la exfiscal de Tarapacá Trinidad Steinert, también llegaron al Ministerio de Seguridad una serie de exfuncionarios de instituciones policiales y militares. De hecho, de las cinco divisiones que tiene esa repartición, tres están ocupadas por exoficiales de las policías o el Ejército. Las otras dos, jurídica y finanzas, por civiles.

Según confirman fuentes del Ministerio de Seguridad, a cargo de la División de Control y Planificación Institucional de las Policías quedó el general (R) de Carabineros Eduardo Quijada, mientras que en la División de Crimen Organizado, Terrorismo y Seguridad Fronteriza asumió el prefecto (R) de la Policía de Investigaciones (PDI) Marcelo Atala. El oficial en retiro, durante su carrera en la policía civil, fue el jefe de la Macrozona Norte del Crimen Organizado en dicha institución.

A ellos, como jefe de la División de Seguridad y Orden Público, se suma el oficial (R) del Ejército Rodrigo Pino. El general en retiro cuenta con una carrera de más de 38 años en la institución militar, a la que llegó a integrar el alto mando.

Además de los jefes de división, también han asumido algunos funcionarios en calidad de asesores, como el general (R) del Ejército Mario Grez, quien llegó a la Subsecretaría de Seguridad Pública.

Un movimiento que genera ruido

Si bien se trata de fichajes esperables, dada la formación que tienen los oficiales de las FF.AA. y las policías, la situación no ha pasado desapercibida en las instituciones policiales y las ramas militares.

Es más, según fuentes de La Tercera, el desembarco de exintegrantes de sus filas, incluso, genera incomodidad por varias razones. Primero, porque los fichajes, al tratarse de funcionarios en retiro, no son conversados con los altos mandos y en esta decisión no existe vinculación con las instituciones, ya que se trata más bien de un tema de carácter personal y que corre por cuenta de cada militar que eligió dar un salto al mundo político.

En el mundo militar, señala un oficial de las FF.AA., existe la expectativa de que los funcionarios en retiro no lleguen a cargos políticos. Lo anterior, afirma, porque eso puede generar un daño a la institución de origen. “Hay que cuidar las instituciones”, es el lema que repite.

A esto se suma, según otra fuente consultada, que las decisiones del mundo político son diferentes a las que se toman en las filas de las FF.AA. “El criterio militar y las decisiones políticas no son iguales”, sostiene. Por lo mismo, la incomodidad al interior de las instituciones se explica porque podría ocurrir que los costos políticos de cualquier decisión que tomen estos funcionarios en retiro “se pueda traspasar” a esas reparticiones.

Por otro lado, también genera incomodidad el hecho de que funcionarios en retiro, quienes alcanzaron ciertos grados en las instituciones, estén ahora en decisiones civiles y políticas por sobre las instituciones. Sin embargo, desde las FF.AA. destacan que los exintegrantes de sus filas deben someterse a los protocolos y jerarquía de relación entre el mundo político y militar.

Misma situación que se repite, por ejemplo, con el Ministerio de Seguridad, donde uno de los principales objetivos de dicha cartera era reforzar el control civil sobre las instituciones policiales. Algo que se difumina cuando las decisiones son tomadas por los mismos oficiales que hace solo meses formaban parte de las mismas fuerzas policiales que debe controlar el gobierno.