Durante esta semana, entre los funcionarios del Senado ha reinado el nerviosismo.

Esto, porque el presidente de la rama del Congreso, Manuel José Ossandón (RN) viene socializando un borrador de un proyecto de ley que reforma los “supersueldos” del personal del Poder Legislativo.

Incluso, Ossandón le pidió ayuda al Presidente Gabriel Boric -a través de la ministra Segpres, Macarena Lobos- para el patrocinio de la iniciativa, pues necesariamente requiere la venia del Poder Ejecutivo ya que incide en la administración y en las finanzas de la Nación.

En ese contexto, los funcionarios del Senado enviaron una carta en la que detallan que en una asamblea extraordinaria entre las tres asociaciones y, por la unanimidad de los presentes, acordaron “expresar su rechazo completo” al borrador de iniciativa legal de la Presidencia del Senado que “fija una nueva escala de remuneraciones al Congreso de la República”, ya que se trata de un documento elaborado “apresuradamente”.

Junto con ello reprochan que la iniciativa “no cuenta con asesoría jurídica especializada, que presenta graves problemas de diseño legislativo, que desconoce las particularidades del trabajo de los funcionarios del Congreso Nacional y carece de los antecedentes técnicos para fundar una medida que, a todas luces, menoscaba y afecta gravemente las remuneraciones de los funcionarios de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional”.

Más adelante, agregan que “el borrador del proyecto de ley presentado por la Presidencia del Senado realiza comparaciones erradas sobre funciones públicas diferentes -la función política y la profesional del Estado - que se sustentan en mecanismos de selección distintos, sujetas a normas de control de las mismas y orientadas por principios diametralmente diferentes, por lo que no son ni pueden ser objeto de comparación como lo hace en sus fundamentos el mencionado borrador”.

Finalmente, acusan que el contenido que socializó Ossandón “no se sujeta al mecanismo de trabajo acordado”.

Esta situación, a consideración de los funcionarios “ha ocasionado un debilitamiento de las confianzas necesarias que deben existir en las relaciones bilaterales entre las asociaciones y la autoridad política de la corporación”.