Tras darse a conocer que el Ministerio de Vivienda (Minvu) tendría una deuda acumulada cercana a los US$ 1.000 millones con diversos desarrolladores de viviendas sociales, desde la cartera emitieron un comunicado en que descartaban tal situación.

La cifra fue dada a conocer el viernes por el Diario Financiero, con información de diversos actores de la industria, quienes acusaron retrasos en el pago. La situación se concentraría principalmente en el Serviu Metropolitano, donde las asociaciones reportan una serie de déficits.

En ese contexto, desde el ministerio reiteraron "la inexistencia de una deuda de mil millones de dólares con desarrolladores de viviendas sociales y subrayamos que el Plan de Emergencia Habitacional sigue su marcha“.

Enfatizando la problemática que enfrentó el sector de la construcción tras el avance de la pandemia del covid-19, en el comunicado señalan que “la inversión pública en vivienda e infraestructura urbana ha aumentado de manera significativa a través de distintos programas sociales, lo que naturalmente genera una mayor presión de actividad en el sector”.

Al respecto, desde el ministerio defienden que han sostenido un “monitoreo permanente del estado de los proyectos junto a la Cámara Chilena de la Construcción”.

“Dentro de ese trabajo, se analizan regiones donde existen preocupaciones por la situación de los pagos, los cuales reportan -en su último informe- una cifra significativamente menor a lo publicado erróneamente en medios”, detallan al respecto.

Por otro lado, mencionan que por un compromiso acordado en la Ley de Presupuesto, el ministerio “considera una composición histórica de pago de compromisos de años anteriores de aproximadamente el 90% de los recursos”.

Desde la cartera sí confirman la existencia de “un gasto mayor a su presupuesto vigente” en distintos Serviu, hecho que se concentraría en la Región Metropolitana.

También descartaron que la cartera haya recibido algún préstamo desde BancoEstado. “Lo que existe es un mecanismo habitual desde 2011, denominado confirming, que permite a las empresas adelantar el cobro de facturas aprobadas, sin comprometer recursos adicionales del Estado”, explicaron.