Debido a la pandemia del coronavirus -que hoy confirmó otros 2.852 contagios- la autoridad sanitaria estableció distintas restricciones para contener la propagación del virus, entre ellas, la cantidad de personas que puede reunirse en un establecimiento. Este concepto de aforo fue un tema que también debió considerarse para la realización de la primera sesión de la Convención Constitucional este lunes.

La presidenta y vicepresidente del órgano, Elisa Loncón (constituyente mapuche) y Jaime Bassa (Distrito 7), se habían reunido esta mañana con el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, y el secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, Francisco Encina, para abordar, entre otros temas, aspectos técnicos y sanitarios de esta primera sesión: “Hay cuatro lugares que están disponibles para nosotros y vamos a cumplir con todos los aforos de acuerdo a los que se exige. Los cuatro espacios ya están identificados y conectados”, había adelantado esta tarde Loncón.

A lo que Pavez agregó que “para la sesión de hoy, también nos pusimos a disposición, junto con el personal del Congreso y de la Cámara de Diputados, para poder asistir a los convencionales del punto de vista de cómo llevar adelante la sesión de hoy. Estamos disponibles para asistir, junto al personal de la Cámara de Diputados y del Senado también si lo quiere, el apoyo técnico para esta primera semana, por lo menos. La sesión está convocada para hoy y, en ese sentido, nosotros necesitamos que la convención funcione y vamos a disponer lo necesario para que eso suceda”.

La propuesta entonces era que 80 convencionales estuvieran presentes en el hemiciclo del exCongreso y en otras tres salas se designarían a 25 personas en cada una, contactándose telemáticamente a la sesión en Sala. Pero la forma en que se iban a organizar por salas generó los primeros roces entre los convencionales.

A esto se sumó que ya había pasado un hora y media desde la hora convocada para esta primera sesión (15.00) y ésta aún no había comenzado. De a poco algunos convencionales comenzaron a salir y a dar a conocer que no estaban las condiciones “técnicas ni sanitarias” para poder llevar a cabo la reunión. Situación que motivó a la mesa directiva de Loncón a suspender el encuentro y aplazarlo para mañana a las 10.00.

En un principio, las primeras informaciones apuntaron a que este atraso se habría debido a un atraso en la llegada al exCongreso de algunos constituyentes, pero luego se denunciaron complicaciones en la habilitación de las instalaciones y la organización de ubicación de cada uno de los miembros.

Algunos convencionales comenzaron a apuntar al gobierno como responsable de que no estuviesen las condiciones técnicas requeridas para el correcto funcionamiento de la instancia. Incluso desde la oposición pidieron la renuncia de Encina y del ministro de la Segpres, Juan José Ossa.

Fue entonces cuando la constituyente Alondra Carrillo (D12) comenzó a transmitir en vivo desde el hemiciclo y acusó que no se habían habilitado las salas aledañas al plenario ni los equipos para sesionar.

A la salida del edificio, Jorge Baradit (D10) manifestó que “el gobierno de Chile sabía hace seis meses de las condiciones que había sobre el Covid, y el día de hoy no tenía funcionando las cámaras, no tenía funcionando los computadores, no tenía decidido nada para que se pudiera operar (...), no fue capaz de dejar listo micrófonos, computadores ni salas habilitadas para que esta segunda sesión pudiera funcionar”.

“Se suspendió al sesión de hoy. No estaban las condiciones. No estaban los micrófonos, las salas no estaban habilitadas. No había conexión. Debido a esto y las condiciones de aforo, retomaremos mañana a las 10 am”, dijo, por su parte, Felix Galleguillos Aymani, constituyente atacameño.

“Yo creo que el gobierno nos debe una explicación, no a nosotros, sino que a todo el país, de por qué fue imposible, respetando las normas sanitarias, la convención sesionara hoy”, dijo Fernando Atria (D10, independiente RD). Al igual que otros miembros de la Convención, advirtió que “no habían conexiones de audio, video y streaming” para esta sesión.

Alejandra Flores, representante aymara comentó que “las salas aledañas no cuentan con los servicios. Están recién instalando los circuitos de televisión. Cómo pueden suceder esas cosas a última hora. Lamentablemente uno piensa que hay mala intención porque han tenido todo el tiempo desde que fuimos electos convencionales para tener las condiciones mínimas y eso no ha sucedido. Lamentable porque somos de regiones y estamos haciendo un gran esfuerzo y este era un día importante. No era responsabilidad nuestra, nosotros estuvimos aquí a la hora para sesionar. El gobierno no cumplió con dar las condiciones”.

Beatriz Sánchez (D12, independiente RD) también apuntó al Ejecutivo: “Creo que aquí hay responsabilidad del gobierno y del ministro de la Segpres, porque no estaban dadas las condiciones”.

También se sumó el exministro Marcos Barraza (D13, PC), quien señaló que “el funcionamiento en plenaria implica deliberar colectivamente y eso no es posible cuando una sala no se conecta con otra sala. Además se estaría incumpliendo el protocolo en materia Covid. Por eso se acordó la suspensión. Hubiese sido irresponsable mantenerla”. Asimismo, apuntó a una responsabilidad “política y administrativa” del gobierno.

Por su parte, Arturo Zúñiga (D9, UDI) manifestó que “estando acá, con más de una hora de retraso, la mesa nos pide someter a votación si sesionábamos todos en el hemiciclo. Yo, como exsubsecretario, intercedí porque no estamos por sobre la ley, no podemos votar si estamos o no por sobre las normas sanitarias. En ese sentido solicité que la sesión se suspendiera hasta que se habiliten las distintas oficinas”.

