La Comisión de Educación del Senado aprobó en particular y despachó este jueves a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca postergar la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y que sigue generando debate.

Luego de ser aprobado en general la semana pasada, el gobierno ingresó indicaciones a la iniciativa, además de acelerarle el trámite, al subirle la urgencia y ponerla inmediata.

Con sus indicaciones, el gobierno retrocedió en los aspectos cuantitativos del proyecto, pero no tocó los cambios de fondo propuestos. En lo cuantitativo, si bien el proyecto original proponía una postergación hasta 2040, el gobierno dio paso atrás y en sus indicaciones propuso como fecha máxima de implementación de SLEP el 31 de diciembre del 2030, lo cual fue aprobado por la comisión por 4 votos a favor y ninguno en contra.

Pero quizás lo más controversial de la tramitación y que, seguramente dará pie a un debate mayor, es que resorte de la mayoría con que cuenta el oficialismo en la comisión se logró aprobar una indicación presentada por los senadores integrantes Rojo Edwards (Ind.-RN), Gustavo Sanhueza (UDI) y Cristian Vial (Ind.-REP) para eliminar el siguiente inciso del proyecto: “En todo caso, todos aquellos municipios o corporaciones municipales que hubieran sido autorizados a la postergación establecida en el presente artículo, deberán realizar el traspaso al servicio educacional, al local de educación correspondiente a más tardar el año 2035″.

Si bien se planteó la idea de declararla inadmisible, esto no prosperó y posteriormente fue aprobada.

En su discusión, el senador Vlado Mirosevic (PL) advirtió que la indicación cambiaba el objetivo original del proyecto, pues además de permitir una postergación indefinida del traspaso al servicio educacional, abría la puerta a un sistema híbrido con establecimientos municipales y servicios locales sin fecha perentoria.

“Si alguien quisiera hacer eso, tendría que ser en otro proyecto, que derechamente tenga eso por propósito, no, en cambio, utilizando simplemente la supresión del penúltimo inciso. Me parece bastante claro que estaría fuera de este proyecto”, sostuvo.

El senador Edwards, por su parte, planteó que no compartía la interpretación ya que “una postergación es definida como el efecto que tendría, es algo que debe ocurrir, pero que no tiene una fecha fija. La conservación es distinta, que es la aceptación de la mantención de la situación actual”.

Finalmente, Mirosevic anunció su voto en contra y reserva de constitucionalidad.

“Voto en contra de la indicación, pero además anuncio que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, en donde muy probablemente vamos a tener una victoria, porque esto es bastante evidente que está fuera de las ideas matrices del proyecto. El propio Ejecutivo se refirió a estos temas en sesiones anteriores, descartando que se tratara de la instalación de un sistema mixto”, sostuvo.

“Tiene otra inspiración el proyecto, que podremos estar de acuerdo o no, pero era sobre otro asunto, y entonces yo creo que nos veremos obligados, estando en minoría aquí en esta comisión, a ir al TC”, añadió, sumando que lo lamentaba “mucho, creo que no ayuda nada meter estas indicaciones que deriven el proyecto hacia otro lugar”.

Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, manifestó que a su parecer “no se rompe la lógica de que este es un proyecto de ley que, independientemente de cuál sea el año tope en esta excepción de postergar, siempre lo que prima acá son el cumplimiento de requisitos financieros y de calidad bajo la lógica de que la postergación es la excepción que se debe solicitar, mientras que la norma general es que existe un calendario de traspaso”.

Luego, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, dijo que a juicio del Ejecutivo, “siempre debiera primar” que un municipio pudiera mantener los colegios, si es que cumple los requisitos que se están reglando.

Y es que, además, se aprobó la indicación del Ejecutivo que decía que las municipalidades que cumplan los requisitos pueden pedir no ceder los recintos cuando les toque, por un año adicional, renovable por el mismo periodo, para mantener el servicio educativo y su calidad de sostenedor, mientras cumplan con dos requisitos copulativos: tener resultados superiores a su respectivo SLEP y encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones previsionales.

El tema es que al combinar esta indicación con la de los senadores Edwards, Vial y Sanhueza (la de suprimir que haya un año perentorio de traspaso para los municipios que posterguen) en la ley no quedaría ninguna norma que fije un tope para las comunas exceptuadas. El único año que sí aparece como tope es 2030, pero eso es para la entrada en funcionamiento de los SLEP, no para el traspaso de las comunas que obtuvieron la excepción.

Para Gonzalo Muñoz, académico UDP y hasta hace poco miembro del Consejo Consultivo de los SLEP, “lo más grave es que la comisión aprobó una indicación que elimina el término de la excepción municipal y permite a esas comunas conservar indefinidamente la administración de sus escuelas”. Eso, a su juicio, consagraría un sistema mixto permanente, “algo que no estaba en el mensaje del gobierno, que ninguna evaluación de esta reforma ha recomendado y que nadie planteó en las audiencias de la propia comisión”. Y recrimina que en este caso “se legisló con discusión inmediata, en una semana, una definición estructural de la educación pública chilena. Es importante que la sala corrija esta situación”.

Pero a Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP y miembro del Consejo Nacional de Educación, le parece “bien dejar abierta la posibilidad de que los municipios puedan administrar los establecimientos si lo hacen bien, o incluso como alternativa al SLEP cuando este lo hace mal”.