Luego de múltiples informes de la Contraloría que revelan un posible mal uso de las licencias médicas —entre ellos uno que señala que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras debían estar en reposo—, el compromiso que había asumido el Ministerio de Salud durante las negociaciones parlamentarias del año pasado, como parte del acuerdo para aprobar el presupuesto 2025, se ajustó como anillo al dedo: enviar un proyecto que regule esta materia.

Así, el pasado 10 de julio la cartera sanitaria, junto con los ministerios de Hacienda y Trabajo, ingresó una iniciativa que, entre sus medidas más importantes —y la que más ha generado polémica— establece que los funcionarios públicos dejarán de recibir automáticamente el 100% de su sueldo durante las licencias, tal como ocurre en el sector privado.

Debido al ruido que ha generado la medida, especialmente en los gremios, fuentes del Congreso señalan que desde el Ejecutivo les han dejado ver su intención de tramitar este proyecto con mayor cautela. No se trataría de estancarlo, pero tampoco de apresurarlo. La idea sería evitar que las agrupaciones de funcionarios públicos generen más cuestionamientos, por lo que se percibe que se necesita una negociación más lenta y sentarse a la mesa con ellos.

Además, en la Comisión de Salud del Senado -instancia en la que se tramita la iniciativa, donde recién les fue presentada formalmente este martes- hay otros proyectos que también buscan avanzar con rapidez, como los relacionados con la eutanasia o con salud mental, que forman parte de agendas más amplias de reforma.

El presidente de la comisión, senador Iván Flores (DC), afirma que en su caso no se lo han dicho explícitamente, pero que es evidente que este proyecto no está en las prioridades de Salud: “Pareciera que el proyecto se está ralentizando. Se postergó dos semanas la presentación porque, supuestamente, debían estar presentes los ministros de Trabajo, Hacienda y Salud. Esto finalmente ocurrió recién este martes, pero, dado que su urgencia es simple, queda claro que ya no cuentan con el mismo apuro que al inicio”.

Y detalla que “no he hablado ni con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ni con los demás secretarios de Estado. No me han explicado cuál fue el cambio de urgencia (informal) que tuvieron, pero me da la impresión que es debido al tremendo revuelo que esto generó en las organizaciones del sector público”.

El senador hace referencia a que en un principio se generó una gran expectativa en torno a este proyecto, con la idea de sacarlo rápido adelante, pero a pesar de ello fue ingresado con urgencia simple. Algunas voces en el Parlamento, de hecho, creen que ni siquiera alcanzará a ser tramitado durante esta administración.

Apenas el Ejecutivo presentó el proyecto, varios gremios manifestaron su desacuerdo e incluso solicitaron que fuera retirado. Las acciones han continuado: esta semana llegaron hasta el Senado para expresar su rechazo. Uno de los que más han hecho sentir su posición es la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

En esta instancia, el secretario general de ANEF, Carlos Insunza, aseguró que “no aceptamos que este proyecto de ley siga tramitándose, porque es inconsulto y precariza la Seguridad Social en nuestro país”. Asimismo, añadió que “es un proyecto de ley de ahorro fiscal (…) que debe ser rechazado de plano y terminar de una vez por todas el intento de hacer caja con los ingresos de los trabajadores y trabajadoras enfermos”.

Fuentes cercanas al Ministerio de Salud, donde derivaron las consultas de este tema a otra cartera, aseguran que esto sigue siendo una prioridad y que incluso para llevar a cabo las negociaciones con los gremios se creó una mesa de trabajo.

Además de regular la remuneración de los trabajadores públicos, el proyecto incorpora artículos para fortalecer el trabajo de la Compin y elimina los días de carencia. Actualmente, cuando las licencias son superiores a 10 días, se pagan desde el primer día; en cambio, cuando son iguales o inferiores a 10 días, el subsidio se paga desde el cuarto día, lo que se conoce como periodo de carencia. La nueva propuesta establece que el SIL se pague siempre desde el tercer día, sin importar su duración. Es decir, la carencia se reducirá a solo dos días.