Un sillón vacío y una lustrosa campanilla dorada sin dueño lucían este mediodía a la cabeza de la mesa de la Comisión de Constitución del Senado.

Luego de que el comité del Socialismo Democrático (que reúne al PS, al PPD y al Partido Liberal) decidiera remover de la presidencia de esa instancia al senador Pedro Araya (PPD) por sus acercamientos con el Gobierno, el ambiente estaba tenso al inicio de la sesión autoconvocada por los parlamentarios integrantes de la comisión.

De hecho, antes de que el secretario de este espacio legislativo, Rodrigo Pineda, diera inicio a la reunión en nombre de “Dios y la Patria”, predominaba el silencio y los senadores asistentes casi no se cruzaban las miradas.

Las primeras en llegar fueron las senadoras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC), junto a su par Vlado Mirosevic (PL), quien fue designado como integrante de Constitución en reemplazo de Araya.

El mismo senador liberal fue elegido presidente de la comisión, con los votos de él y de las dos legisladoras opositoras.

Con este cambio de mano, la oposición ahora podrá manejar los ritmos de la tramitación de proyectos en esta estratégica instancia del Congreso, por donde pasan cambios al sistema de justicia, a leyes penales y a la Carta Fundamental, además de varios nombramientos, como los de ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.

En el Gobierno había preocupación de que con este cambio la oposición más dura bloqueara desde esta instancia la tramitación de iniciativas cruciales de la agenda de seguridad, por ejemplo, la misma reforma constitucional contra el crimen organizado suscrita por Araya junto a los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicano).

También había dudas por la “insistencia” de la rechazada reforma migratoria, que permite ampliar las detenciones de migrantes en situación irregular.

Preocupado por el escenario, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se acercó ayer a la senadora Vodanovic, quien al menos le transmitió que no trabarían la discusión de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), que está próxima a ser despachada.

De hecho, en una de sus primeras medidas, Mirosevic accedió a que el próximo miércoles se pueda dar la revisión final de la reforma a la RPA. Ese mismo día también se iniciaría el debate del proyecto que establece ajustes al sistema de Defensoría de Víctimas.

Al asumir como presidente de Constitución, el senador liberal también fijó cuál será su forma de relacionarse con el Ejecutivo. “Aquí tenemos que trabajar colectivamente, se tiene que escuchar la voz de la oposición por el bien del país, pero eso no significa que vamos a negar ni la sal ni el agua, ni mucho menos como se ha dicho estos días. Pero lo que sí es muy importante es que se va a hacer un trabajo de manera colectiva con la oposición, no solo individualmente. Quizás esa es la gran diferencia con lo que habíamos visto en el último tiempo. Busquemos acuerdos, pero acuerdos grandes, no individuales”, remarcó Mirosevic.

Contraataque oficialista

Pese a este llamado, en contra de la asunción del liberal se manifestaron los senadores Longton (RN) y Squella (Republicano), quienes acusaron que este cambio, realizado a espaldas del mismo Araya y aparentemente sin consultar a la directiva del PPD, rompía el pacto administrativo, que dispone la rotación de cupos en comisiones legislativas y también en la presidencia y la vicepresidencia del Senado.

“(Con esta votación) nos notificamos de que está desahuciado ese acuerdo. Por lo tanto, vamos a tomar las decisiones que estimamos pertinentes, tanto en la mesa del Senado en los años sucesivos, como también en las presidencias y las integraciones de las distintas comisiones”, dijo Longton.

“No se está respetando la palabra. Nosotros teníamos un acuerdo a principio de año, donde todas las bancadas integrábamos, de alguna manera, algún rol en la parte administrativa del Senado, en el trabajo que se iba a hacer durante los próximos 4 años, y se decidió romper”, añadió Squella.

De prosperar la amenaza de Longton y Squella, ello pondría en riesgo la elección, en marzo de 2027, del senador Alfonso de Urresti (PS), a quien le correspondería asumir la presidencia de la Cámara Alta.

Este cuadro de incertidumbre y tensión inevitablemente se mantendrá hasta el próximo año, ya que se abrió un período de nuevas negociaciones.

Sin piso en la derecha

No obstante, a pesar de la molestia en el oficialismo, que es compartida por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, no todos en la derecha están de acuerdo con poner en jaque el pacto de gobernabilidad a partir de un conflicto en una bancada opositora.

De hecho, tras la sesión del martes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), salió al paso del ruido de sables que generó la remoción del senador Araya, debido a sus acercamientos con el Gobierno.

