Mañana es la toma de posesión en Venezuela que da inicio a un nuevo periodo presidencial, y dos contendores se disputan el gobierno. A un lado está Nicolás Maduro, dictador en ejercicio que se niega a abandonar el Palacio de Miraflores. Al otro lado, Edmundo González, ganador de la última elección presidencial, pero a quien se le impide asumir el Poder Ejecutivo. Maduro tiene hoy el control total y efectivo del territorio venezolano, pero no goza de legitimidad alguna. González tiene toda la legitimidad necesaria para representar al Estado, pero sin mando territorial. La comunidad internacional tendrá que tomar una decisión: ¿a quién reconocer como el gobierno de Venezuela? El primer impulso, casi instintivo para los demócratas, es reconocer a quien tiene legitimidad democrática para gobernar. Sin embargo, la decisión es más compleja de lo que parece. El gobierno es quien representa al Estado y está autorizado para dar su consentimiento en nombre de él, incluyendo la autorización de intervenciones militares, la suscripción de tratados, el uso de bienes estatales o la acreditación de agentes diplomáticos. El gobierno es también el principal responsable de garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Por ello, tradicionalmente, el estatus gubernamental se ha mantenido en manos de quienes ejercen control efectivo sobre el territorio y desempeñan funciones administrativas. ¿Qué hacer, entonces, para resolver esta tensión entre principios democráticos y la realpolitik? Muchos países han adoptado posturas sui generis, donde denuncian la ilegitimidad de regímenes dictatoriales y apoyan a representantes democráticos, pero sin quitarle el estatus gubernamental al primero y otorgárselo al segundo. Esta postura, por ejemplo, fue la que tomaron los países europeos durante la era de Juan Guaidó. Es también, probablemente, la posición que tomará el Presidente Boric durante los próximos días. Es un camino seductor, pues tiene una cuota importante de pragmatismo sin claudicar en la defensa de la democracia. Sin embargo, en el caso venezolano, es un camino insuficiente. Edmundo González, a diferencia de Juan Guaidó, no es solamente un representante de la oposición democrática; es un líder electo con un mandato popular y constitucional para ejercer la jefatura de Estado. Por ello, corresponde reconocerlo como el único gobierno de Venezuela. El principio básico es que, si dos entidades reclaman estatus gubernamental, pero solo una de ellas tiene incuestionable legitimidad democrática y constitucional, se debe reconocer a esta última, incluso a falta de control territorial. El reconocimiento a González no significa, por supuesto, terminar todos los contactos con el grupo que ejerce el control de facto, puesto que ciertos “arreglos prácticos” son necesarios para la deportación de migrantes, la seguridad de bienes fiscales y la entrega de ayuda humanitaria. Sin embargo, sí significa quitarle a Maduro su estatus de gobierno, pues hoy usurpa el poder a través de la fuerza. Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado de Horizontal