La democracia atraviesa uno de sus períodos de mayor deterioro desde que existen mediciones comparables. Esa es una de las principales conclusiones del informe “El Estado Global de la Democracia 2026”, elaborado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA). Allí advierte sobre una combinación de retrocesos institucionales, pérdida de derechos, polarización política y debilitamiento del Estado de derecho.

El escenario es particularmente significativo por lo que ocurre en Estados Unidos. Casi la mitad de los 30 indicadores utilizados para medir su desempeño democrático se encuentran en sus niveles más bajos desde que comenzaron los registros, en 1975. Entre ellos están la independencia judicial, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la justicia, la igualdad económica y la eficacia del Parlamento.

El deterioro estadounidense adquiere una dimensión que va más allá de sus fronteras. “El rápido declive de la democracia en Estados Unidos está debilitando la independencia judicial y fragmentando el sistema internacional, lo que amenaza a las democracias de todo el mundo”, afirma el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora.

El informe agrega una dimensión de seguridad al diagnóstico. El retroceso democrático, sostiene, está generando condiciones cada vez más favorables para conflictos internos e internacionales, especialmente en aquellos países ubicados en una zona intermedia entre democracias consolidadas y autocracias.

Chile: fortalezas y una señal de alerta

A diferencia de buena parte de los países de la región, Chile mantiene un desempeño relativamente sólido en tres de las cuatro grandes dimensiones consideradas: Representación, Derechos, Estado de derecho y Participación.

En Representación, que considera aspectos como elecciones creíbles, gobiernos electos, eficacia parlamentaria, partidos políticos libres y sufragio inclusivo, Chile ocupa el sexto lugar mundial, detrás de Suecia, Noruega, Costa Rica, Alemania y Dinamarca. El país avanzó una posición respecto de la medición anterior.

En Estado de derecho, que incorpora independencia judicial, ausencia de corrupción, integridad y seguridad personal y aplicación previsible de las normas, Chile se ubica en el puesto 21, subiendo un lugar. En Derechos, en tanto, aparece en el lugar 36°, sin cambios respecto de la medición anterior.

La principal señal de alerta aparece en Participación. Chile ocupa el puesto 44, un lugar menos que en la medición pasada. Esta dimensión incluye participación tanto electoral, cívica y de la sociedad civil.

La paradoja es relevante y Gustavo Campos, investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la U. Central, manifiesta que esa tensión debe leerse en un contexto más amplio de pérdida de confianza. A su juicio, uno de los factores que explican este fenómeno es la transformación del debate público producto de las redes sociales y el acceso masivo a información, que no necesariamente implica una mejora en la calidad de esa información. A ello se suma, según dice, una ciudadanía con menor paciencia frente a la capacidad de los Estados para solucionar sus problemas.

“La democracia no es solo un procedimiento, no es solo ir a votar”, sostiene. También requiere que las personas perciban que el Estado se preocupa por ellas, combinando gestión y proyecto político.

De ahí que identifique como uno de los principales riesgos la desafección ciudadana. La pérdida de confianza en las instituciones, explica Campos, termina afectando incluso la convivencia cotidiana. Es decir, si las personas dejan de confiar en que las leyes serán respetadas por los demás, aumenta la dificultad para establecer relaciones sociales y políticas estables.

La inseguridad y el giro político

El diagnóstico regional agrega otra tensión. Entre 2020 y 2025, los principales deterioros se concentraron en parlamentos efectivos, partidos políticos libres, elecciones creíbles e independencia judicial. En paralelo, América Latina enfrenta un escenario de creciente polarización y expansión del crimen organizado. El reporte advierte que la inseguridad ha contribuido a aumentar el respaldo a políticas de “mano dura” y, junto con el descontento con los gobiernos de turno, ha favorecido un desplazamiento político hacia la derecha.

En materia de integridad personal y seguridad, Chile figura entre los tres países de América que registraron avances durante los últimos cinco años, junto con Brasil y Surinam. Pero advierten que esto no debe interpretarse como una mejora general de la seguridad. El promedio regional descendió ligeramente y la mayoría de los países continúa en un nivel intermedio.

Eduardo Hodge, director de la Escuela de Humanidades y del Magíster en Estudios de la Sociedad de la U. Gabriela Mistral, identifica precisamente la seguridad como uno de los principales desafíos para Chile. “Nuestras instituciones todavía funcionan. Tenemos un sistema electoral que todos ven como modelo en la región; y las personas, en general, pueden vivir con libertad”, señala. Sin embargo, comenta que esa percepción cambia cuando se observa la posibilidad concreta de ejercer esas libertades en la vida cotidiana.

Hodge también apunta a la responsabilidad de las élites políticas y a la formación ciudadana. A su juicio, las autoridades deben ser capaces de llegar a acuerdos, cumplir sus promesas y priorizar el bien común, mientras que escuelas, universidades y familias tienen un papel en la formación cívica.

El caso estadounidense constituye, sin embargo, el elemento que introduce una dimensión global al informe. Para Campos, el problema está directamente relacionado con la tensión que Donald Trump ha ejercido sobre el sistema de pesos y contrapesos. EE.UU. sigue siendo, comenta, un referente para las democracias occidentales y latinoamericanas, por lo que “sus cambios institucionales tienen efectos fuera de sus fronteras”.