El fenómeno de debilitamiento de las democracias ya no parece responder a una crisis pasajera, sino a un estancamiento que atraviesa a buena parte del planeta. Esa es la principal alerta que plantea Marcela Ríos Tobar (FA), exministra de Justicia y directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, a propósito del Estado Global de la Democracia 2026 publicado recientemente.

Aunque advierte que los retrocesos pueden revertirse, señala como tendencias especialmente preocupantes la concentración de poder en los gobiernos, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y el deterioro del Estado de derecho.

Chile, en cambio, aparece como una de las democracias más sólidas de la región y mantiene un alto desempeño en representación, Estado de derecho y derechos. Sin embargo, Ríos advierte que el país enfrenta un deterioro en otras áreas, además del riesgo de que la demanda por seguridad termine tensionando libertades y garantías democráticas.

¿Estamos ante una crisis temporal de la democracia o frente a un cambio estructural?

Creo que es un estancamiento estructural, no es una caída coyuntural de los últimos años. No necesariamente el retroceso global significa que esta es una tendencia irremontable. Sí estamos en un momento de deterioro democrático, de construcción que nos preocupa altamente, pero ese momento histórico no significa que no puede ser revertido en casos particulares, o también con políticas adecuadas en el mediano y largo plazo.

¿Y por qué el debilitamiento de los contrapesos institucionales se ha convertido en uno de los principales caminos del retroceso democrático?

Uno de los caminos más persistentes de deterioro democrático es la centralización del poder habitualmente en los poderes ejecutivos, y desde ahí socavar la autonomía de poderes independientes y entorpecer el funcionamiento en los sistemas de justicia. También tenemos otros fenómenos en que hemos visto el deterioro del Estado de derecho, producto del aumento de la conflictividad y de la criminalidad. Además, está el socavamiento en los sistemas de justicia, que son producto de la inseguridad, ya sean conflictos bélicos o aumento de criminalidad.

¿Qué significa para el sistema democrático internacional que sea EE.UU. el que está experimentando más fuerte un retroceso?

Es dramático. Los indicadores de EE.UU. son los peores en 50 años, tiene caídas en prácticamente todas las dimensiones, pero muy fuertemente en la independencia del poder judicial, en el funcionamiento del Parlamento, también en la libertad de prensa y la libertad de expresión. Por una parte, EE.UU. ha deteriorado las garantías, los derechos, la calidad de vida de los propios norteamericanos. Y también impacta en el mundo porque están teniendo un rol activo en debilitar el sistema multilateral y el orden global que sustenta una agenda de derechos. Claramente, la ausencia de EE.UU. de los acuerdos internacionales alcanzados después de la Segunda Guerra Mundial en términos de multilateralismo está siendo una amenaza para la sustentabilidad de la democracia.

¿Hasta qué punto se debe empezar a considerar la defensa de la democracia como un asunto de seguridad internacional y no solamente como una cuestión institucional o de derecho político?

Ese es uno de los mensajes más importantes del informe. Planteamos que el deterioro de las democracias está expandiendo las condiciones para conflictos internos e internacionales, y está generando mayor fragilidad en aquellos países que tenían sistemas de gobernanza débiles. Es urgente plantear como una prioridad el fortalecer y proteger las democracias como políticas de Estado, pero también como una parte esencial de la política multilateral para mantener la paz y la seguridad.

¿Existe un riesgo de que la demanda legítima por seguridad termine debilitando la propia democracia?

Ciertamente, hoy día estamos enfrentando un riesgo real y en algunos casos ya instalado, de apoyo a gobiernos iliberales, a restricciones de derechos y garantías, a cambio de seguridad. Está instalada una falsa dicotomía en América Latina que plantea que la seguridad tiene que ser alcanzada a costa de libertades, de garantías de derechos y de democracia. Lo vemos en toda la región y las ciudadanas, buscando genuinamente seguridad, pueden ser llevados a creer que esto solo se consigue limitando libertades. Lo que vemos es que los países que más deterioro tienen en nuestro informe después de EE.UU., El Salvador, y luego Nicaragua, hay un deslizamiento de la democracia representativa liberal, con excusa de la búsqueda de seguridad o de estabilidad.

Respecto de Chile, ¿qué lectura hace frente a altos niveles de representación, pero bajos en participación?

Hay poco involucramiento colectivo en organizaciones sociales, desde juntas de vecinos, movimientos sociales, ONGs. Todo lo que es el compromiso cívico y el activismo cívico en Chile muestra una desventaja. Y lo otro es que efectivamente la demanda y preocupación por seguridad también está aumentando posiciones que a veces dicen estar favorables a regímenes autoritarios. La mayoría de los chilenos siguen pensando que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero sabemos que es un país donde hay poca confianza en las instituciones, en el Congreso, en los partidos, y por lo tanto no es una democracia que se puede dar por satisfecha.

Y pensando en el próximo ciclo político, ¿cuál diría usted que son las señales de alerta?

Necesitamos seguir teniendo mucha alerta respecto a la libertad de expresión y de prensa. Durante el último año se han discutido proyectos, que no han proliferado, pero que han marcado ciertas luces de alerta, incluyendo una indicación en la megarreforma donde había preocupación de los actores de la prensa tradicional respecto del uso de información. Tenemos que también preocuparnos del decaimiento del espacio cívico. Es difícil reconstruir confianza cuando las personas no participan. El Estado también puede tener un rol en promoverlo.