Horas después de que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendiera el proyecto que reformaría el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Frente Amplio (FA) criticó la modificación propuesta por el gobierno de José Antonio Kast, afirmando que busca anular las garantías fundamentales de las personas.

Durante una sesión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que se realizó la mañana de este miércoles, el secretario de Estado promovió la iniciativa de La Moneda y rechazó las críticas que la acusan de dañar la democracia.

Ante esto, el partido de oposición presidido por Gael Yeomans apuntó a que el proyecto “no es una casualidad ni un mero ajuste técnico; es la manifestación de una convicción ideológica profunda”.

En un extenso comunicado dado a conocer en redes sociales, la tienda además afirmó que “la visión del gobierno y sus aliados es que la defensa y garantía de los derechos humanos no constituye una responsabilidad prioritaria del Estado, sino que la ven meramente como un obstáculo para el ejercicio del poder”.

Para luego asegurar que al intentar desmantelar el organismo, el Ejecutivo muestra su rostro como un “Estado que busca expandir su margen de coacción mientras abdica de su deber fundamental de proteger a la ciudadanía y rendir cuentas”.

“Estamos frente a un proyecto de corte autoritario que busca anular las garantías fundamentales de las personas”, apuntó el texto que también señala que mientras el gobierno trata de avanzar en reformas para otorgarle al Estado un mayor uso de la fuerza, además “busca desmantelar instituciones autónomas que son contrapesos frente a vulneraciones de derechos”.

De la misma forma, la colectividad progresista argumentó que eliminar la facultad del INDH para presentar querellas criminales no es modernizar, sino que es restarle herramientas para impulsar investigaciones y exigir justicia, lo que es fundamental para las víctimas.

“Reducir su capacidad de acción significa dejar en abandono a personas que han sufrido graves vulneraciones a sus derechos”, sostuvo.

En su comunicado también hizo referencia a la reducción del número de integrantes del consejo del INDH, como también a los recortes presupuestarios y la reducción de personal, en especial en regiones, y como esto reducirá su autonomía y la capacidad de fiscalización, lo que se traduce en menos protección a las personas.

“Mientras que en el gobierno del Presidente (Gabriel) Boric impulsamos una comisión asesora para una reforma al INDH, compuesta de forma transversal por todos los sectores políticos, que concluyó 44 recomendaciones, de las 42 fueron acordadas de forma unánime entre referentes de izquierda y derecha, el gobierno de Kast busca destruir el organismo sin previa consulta social ni técnica”, indicaron al respecto.

Asimismo, el FA recordó que INDH nació como recomendación del Informe Rettig y de “un acuerdo transversal tras la dictadura; pertenece a Chile y no a un sector político. Por su diseño, esta reforma es democrática e institucionalmente inviable”.

“No permitiremos que se reduzca la protección de los derechos humanos a un debate de élites: impulsaremos una estrategia social y comunicacional para transformar la defensa del INDH en una causa masiva y ciudadana, porque la protección ante el abuso de poder afecta el día a día de cada familia en todo el país”, afirmaron.

El llamado a la acción del FA

La tienda opositora terminó haciendo un “llamado a la acción” a diferente estamentos, partiendo por el gobierno, al que se exigen retirar la urgencia del proyecto, junto con “mostrar voluntad democrática y hacerse parte del diálogo real que se viene dando hace años con las organizaciones de derechos humanos, las víctimas y la sociedad civil”.

Y, por otra parte, solicitaron a los parlamentarios “rechazar de manera decidida esta iniciativa autoritaria”, junto con ofrecer poner a disposición de las bancadas su equipo técnico y jurídico para fundamentar el rechazo en la discusión legislativa, desde su Comité de Derechos Humanos.

Asimismo, a las organizaciones y a la ciudadanía las convocaron a escribir y exigir participar del debate en la Comisión del Congreso encargada de revisar el proyecto, “visibilizando la voz de los territorios y exigiendo frenar este retroceso”.

Para cerrar su comunicado pidiendo a los organismos internacionales competentes “dirimir si esta propuesta potencia o vulnera los estándares e instrumentos internacionales que Chile suscribió”.