Tras la solicitud por parte de los abogados de la Constructora San Sebastián, el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso resolvió como medida prejudicial probatoria solicitar el informe de una perito ingeniero o constructor civil. Esto en la pugna por la demolición de las casas construidas en El Olivar, en Viña del Mar.

El Ministerio de Vivienda (Minvu), encabezado por Iván Poduje, había iniciado la demolición de las casas reconstruidas en el sector por parte de la mencionada constructora al acusar que presentaban una serie de fallas estructurales.

En total, unas 170 viviendas serían las que el Minvu determinó que deberían ser demolidas o desarmadas en El Olivar: 56 cuatripareos de mayor avance, 84 cuatripareos con 44% de avance y 30 pareos simples con avance entre 22% y 27%.

Sin embargo, la defensa de la constructora, representada por el abogado Jaime Barrientos, solicitó al tribunal que se tomara como medida prejudicial probatoria una inspección personal del tribunal e informe de peritos.

Según detallaban en su solicitud, la demolición por parte del Minvu “producirá la destrucción irreversible de la evidencia material necesaria para acreditar el correcto cumplimiento contractual de mi representada y, al mismo tiempo, alterará ilegítimamente la carga de la prueba que corresponde al Serviu Valparaíso respecto de los defectos e irregularidades técnicas que imputan a esta parte”.

Por ello, se pedía “la inspección personal del tribunal respecto de las viviendas y obras ejecutadas al amparo de los contratos de construcción objeto de esta solicitud, así como la designación de peritos que informen acerca del estado actual de dichas viviendas terminadas y obras de construcción”.

Esto lo justifican en el hecho que “el Serviu posee legitimación pasiva para ser objeto de la medida prejudicial“ y por ”el riesgo de desaparición de las evidencias materiales para la prueba de hechos esenciales objeto del futuro". Además mencionan que habría una decisión ya tomada para la destrucción de las viviendas por parte del Minvu.

En ese contexto, el pasado 16 de junio, el juez Luis García del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso resolvió “que se hace lugar a lo solicitado, sólo en cuanto a que se decreta como medida prejudicial probatorio el informe de una perito ingeniero o constructor civil, respecto de los puntos señalados en la presentación, con citación”.

Desde la defensa de la constructora destacaron la resolución.

“Esta es una resolución favorable, en el sentido de que el ministro Poduje no puede continuar con su plan de demoler. Primero, porque se dice que está fuera de la ley, es contrario a derecho, y que su plan se sale de sus facultades, lo mismo para sus subalternos. Y segundo, para que se nombre peritos imparciales para determinar qué es lo que se construyó realmente y si coincide o no con lo proyectado”, señaló sobre el asunto Barrientos.

“La Constructora San Sebastián ejecutó exactamente el proyecto que el Serviu aprobó, y si se le ocurriese continuar con su plan de demoler, podría constituir abuso de poder. La responsabilidad del proyecto aprobado y ejecutado es responsabilidad exclusiva del Serviu”, añadió al respecto.

Luego de que se conociera la resolución judicial, el Minvu se refirió al asunto. “Dicha resolución solo señala que se resolvió como medida prejudicial probatoria solicitar el informe de un perito, ingeniero o constructor civil. El texto deja en evidencia que no se ha paralizado el proceso de demolición”, se lee en el comunicado público.

La cartera que lidera Poduje agregó que “los informes de DITEC del Minvu y IDIEM de la Universidad de Chile, confirman técnicamente la gravedad de las fallas estructurales de las viviendas construidas para los damnificados de los incendios que afectaron a El Olivar en Viña del Mar el año 2024, siendo deber del Estado resguardar la seguridad e integridad de las familias”.

*Esta nota fue actualizada luego de su publicación para hacer precisiones.