El titular de Vivienda, Iván Poduje, adelantó que “vienen nuevas denuncias en tres Servius regionales”. Esto, tras la solicitud de su cartera al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para interponer una acción penal contra dos entidades patrocinantes (EP), por irregularidades registradas en la reconstrucción del sector El Olivar.

A través de su cuenta de X, el secretario de Estado señaló este sábado que iniciarán “sumarios y querellas contra todas las personas que manchan el prestigio de esta institución y el compromiso de la enorme mayoría de sus funcionarios”.

Y es que, durante el pasado viernes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) extendió una petición al CDE para la interposición de una querella criminal contra Social Arquitectura y Uno a Uno SpA, entidades patrocinantes en el proceso de reconstrucción en El Olivar, afectado tras el megaincendio de 2024 en Viña del Mar.

Esta determinación surge como respuesta a la detección de una serie de irregularidades encontradas en investigaciones administrativas y técnicas. Entre ellas, el ministerio apuntó a posibles delitos de falsificación de instrumento público, fraude al Fisco, uso malicioso de instrumento falso, negociación incompatible, estafa, amenazas, tráfico de influencias y cuasidelitos por riesgo a la seguridad estructural.

Así, desde la cartera recalcaron que los informes de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) y del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (Idiem) corroboran la gravedad de las falencias estructurales en los inmuebles levantados para los damnificados por los siniestros.

En el documento, el Minvu reparó en la intervención de un ex director del Serviu de Valparaíso que en julio de 2024 suscribió un certificado de experiencia técnica que acreditaba 1.006 beneficiarios de la EP Social Arquitectura Ltda., distribuidos en 14 proyectos. Los antecedentes recabados determinaron que ninguno de estos últimos cumplía con la exigencia reglamentaria de estar concluido y aprobado a esa fecha, con varios de ellos todavía sin avances.

“Dicho certificado permitió a la entidad obtener fraudulentamente un aumento de categoría en el Registro Regional de Asistencia Técnica (CRAT), accediendo sin la experiencia real requerida a proyectos de alta complejidad valorados en 709.143,09 UF. Además, el ex director habría acompañado a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián en reuniones de adjudicación de proyectos habitacionales”, detallaron desde el Ministerio.

En esta misma línea, señalaron que una funcionaria habría revisado y aprobado módulos sociales de proyectos de Social Arquitectura en la plataforma de Asistencia Social del Serviu, omitiendo el deber de declarar su relación familiar con el socio y administración de la EP.

También, la investigación determinó que la EP Uno a Uno SpA “habría suscrito Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT),—esenciales para la ejecución de los proyectos urbanos y habitacionales— con el Minvu, omitiendo dos inhabilidades: vínculo matrimonial con funcionaria del Serviu Valparaíso y desempeño previo como funcionaria en el propio Minvu. La entidad intentó además recibir en cesión los proyectos de la EP Social Arquitectura”, según detallaron desde el Minvu.

Con base en las irregularidades detectadas, el Ministerio instruyó dos sumarios administrativos para establecer las eventuales responsabilidades de los funcionarios asociados a los hechos investigados. Además, la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo mandató el inicio de una auditoría interna con seis puntos de revisión, sobre los Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT) vigentes en todas las regiones.

“La medida responde a los hallazgos del caso El Olivar y a la detección de patrones de irregularidad que podrían replicarse en otras regiones”, argumentaron desde el Minvu.

Entre las aristas a inspeccionar se encuentran la veracidad y completitud de las declaraciones juradas contenidas en los convenios CRAT vigentes, las intervenciones de funcionarios públicos en procedimientos vinculados a entidades patrocinantes, el estado técnico de los proyectos en ejecución y las cesiones, traspasos y modificaciones de cartera de proyectos, entre otros factores.

Por último, desde la cartera de Poduje se refirieron a los recursos de protección interpuestos contra las medidas del Ministerio sobre demoliciones y paralizaciones de obras con deficiencias, recalcando que la Corte de Apelaciones de Valparaíso no ha revertido estas actuaciones.