Asumiendo que la delincuencia comienza mucho antes de los 14 años, los Tribunales de Familia de San Bernardo y Puente Alto inauguraron –la mañana del lunes 4 de agosto- una sala especial para menores infractores de ley, la que tendrá un juez exclusivo que asumirá la totalidad de causas relacionadas con delitos y encabezará un proceso de seguimiento y atención interdisciplinaria de los menores.

Esta modalidad de trabajo fue inaugurado en San Bernardo por el Presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, magistrado Roberto Contreras, quien afirmó: "Tenemos que enfocar nuestro esfuerzo primero en realizar un diagnóstico y a partir de ello ver cuáles son las áreas deficitarias. De ahí, si está en nuestra área de facultades, lo enfrentaremos nosotros mismos. En el caso de que este fuera de nuestro alcance, pediremos a los otros Poderes del Estado y sus organismos que nos cooperen con recursos y profesionales para esta tarea".

Las medidas que se implementan desde son la asignación de un juez especial, quien  atenderá exclusivamente estas causas de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 11:30 horas; se programarán audiencias cada dos meses para supervisar la aplicación de los planes; recibir un informe con la situación familiar del menor, y dar a conocer si sus parientes tienen causas en los tribunales que puedan afectar su desarrollo.

En San Bernardo, la jueza especial Cecilia Hernández deberá hacerse cargo de las causas nuevas y de 74 que ya están en tramitación, de las cuales el 69% son hurtos y el resto robos, desórdenes, porte de armas de fuego, daños, lesiones e infracción a la ley de drogas. En Puente Alto la jueza es Cristina Mujica, quien deberá asumir 49 causas de este año.

La jueza presidenta del tribunal de Familia de San Bernardo, Alejandra González, explicó que "estos menores infractores son niños, pero potenciales jóvenes y luego adultos que cometen delitos, por lo que nuestro objetivo es frenar esta espiral delictiva en esta instancia.  Al tener un equipo especializado, podremos saber cuáles son sus necesidades, qué programas efectivamente pueden ayudarlos a salir de su situación vulneradora de derechos. El beneficio de tener un juez dedicado es que contaremos con un solo criterio para la toma de medidas y realizar un seguimiento real de los planes ordenados".