Un total de 18 seremis caídos suma el gobierno del Presidente José Antonio Kast desde que asumió el 11 de marzo. De eso van menos de 50 días. Una situación que ha puesto en alerta al oficialismo, especialmente porque da cuenta, en algunos casos, de una fallida revisión de antecedentes, pero en otro situaciones que se escapan de la responsabilidad del Ejecutivo.

Aunque desde el gobierno no tienen problemas en hacer una autocrítica por casos en que ha fallado el chequeo de antecedentes y se han nombrado autoridades que no cumplían con los requisitos, en otros casos se han producido bajas por arrepentimientos, o algunas situaciones de seremis que sí cumplen los requisitos pero terminaron saliendo por razones políticas.

Cuando se han producido los traspiés ya descritos se ha puesto la mirada en el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, y en el equipo a cargo del chequeo de antecedentes -y posterior nombramiento de seremis- liderado por Ignacio Dülger, y apoyado por Álvaro Bellolio y Víctor Valdés, quienes durante la campaña y hasta ahora han sido los principales encargados de chequear los antecedentes de las autoridades nombradas y prevenir que se generen cuestionamientos.

El diagnóstico interno general es que el número de seremis fallidos no es grande, que en otros gobiernos han ocurrido situaciones similares y que para la administración de Gabriel Boric fue más fácil debido a que en esa oportunidad los seremis se fueron nombrando por tandas, mes a mes.

Los casos complejos

Desde La Moneda reconocen, en algunos casos, equivocaciones al nombrar autoridades que no cumplían con los requisitos. Una de esas situaciones fue la seremi de Trabajo de Coquimbo, Viviana Torres, quien tuvo que abandonar el cargo el martes pasado por no poseer una carrera de diez semestres de duración, como se exige.

Otro caso en el que se fracasó con los requisitos fue en el de Nataly Cruz, nombrada seremi del Trabajo en Arica y Parinacota, pese a no cumplir con el mínimo de años de experiencia laboral requeridos para el puesto.

Algo distinto es lo que ocurrió con casos que excedieron la responsabilidad de Palacio, pues se nombró a autoridades que posteriormente renunciaron por “motivos personales”, pese a que cumplían los requisitos. En algunas situaciones desde el Ejecutivo dicen que ni siquiera hubo un decreto de nombramiento. Un caso fue el del actor Renato Münster, quien renunció al puesto de seremi de Cultura en la Región Metropolitana el 15 de abril, apenas un día después de haber sido presentado. Otro caso fue el de Patrick Dungan, de Energía en La Araucanía, cuyo nombramiento fue retirado tras haber desaparecido por tres días tras su presentación pública, sin tener contacto con el gobierno. En ambos casos desde La Moneda dicen que no hubo problema de chequeo, sino situaciones personales de los aludidos.

Otras situaciones fueron de autoridades que, si bien cumplían los requisitos y antecedentes, salieron por razones políticas. Por ejemplo, el 14 de abril renunció la seremi de Justicia de Antofagasta, Karina Trujillo, por haber sido abogada en causas de narcotráfico. Si bien en La Moneda dicen que ello no era impedimento, los cuestionamientos políticos que vinieron después provocaron que para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, fuera más conveniente que saliera del cargo para evitar un flanco.

Hay también casos en que las autoridades fueron presentadas en sociedad, pero tras ello surgieron cuestionamientos por antiguas publicaciones en redes sociales, evocando lo que le ocurrió, por ejemplo, a Nicolás Cataldo en la época de Boric, cuando se cayó de la Subsecretaría del Interior por tuiteos del pasado en contra de Carabineros.

Ahora ocurrió algo similar con Alexander Nanjarí, quien fue anunciado como seremi de Educación del Biobío, pero publicaciones del pasado terminaron por hacer caer el nombramiento. A través de una cuenta que ya no existe, el profesional respondía a un usuario que preguntaba si “10 años de diferencia es un problema?”, con un “10 años no son nada” y “mucho mejor si es más joven”. En esa ocasión el gobierno se defendió diciendo que su decreto de nombramiento aún no estaba ejecutado, con lo que en rigor nunca asumió. Tampoco se alcanzaron a publicar los decretos de Mauricio Montealegre (Obras Públicas en Tarapacá) o Hernán Silva (Seguridad Pública en Valparaíso).

Otro fallido nombramiento fue el de Jorge Salazar como seremi de Obras Públicas de Los Ríos. Tras haber sido presentado por la delegada presidencial Vicky Carrasco, las críticas por presuntas irregularidades mientras fue presidente del club Deportes Valdivia terminaron frustrando su llegada. A través de un breve escrito, la delegación también justificó que su decreto de nombramiento aún no se había producido. Algo similar ocurrió con la seremi de Educación de Los Lagos, Patricia Dinamarca. La delegación dejó sin efecto su arribo tras seis días en el cargo, coincidentemente después de que se difundieran antiguas publicaciones en sus redes sociales que hacían alusiones a apoyos al estallido social y un cacerolazo.

Mientras tanto, el viernes pasado dejó el cargo la seremi de Cultura de Aysén, Ángela Valdebenito, quien acusó episodios de “violencia digital” en su contra. En sus últimos posteos en redes sociales escribió que “jamás me rendiré; aunque caiga mil veces, mil y una me levantaré, porque tengo a Dios, a mi familia y a mis amigos como mi fuerza. Soy valiente, y no hay tormenta que no pueda resistir”.

El recuento de este medio suma 18 casos, pero desde el gobierno mantienen criterios distintos, por lo que su propio conteo es menor, teniendo en cuenta que en algunos casos no hubo un decreto formal de nombramiento. De todas maneras, no entregaron un número final.

El proceso de chequeo

En palabras simples, el proceso para nombrar seremis comienza con la confección de una terna tras un proceso deliberativo entre delegados presidenciales, partidos políticos y parlamentarios de las diversas regiones del país. Antes de esto ya se ha producido la negociación entre los partidos oficialistas -Partido Republicano, UDI y RN- que se disputan los distintos cupos.

Tras ello la terna es enviada a los ministerios correspondientes, donde se elige un nombre, el que es derivado a Presidencia para someterse a la revisión por parte de Dülger, Bellolio y Valdés. Ellos revisan diversos antecedentes -como causas penales, cuestionamientos éticos, deudas, entre otros- y en caso de tener dudas envían consultas a los potenciales nombrados. De haber reparos terminan bajando el nombre.