Luego del aplazamiento conocido en horas de la mañana, la tarde de este viernes finalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado por Iván Poduje, inició una nueva etapa del proceso de reconstrucción habitacional en el sector de El Olivar, en Viña del Mar.

Mediante un comunicado, desde el Minvu señalaron que el proceso contempla el comienzo paralelo de nuevas obras de construcción y de demolición de viviendas que presentan fallas graves.

Es justamente el derrumbe de las primeras casas el que derivó en una dura arremetida desde la empresa Social Arquitectura, que se ha visto enfrentada a la cartera previamente mediante una querella por la paralización anticipada de las obras de reconstrucción en el sector, tras el megaincendio que afectó a la Ciudad Jardín en 2024.

“Las cuatro casas cuya demolición está programada para el día de hoy (viernes) en El Olivar no tienen relación con las 56 respecto de las cuales se pronunciaron los informes que invoca el ministro; los informes de Ditec e Idiem”, dijo Erika Maira, abogada de la empresa.

En esa misma línea, apuntó que “tampoco son de aquellas respecto a las cuales se han interpuesto recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. No comparten el diseño estructural de las casas observadas, que son cuatripareos, tampoco comparten el uso de los paneles por los cuales se objetó y, en consecuencia, nos encontramos ante una demolición innecesaria y, además, absolutamente ilegal”.

Pero no solo eso. La abogada sostuvo que desde la entidad patrocinadora consideran la situación como parte de “un show mediático que el ministro necesita para sostener su autoridad”.

Minvu se defiende

Consultados por La Tercera, desde el Ministerio de Vivienda plantearon que “las 56 viviendas mencionadas por el ministro corresponden a los cuatripareos con mayor avance (entre 51% y 98%), que eran los casos más graves porque estaban próximos a ser entregados pese a presentar fallas estructurales, de diseño, norma sísmica y seguridad contra incendios”.

Y que “el proceso técnico completo determinó que son 170 las viviendas que deben ser demolidas o desarmadas en El Olivar: 56 cuatripareos de mayor avance, 84 cuatripareos con 44% de avance y 30 pareos simples con avance entre 22% y 27%”.

En respuesta a los dichos de Maira, dijeron que: “Es una falta de respeto hablar de show mediático ante una doble tragedia. Que pierdan su casa y que estuvieran a punto de recibir casas con graves fallas que las hacen inhabitables por inseguras, tal como ya ocurrió en San Antonio recientemente en que más de 250 familias llevan más de 10 años sin tener su vivienda, debido a que tuvieron fallas, las recibieron, las habitaron, las repararon en varias oportunidades e igualmente tuvieron que abandonarlas y fueron demolidas“.

Seremi: “Demoler también es proteger”

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz, en tanto, destacó que esta etapa busca avanzar en dos frentes: iniciar nuevas viviendas para familias damnificadas y retirar obras que no cumplen con las condiciones técnicas necesarias para ser entregadas como solución habitacional definitiva.

Según la autoridad regional, las viviendas que inician obras cuentan con los permisos correspondientes. “Queremos ser muy claros: las viviendas que hoy inician construcción cuentan con sus permisos de edificación o declaraciones juradas ingresadas ante la Dirección de Obras Municipales, conforme a la normativa vigente para zonas declaradas bajo catástrofe. Estamos iniciando obras con respaldo técnico, con permisos al día y con un estándar que permita entregar viviendas seguras y definitivas”, señaló.

En esta etapa, señalan desde el Minvu, se inicia la ejecución de trabajos en 12 viviendas del sector El Olivar: 4 corresponden a recontratación de obras y 8 a nuevos inicios de obra. Estas viviendas forman parte del plan de acción para atender a familias damnificadas cuyas obras o gestiones habían quedado paralizadas tras la detección de deficiencias graves en el diseño y posterior ejecución de obras, remarcan.

Respecto de la demolición, Ruiz sostuvo que se trata de una decisión difícil, pero necesaria. “Demoler también es proteger. Sabemos que demoler duele. Sabemos que esperar más, también duele. Pero más grave sería entregar una vivienda nueva con deficiencias estructurales, parches o dudas sobre su seguridad. El deber del Estado es proteger familias, no defender errores”, afirmó.

De acuerdo a información del Minvu, de las 170 viviendas a demoler solo 6 corresponden a casos cuyos propietarios se opusieron a la demolición y presentaron recursos de protección.