Núñez tomó con cautela la escalada de declaraciones. “Esto no vulnera el acuerdo administrativo, porque el acuerdo fue respecto de los comités... Fue sin nombre y apellido el acuerdo”.

Si bien una de las plantillas muestra que aquel pacto era nominativo en algunos casos (de hecho, aparece el nombre de Araya en la presidencia de la Comisión de Constitución), Núñez insistió en que había otro documento que estaba abierto a las definiciones de cada comité.

Consultado por la interpretación de la presidenta de la Cámara Alta, Longton defendió que el pacto sí era nominativo en el caso de Araya y agregó que Núñez “no tenía toda la información”.

El problema de la estrategia para defender a Araya es que la bancada de la UDI también acordó en el almuerzo del martes no mezclar la pugna del Socialismo Democrático con el pacto administrativo.

“Cada uno arregla sus temas al interior y verá cómo se rigen las presidencias en cada sector. Nosotros no nos metemos en esta discusión que existe hoy día en la oposición. Respetamos los criterios que ellos tienen, así como no nos gustaría que ellos se metieran en decisiones que nosotros podamos tomar en el futuro”, señaló el senador y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Sanhueza.

Este tema, además, fue conversado por el mismo De Urresti con sus pares Javier Macaya (UDI) —quien asumiría en la presidencia del Senado en 2028— y Núñez (RN). Ellos le transmitieron que el episodio no debiera afectar el pacto administrativo.

El acuerdo administrativo y de gobernabilidad del Senado fue precisamente el que permitió que Núñez llegara a la presidencia de la corporación en marzo de este año. Con ello, además, se estableció una rotación equitativa en las comisiones legislativas, salvo en Hacienda, que durante tres años tendrá predominio del oficialismo. Estas instancias son cruciales para fijar el ritmo de tramitación de los proyectos de ley.

Según ese acuerdo, el próximo año la presidencia del Senado recaería en un legislador del PS (De Urresti); luego, en 2028 pasaría a manos de la UDI (Macaya) y en 2029, de Evópoli (Luciano Cruz-Coke).

Escala tensión

Por parte del Socialismo Democrático, el jefe de ese comité, Juan Luis Castro (PS), expresó que, desde el punto de vista de su sector, tampoco estaba en entredicho el pacto administrativo y recordó varios episodios en que los integrantes de comisiones han sido removidos por acciones disciplinarias de sus bancadas.

Esta discusión se prolongó el miércoles en la tarde a la Sala, donde diez senadores usaron la palabra para referirse exclusivamente a la remoción del senador Araya, quien fue respaldado por Vanessa Kaiser (libertaria), Enrique Lee (independiente RN), Rodolfo Carter (indep. republicano), Matías Walker (indep. Evópoli), Manuel José Ossandón (RN), además de Longton y Squella.

Sorpresivamente, también solidarizó con él su compañera de bancada, Ximena Órdenes (indep. PPD), quien cuestionó la forma en que se materializó la remoción. “Me preocupa la decisión de haber removido al senador Pedro Araya… Si bien esta determinación puede ajustarse formalmente a las disposiciones reglamentarias..., considero que su adopción no resguardó adecuadamente las formas de entendimiento, diálogo y confianza que deben existir al interior de un comité político como el nuestro. Las formas en política sí importan”.

En defensa de la decisión del Socialismo Democrático salieron el senador Francisco Huenchumilla (DC) y el propio Castro.

Al final intervino la senadora Claudia Pascual (PC), quien, si bien dijo que no pretendía usar la palabra, expresó su molestia por las declaraciones de Arturo Squella, que, a su juicio, confirmaban que existió un veto en contra de su partido y otras fuerzas políticas al momento de conformar el pacto administrativo.

“Ahora me explico muchas cosas. Me explico por qué algunos comités o algunos senadores y senadoras de otras identidades no fuimos incluidos en las conversaciones desde un principio”, dijo Pascual, sembrando más dudas sobre cómo votarán los senadores de su grupo cuando tenga que renovarse la mesa del Senado. De hecho, algunos ya se restaron de la elección de Núñez en marzo.

En los minutos previos, el senador Squella, había justificado por qué Araya aparecía con nombre y apellido en el acuerdo. Explicó que fue aceptado porque daba garantías para la derecha. Y como ejemplo, dijo que si al senador Daniel Núñez (PC) “lo hubieran sugerido por parte de las otras bancadas como presidente para la Comisión de Constitución, probablemente los partidos oficialistas habríamos dicho: ‘No estamos de acuerdo’”.