Roturas en las cámaras de seguridad, 33 puertas destrozadas, 40 balones de gas sustraídos, ocho  data shows perdidos, siete computadores y 12 parlantes dañados. Esos son algunos de los daños que logró catastrar ayer la Universidad Alberto Hurtado y que ocurrieron durante las tomas. Los destrozos fueron avaluados en $ 110 millones y los responsables aún no son identificados individualmente.

Dos meses estuvo bajo ocupación el plantel. Hace unas semanas los estudiantes bajaron la toma voluntariamente, según explicó el rector Eduardo Silva, pero decidieron retomarse el establecimiento cuando no llegaron a acuerdo con rectoría por el cierre de semestre. Ellos buscaban aplazarlo y cerrarlo con tiempo, pero rectoría ordenó terminarlo en plazos normales. En ese contexto el conflicto escaló y las autoridades del plantel ordenaron el desalojo del recinto.

El rector explicó que no haber aplazado el cierre de semestre generó molestia entre un grupo que calificó como minoritario. “La U. Alberto Hurtado no bajará su calidad. Este proyecto es serio y no vamos a aprobar cursos que no hayan rendido los estudiantes”, señaló.

La máxima autoridad del plantel remarcó que “se les dio la posibilidad de mandar sus trabajos y exámenes. Pero aún así hay una cantidad de alumnos que decidieron no hacer compatible su responsabilidad ciudadana con la académica y optaron por no entregar nada. No aprobamos a nadie que no haya rendido su ramo y tendrán que repetirlo”.

Se hará una investigación para determinar a los autores de los daños, pero lo principal para la casa de estudios es seguir con el segundo semestre -que empieza el próximo lunes- con normalidad.

Para Gustavo Orellana, presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Alberto Hurtado, estos daños forman parte de “una estrategia de criminalización hacia el movimiento estudiantil que ha encabezado rectoría durante todo este semestre”.

El dirigente universitario enfatizó su molestia por “la represión con que han actuado contra los estudiantes. A 1.200 alumnos se les puso nota 1 por haber respetado el paro indefinido y no acudir a rendir los exámenes”.

Respecto a este último punto el rector fue claro: “Todavía estamos estimando las notas, pero si una persona no va a dar su prueba o no entrega su trabajo, la nota 1 es la calificación que corresponde. Puede que haya muchos estudiantes que reprueben ramos, pero no es la mayoría”.

Orellana aseguró que por esta situación y por los “excesivos sumarios y la persecución política” se pidió la intervención del Mineduc y esperan su respuesta.

Silva confía que en el segundo semestre madure la discusión. “Así como el movimiento estudiantil se desprestigia con encapuchados y bombas molotov, las tomas desprestigian la causa por la que dicen luchar”, aseguró.

Además, agregó que a los daños se debe sumar $ 200 millones que costó montar una universidad paralela.  “El pregrado no es lo único. Había una serie de actividades de posgrado, de vinculación con el medio e investigación que debían seguir, como lanzamientos de libros, etc. Para que el resto de la universidad no se viera afectada arrendamos otras instalaciones”, remarcó el rector.