En la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados continuó este martes la tramitación del proyecto de ley del gobierno que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el cual considera la creación de dos mecanismos complementarios de admisión: Elección Mutua (EM) y Asignación Aleatoria (AA).

En la instancia, la ministra de Educación, María Paz Arzola, se centró en contestar las dudas que, en una sesión anterior, los diputados le realizaron respecto a la iniciativa. La tensión fue latente.

En ese contexto, primero explicó cifras presentadas con anterioridad y detalló que “en el caso de los estudiantes que son clasificados como de alto rendimiento académico por provenir del 20% superior de notas de su curso anterior, en primero medio -para tomar un nivel en el cual hay un alto flujo de postulantes-, el 47% de los estudiantes calificados como de alto rendimiento queda en su primera preferencia versus el 56% de quienes no son reconocidos como de alto rendimiento”.

“Ahí hay una brecha que explica que estudiantes de mayor rendimiento quedan con menor frecuencia en su primera opción y que es una de las razones que nos motiva a buscar a través de este proyecto de ley reconocer el mérito académico de tal manera de hacer que esa brecha, ojalá, se elimine”, argumentó la ministra.

Asimismo, a pesar de que los colegios con sobredemanda podrían fijar sus propios criterios de selección, Arzola señaló que “la propuesta nuestra es hacer un solo sistema de admisión. Los postulantes van a postular todos en una misma etapa y se van a matricular también en una misma etapa”.

“La diferencia es que nuestra propuesta apunta a que, en el momento de postulación, los estudiantes se van a encontrar con establecimientos que van a verificar criterios propios en un proceso presencial”, señaló, pasando a detallar que “se abre una etapa en la cual, luego de la postulación, el establecimiento se va a poner en contacto con el postulante, lo va a invitar a verificar estos criterios, dentro de los cuales está el reconocimiento o la selección académica, solamente a partir de séptimo básico, tal como era antes de, digamos, la ley que crea el sistema”, añadió.

Tensión en medio de preguntas

Tras la exposición del Ejecutivo, se dio la palabra a los diputados, donde Emilia Schneider (FA) insistió en que no se le contestó una pregunta que realizó anteriormente relativa a la mesa técnica convocada durante la administración anterior, “donde la ministra participó y firmó el informe final. Y efectivamente, ahí había una visión muy diferente del SAE”, indicó Schneider.

Ante esto, la secretaria de Estado dijo: “Yo le quiero responder, presidente, que mi opinión está bien consignada en ese informe; aprecio especialmente el diagnóstico. Naturalmente que hay diferentes formas de abordar ese diagnóstico, pero mi opinión está bien consignada en ese informe y, de hecho, este proyecto de ley que nosotros hemos presentado responde en bastante medida a ese diagnóstico”.

Lo que no dijo Arzola es que la mayoría de los 11 expertos que firmaron ese informe nunca propusieron abrir una vía propia de admisión para los colegios. De hecho, el documento sólo consigna que una minoría de los miembros de la mesa encontraba legítima la admisión por fuera del SAE.

En cambio, sí reconoció algunas debilidades en el texto del proyecto propuesto: “Voy a reiterar que nosotros estamos proponiendo un solo sistema; ya expliqué que hay ciertos aspectos del texto que pueden prestarse a confusión. La verdad es que acá yo no me puedo hacer cargo de si siguen, digamos, no creyendo lo que estoy diciendo y, de hecho, he dicho que estamos dispuestos a corregir aspectos del texto -o precisar- que no estén suficientemente claros, pero nosotros lo que estamos proponiendo es un solo sistema”, recalcó la ministra.

El tema es que no sólo los diputados han cuestionado la iniciativa gubernamental ni han tenido la lectura de que los cambios propuestos abren la puerta a que los colegios tengan sus propios sistemas independientes del SAE. De hecho, al menos siete de los 11 integrantes de esa mesa técnica, que fue la última gran instancia transversal de análisis que tuvo Chile al respecto, salió a cuestionar duramente el proyecto, justamente, porque lo presentado al Congreso es visto como un sistema paralelo que amplía el poder de selección de los colegios y no el de las familias.