Este lunes, Ximena Aguilera cumplió 12 días fuera de su cargo como ministra de Salud, pero eso no impidió que los efectos frente a los hallazgos de Contraloría sobre la cirugía exprés de su madre no llegaran. De hecho, lo hicieron. Y por partida doble.

El primer golpe lo dio el diputado y presidente de la bancada del Partido Nacional Libertario (PNL), Hans Marowski, quien anunció que la colectividad impulsará una acusación constitucional en contra de la exministra de Salud.

Esto luego de que el ente fiscalizador dirigido por Dorothy Pérez determinara, a través de un informe, que hubo gestiones telefónicas desde el Ministerio de Salud, específicamente del entonces jefe de asesores de Aguilera, Manuel Nájera, que habrían influido en la celeridad del procedimiento médico.

“Nosotros ya hemos evaluado la situación de la exministra y hemos decidido como bancada acusar constitucionalmente. Ya tenemos avanzando un texto y ya deberíamos tener las firmas que se necesitan para acusarla”, adelantó el parlamentario en un punto de prensa.

También enfatizó que “esto es por abusar de su puesto, por probidad y por la obligación, en caso de no haber estado al tanto, de denunciar a su asesor por haber incumplido sus deberes constitucionales, al dar prioridad a su madre por sobre personas que estaban antes en la lista de espera y requerían atención médica”.

Pero eso, dicho está, no fue lo único. El segundo golpe lo dio un grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) encabezados por la jefa de bancada, Flor Weisse, quien asistió la mañana de este lunes al Ministerio Público para ingresar una denuncia penal en contra de la exjefa de la cartera sanitaria, también en el contexto de la operación exprés.

En concreto, la denuncia es por presunto tráfico de influencias.

“En su momento, el ministro, el subsecretario, nos trataron de mentirosos, que no era efectivo, lo negaron todo. Pero felizmente la Contraloría General de la República, recientemente el 9 de marzo, emitió un informe en la cual nos da la razón. Acá claramente se faltó a la probidad administrativa. Aquí hay hechos que tienen que ser investigados por la justicia”, señaló sobre la denuncia el diputado Daniel Lilayú.

“Hemos concurrido ante el fiscal nacional para que inicie una investigación que pueda comprobar si hay hechos constitutivos de delito”, comentó por su parte la parlamentaria Flor Weisse.

Ante estas embestidas, eso sí, el exministro de Salud del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, optó por defenderla. Durante la última jornada escribió a través de sus redes sociales que “es una mala idea perseguir a la exministra Aguilera de salud. No hay mérito y es un equívoco político”.

Mientras que desde la oposición también la defienden de las críticas. Por ejemplo, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio afirma que " hemos dicho que todas las auditorías e investigaciones, antecedentes que se tengan sobre cualquier tema deben investigarse. Acá no hay ninguna defensa corporativa, lo que sí es que llamaría al actual oficialismo a que entiendan que se acabó el tiempo de campaña y ojalá nos podamos concentrar en que ellos respondan a la ciudadanía sobre las necesidades que hoy estamos viendo".

Asimismo, Raúl Leiva, diputado del partido socialista agrega que “no hay ningún elemento dentro del sumario administrativo que permita hacer una vinculación directa o algún tipo de participación por parte de la exministra Aguilera. Lo que se está haciendo aquí es un punto político. A nuestro juicio lo más importante es la auditoría médica, si ameritaba o no, llamados más o llamados menos”.

La escalada del conflicto

Todo empezó el pasado 26 de diciembre, cuando La Tercera dio a conocer que tres días antes -la mañana del pasado 23 de diciembre-, Lucía Sanhueza, madre de la entonces ministra de Salud, sufrió un accidente doméstico, por lo que fue trasladada al Hospital del Salvador en la comuna de Providencia.

Lo que hizo saltar las alertas es que 10 horas después ya había sido atendida e incluso operada.

Con todo, una semana después la exsecretaria de Estado se defendió y desde el Minsal y escudada por sus dos subsecretarios aseguró: “Quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor de 87 años, afectada por una demencia avanzada y que tuvo una fractura de cadera producto de una caída”.

Ahora, la semana pasada la Contraloría reveló lo contrario. A través de un informe, concluyó que “no se advierten motivos que justifiquen la intervención preferente de la paciente”, en relación a la coordinación con autoridades del hospital que realizó el jefe de asesores de la exsecretaria de Estado.

También determinó que la atención de la progenitora de la exministra fue mucho más rápida que el resto de los pacientes que estaban en el hospital esa jornada. Por ejemplo, para ser ingresado a urgencias el promedio era de 100 horas y para una cirugía hasta 14 días, sin embargo, su madre fue atendida y operada en 10 horas.