Agregó que “no estaban las condiciones para trabajar, así que no entiendo por qué nos citaron. No sé si esta citación fue corroborada entre la mesa y el gobierno. Es una situación que se pudo haber previsto. Ojalá mañana se pueda solucionar. No sé si fue problema de la mesa o del gobierno, pero le fallamos a la ciudadanía porque no pudimos trabajar hoy”.

Rodrigo Logan (D9, independiente), aseguró que “debemos reconocer que no podemos estar echándole siempre la culpa al otro, si nosotros también tenemos que hacer algo. Y hoy fue un tema técnico y sanitario”.

En tanto, Carol Bown (D15, UDI) afirmó que no se estaba respetando la distancia social, y que no estaba listo el sistema de streaming ni los micrófonos. “La secretaría técnica dice que se le advirtió a la mesa; pero eso no quita que el sistema debió haber estado funcionando hoy porque hace mucho tiempo sabíamos que empezaba a funcionar la Convención. Por lo tanto tendrá que asumir sus responsabilidades”.

La exsubsecretaria de la Niñez dio además detalles de la sesión: “Elisa Loncón quiso poner en votación si seguíamos sesionando o no, y muchos dijeron que no se podía, y Arturo Zuñiga le señaló que le parecía muy preocupante que se planteara la opción, porque todas las autoridades deben someterse a la normativa sanitaria y dar el ejemplo”.

Mientras que Alfredo Moreno (D17) advirtió que “hay una irresponsabilidad inmensa por parte del gobierno, especialmente de la secretaría técnica. Más que pedir la renuncia, creo que el gobierno debe hacerse cargo y si considera que debe un cambio del secretario es tema de ellos, pero sí deben hacerse responsable de este problema”.

Más duros fueron desde el Colectivo de constituyentes del PS, desde donde pidieron la renuncia del ministro Ossa. Pedro Muñoz Levia (D24, PS) afirmó: “El colectivo socialista solicita la renuncia del ministro Ossa por el notable abandono de deberes y las repetidas faltas de disposición hacia la Convención, responsabilizamos al gobierno de Sebastián Piñera por el permanente desinterés hacia el funcionamiento de la convención. Expresamos nuestro apoyo a la mesa y exigimos al gobierno al resolución inmediata de lo solicitado. Incluso llego a pesar personalmente que esto es un sabotaje”.

Claudio Gómez (D6, independiente PS) acusó que “no pudimos funcionar porque no estaban las condiciones técnicas, no funcionaban los micrófonos, no estaban habilitados los sistemas de audios de las otras salas (...). La sesión quedó suspendida. Dudo de aquí a mañana se puedan implementar las condiciones técnicas, pero al menos mañana nos reuniremos a las 10.00 para hacer un sorteo respecto a cómo nos vamos a dividir en cuatro salas”.

Mientras que Bárbara Sepúlveda (Distrito 9 de Apruebo Dignidad), aseguró que “aquí hay responsabilidades de tipo administrativo que le corresponden a Encina y al subsecretario Pávez, pero también responsabilidades políticas que le corresponden al ministro Ossa”.

Minutos más tarde, los convencionales de Apruebo Dignidad, mediante un comunicado también exigieron la salida de Ossa.

“Exigimos que este gobierno entregue las explicaciones del caso a la Convención Constitucional y a todo Chile respecto a la negligente gestión del presupuesto de más de 850 millones de pesos destinados a la habilitación de los espacios de trabajo. Exigimos, además, se tomen todas las medidas extraordinarias necesarias para que los espacios estén habilitados en las condiciones antedichas a primera hora de mañana, así como que se hagan valer las responsabilidades políticas sobre el ministro Ossa mediante su renuncia inmediata y las responsabilidades administrativas del subsecretario Pavez y del funcionario Encina”, sostuvieron.

Representantes de la Lista del Pueblo, en tanto, realizaron una vocería en la que descartaron sesionar mientras no hayan condiciones para que las sesiones sean transmitidas abiertamente. Además se comprometieron a recuperar la jornada.

Durante esta sesión, los miembros de la Convención debían comenzar a discutir el reglamento que regirá a la instancia. Sin embargo -y como ya lo adelantó el domingo la testera tras asumir su rol-, sería el proyecto de indulto para los detenidos en el marco del estallido social el tema que se esperaba que marcara los primeros minutos.

Ya este domingo Bassa afirmó que, si bien la constituyente no tiene las facultades para acelerar la tramitación del proyecto, sí emplazó al Legislativo y aseguró que desde la Convención “vamos a empujar el proyecto de ley de indulto, para que efectivamente las personas que están privadas de libertad por razones políticas recuperen su libertad lo antes posible”.

Un tema que retomó Loncón ad portas de esta segunda jornada de instalación de la Convención: “Nosotros en este momento tenemos el problema de los presos de la revuelta (...). Hay que hacer una discusión entre toda la Convención para ver qué solución damos a esa situación”, dijo.

Consultada si esto enredaría el proceso, respondió que “nosotros no estamos entrampando ningún proceso, estamos haciendo una discusión de profundización de la democracia”.

Bassa también aseguró que para aprobar la declaración relativa al indulto se requeriría la mayoría de la Convención, y que el periodo de instalación del organismo demoraría entre dos a tres meses.