La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), enfrenta nuevamente un choque con el gobierno central, esta vez por el impacto económico que, dice, dejará la renuncia anticipada de Enjoy al casino municipal.

“Nuestra expectativa es sencilla: que el gobierno y especialmente Hacienda emitan una declaración pública donde se comprometan con Viña del Mar. Necesitamos una declaración, ya que tenemos experiencia escuchando palabras que luego se las lleva el viento”, declaró durante la tarde del lunes la alcaldesa. Y sumó: “Quiero ser clara: el gobierno tiene en sus manos dos medidas concretas que puede adoptar hoy día mismo; establecer una oferta mínima garantizada, que asegure, como la ley exige, los ingresos de la ciudad de Viña del Mar y, en segundo lugar, adjudicar una nueva licencia este mismo año, acelerando todos los plazos”.

No es la primera vez que la edil marca diferencias públicamente con La Moneda. La última había sido tras el megaincendio que afectó a la comuna en febrero de 2024, cuando cuestionó la lentitud en la entrega de ayudas y la falta de claridad en los planes de reconstrucción, pese a tener diálogo directo con el Presidente Gabriel Boric. En esa instancia, acusó que “las cosas no se resuelven ni se ejecutan solamente con voluntad”.

Ahora, este nuevo traspié se da porque el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) aprobó -por tres votos a favor, uno en contra y una abstención- la solicitud presentada por Enjoy para renunciar de manera anticipada al contrato que se extendía hasta 2036.

De esa sesión participaron en su gran mayoría personeros del Ejecutivo: la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, y la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, quienes votaron a favor del requerimiento de Enjoy. Mientras, el gobernador Rodrigo Mundaca votó en contra y la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, se abstuvo.

Si bien Enjoy continuará operando el recinto hasta 2028, la decisión supone un duro golpe para la Ciudad Jardín, ya que el municipio dejará de percibir cerca de 33 mil millones de pesos anuales, monto que según Ripamonti amenaza con provocar un descalabro financiero de gran magnitud y justo en su último año en la administración del municipio viñamarino.

Uno de los factores que detonaron la salida de Enjoy, justamente, fue la oferta económica presentada en la licitación de 2023, en la que la empresa comprometió entregar cada año a la municipalidad 831 mil UF ($32.609 millones). Ese dinero, han dicho desde Enjoy, solo pueden entregarlo por tres años más debido a su situación financiera.

Enjoy se trasformó en una de las principales fuentes de ingreso para la comuna. Con la nueva decisión, la empresa seguirá operando el casino durante los próximos tres años, periodo en el que continuará pagando el mismo monto anual al municipio, mientras la SCJ prepara una nueva licitación.

Mientras tanto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, encendió las alarmas afirmando que “los ingresos del Casino de Viña del Mar significan prácticamente entre un cuarto y un tercio del presupuesto municipal. Por tanto, es una amenaza directa a las finanzas de la comuna”.

Además, también levantó una crítica contra el Ejecutivo: “Me parece bastante discutible la conducta del gobierno, que defiende los intereses de la concesionaria permitiéndole precisamente poner fin a la concesión sin velar por el interés público”.

Otra figura del oficialismo que cuestionó la determinación del Ejecutivo fue el diputado Diego Ibáñez (FA), quien señaló que “la decisión se tomó desde Santiago sin considerar a quienes más se ven afectados, que son sus trabajadores”. A su juicio, “no podemos permitir que resoluciones administrativas, tomadas a espaldas de la comunidad, terminen golpeando a la clase trabajadora”. Y cerró con un llamado: “El futuro del casino debe garantizar estabilidad laboral, respeto a la trayectoria de sus funcionarios históricos y certezas para Viña del Mar”.

El diputado Andrés Celis (RN), a su vez, emplazó a la administración de la alcaldesa: “Con vacas gordas ya se han recortado sueldos de funcionarios; el municipio debe convocar a todos los parlamentarios, sin importar su sesgo político, para preparar a la comuna ante esta baja en el presupuesto.

Y agregó: “Cuando se llame a una nueva licitación no se espera que llegue la misma oferta, la reducción será significativa. Se extraña un liderazgo más activo por parte del municipio y, particularmente, de la alcaldesa”.