El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, sabe de acusaciones constitucionales. No solo porque es profesor de derecho constitucional sino que también porque ha defendido a ministros de estos juicios políticos.

En esta entrevista dice que habla como un ciudadano que ha seguido la discusión de la acusación contra el exministro Diego Pardow (FA). Si bien es cauto en no dar su veredicto, porque dice que eso le corresponde al Senado, critica el procedimiento de los diputados y llama al exministro a pedir perdón.

No haber informado oportunamente el error en el cálculo de las tarifas, ¿podría caber en una infracción al principio de probidad?

Eso es lo que debe decidir el Senado. Lo relevante es tener claro que aquí hubo una serie de reacciones en distintos organismos del Estado según sus atribuciones. Uno podría, como se alega en la acusación, pensar que había un derecho a recibir información de la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con esa interpretación. Pero podría ser que en el caso que nos ocupa ese deber lo debía cumplir la Comisión Nacional de Energía (CNE) o alguna de las empresas favorecidas. Este deber de información no siempre lo deben cumplir todas las personas de la misma manera, sobre todo en un sistema eléctrico complejo como es el chileno.

¿El proceso de la acusación ha sido bien llevado?

Hay una obligación, tanto de los diputados como de los senadores, de respetar los derechos de las personas en el ejercicio de sus atribuciones, pero hubo algunas decisiones que plantean la duda de si esos derechos fueron efectivamente defendidos. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Congreso obliga a extender hasta por un número de días determinado el plazo de la comisión y resulta que se acortó. Estas cuestiones de procedimiento no son formalismos, tienen que ver con que sea posible ejercer un derecho fundamental a un proceso justo y racional.

¿No es acaso Pardow, como jefe de ese ministerio, el responsable de lo que ocurra en las otras entidades que están bajo su mandato?

Él tiene una obligación de probidad y de eficiencia y de eficacia, pero de acuerdo a las atribuciones que le corresponden a la persona del ministro. Y la persona del ministro no puede cambiar, así como así, una tarifa que ha sido fijada por la Comisión Nacional de Energía. Reiterando la idea de que el exministro Pardow estaba obligado a la probidad, esa probidad que deriva en eficiencia tiene que cumplirse de acuerdo con la ley. Y lo que hacen los ministros es, respecto de los organismos descentralizados como la CNE. Fuera del ámbito jurídico de esta acusación, en mi opinión, el exministro Pardow debería pedir disculpas porque habiendo tratado de corregir este error, no logró corregirlo en el tiempo que hubiese esperado la ciudadanía. Él hace una defensa técnica, que es la que yo he leído, pero él debería pedirle perdón y disculpas a la ciudadanía.

¿Que no lo haya logrado en los tiempos pertinentes lo hace merecedor de la destitución?

Eso es algo que debe determinar el Senado. Es peligroso que se imponga la idea de que las decisiones técnicas, que están repartidas entre distintas atribuciones de organismos como la CNE o el Coordinador Eléctrico, pueden ser modificadas por simple voluntad de un ministro, saltándose los procedimientos legales en vista de un buen objetivo. Además tiene un efecto en que la deferencia a los procedimientos jurídicos por los que se debe regir la autoridad se rompería y también la deferencia a los organismos técnicos.

¿Se sentaría un mal precedente para la administración?

Sí, tiene muy malas consecuencias y yo creo que en este caso hay evidencia de que hubo, dentro de los procedimientos posibles, alguna acción del Estado para corregir este problema. Además, yo me pregunto, ¿por qué Transelec no publicó un aviso diciendo que existía este problema? ¿Cumplieron, por ejemplo, con la ley que obliga a informar a la superintendencia de hechos esenciales relativos a la actividad fiscalizante? Entonces, aquí hay responsabilidades compartidas cuando menos. Y lo que habría que ponderar como jurado es si es que la actividad del ministro fue cero o fue una actividad dentro de los márgenes de sus atribuciones, es decir, que trató de moverse en la dirección correcta.

Si lo entiendo bien, ¿si hubiese que reprochar algo a alguien, los responsables son otros y no el exministro?

Es que me llama mucho la atención que en esta acusación no se mencione que la CNE es un ente descentralizado. Esa es una cuestión esencial, porque los entes descentralizados no están sujetos a un control jerárquico, a la línea de mando o control centralizado.

El exministro es exalumno y académico de su facultad. ¿Qué le parece que en caso de condena no pueda volver a ejercer como docente?

Eso es muy duro. Al profesor Diego Pardow lo conozco desde que fue alumno. Él ganó su cargo como profesor por concurso público de oposición y antecedentes y creo que debe ser muy doloroso que se aplique esa sanción. Diego Pardow yo diría que no es la persona más simpática del mundo, tiene un perfil en lo que yo conozco más bien técnico, ha publicado muy buenos artículos, es un académico con un doctorado respetado, pero quizás en su defensa él no ha tenido la empatía porque ha estado tan involucrado en este asunto, de ponerse frente a la ciudadanía y decir: “yo traté de hacerlo lo mejor posible y me disculpo”. Con ese perdón, si es que el Senado así lo determina como jurado, quizá podría volver a donde yo creo que está su lugar, que es la academia.

Si fuese senador, ¿votaría a favor o en contra de la acusación?

No, yo no soy senador, soy un ciudadano. Los senadores cuando votan como jurado, votan como ciudadanos y eso no significa votar, a mi juicio, de acuerdo con las pasiones y la peor versión de nosotros mismos. Significa votar como una persona que medita tranquilo y con conciencia.