Señor director:

A fines de noviembre de 2014 se aprobó en el Congreso la Ley N° 20.808, orientada a proteger y garantizar, respecto de las personas que viven en edificios y condominios, la libre elección de las compañías que les proveyeran los servicios de Internet, cable y telefonía.

La norma mencionada tuvo como objetivo dar solución a una situación que se venía dando desde hace mucho tiempo en la gran mayoría de los edificios de nuestro país, y que básicamente consistía en la imposibilidad de los usuarios de elegir libremente la compañía de telecomunicaciones que fuese de su preferencia. Los argumentos que se utilizaban eran variados, siendo quizá el más común el que "por falta de espacio físico" solo cabían los cables de un proveedor en los ductos destinados a tales efectos.

Así, la ley se hizo cargo de este tipo de situaciones, estableciendo por ejemplo la prohibición de celebrar acuerdos de exclusividad entre la administración de un edificio y una determinada compañía de telecomunicaciones, además de obligar a que las futuras construcciones contasen con la capacidad necesaria para que diversos operadores de telecomunicaciones pudiesen suministrar sus servicios en condiciones competitivas, todo de conformidad con un Reglamento que se dictaría.

Dicho Reglamento, lamentablemente, todavía no ve la luz y, por consiguiente, la norma no ha tenido aplicación alguna.

Urge entonces que tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ambos encargados de dictar conjuntamente el Reglamento, hagan sus mejores esfuerzos con miras a acelerar su dictación: La gran mayoría de los edificios se siguen construyendo con ductos que permiten la presencia de un número limitado de compañías, perjudicando no solamente la libre elección por parte de los usuarios sino que también la libre competencia entre las compañías de telecomunicaciones.

Andrés Rodríguez Ariztía

Abogado