Política

Gobierno logra despachar a ley la megarreforma, pero guerra entre alcaldes se extenderá al Tribunal Constitucional

Por 27 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó la norma que establece un mecanismo de compensación a los municipios que sufrirán una merma por la exención de contribuciones. La oposición acusó que la fórmula crea una distribución desigual, por lo que hicieron reserva de constitucionalidad.

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Esta vez sí hubo abrazos entre los ministros. El más sonriente era el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien pocas veces da muestras de alegría.

Ante la presencia de dos “barras” rivales, integradas por alcaldes de los principales bloques políticos que llegaron a las tribunas, el Senado aprobó el último artículo pendiente del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Por 27 votos a favor y 22 en contra se aprobó esta disposición, que requería 26 respaldos. Se trataba de una norma que establece un mecanismo de compensación fiscal a los municipios que sufrirán una merma en sus ingresos producto de la exención en el pago de contribuciones a mayores de 65 años.

Aunque aún está abierto el proceso en el Tribunal Constitucional y el Ejecutivo ya anunció que ingresará este miércoles un paquete de vetos para corregir y borrar algunos artículos que no fueron del pleno gusto de La Moneda, con este paso, la emblemática iniciativa gubernamental ya culminó su tramitación legislativa regular.

El último punto en debate, sin embargo, crispó el ambiente en la sala y dividió a los alcaldes, que incluso reaccionaron con pifias y aplausos a algunas intervenciones. Tras la votación, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (Frente Amplio), a gritos increpó a Quiroz, por lo que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ordenó su desalojo.

Puntualmente, los jefes comunales de la oposición calificaban la fórmula ideada por el Ejecutivo como injusta, desigual y aberrante, ya que le entregaba mayores recursos a los municipios con mayor espalda financiera como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.

Por su parte, los alcaldes del oficialismo defendían la medida, ya que les permitía a todos poder cumplir con sus compromisos. El mecanismo impuesto por una mayoría oficialista en una comisión mixta garantizaba a cada municipalidad mantener los mismos ingresos que tenían hasta antes de la megarreforma, mediante aportes del Tesoro Público.

Estas posturas volvieron a ser remarcadas antes del inicio de la sesión de la Cámara Alta, en ruedas de prensa que sostuvieron por separado los alcaldes a favor y en contra de la fórmula de compensación.

A pesar de que el gobierno pretendía culminar el trámite regular de la megarreforma el 22 de julio, ese día tuvo que pedir que se aplazara la votación ante ausencia y el repentino desmarque de algunos legisladores del propio oficialismo.

Sin embargo, tras gestiones desplegadas por los ministros Jorge Quiroz, Claudio Alvarado y José García, además del propio Presidente José Antonio Kast, el martes en la mañana el Ejecutivo terminó de asegurar los respaldos necesarios para aprobar esta norma sobre platas municipales.

Los últimos votos en ser amarrados fueron los senadores Matías Walker (independiente asociado a Evópoli) y Pedro Araya (PPD), quien volvió a desmarcarse de la oposición.

“Chile comienza nuevamente a crecer. Vuelve a abrir las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso, volvemos a abrir las puertas a la expectativa de desarrollo personal y familiar a la expectativa de mayor posibilidad de empleo a los jóvenes, a los adultos, a los hombres y mujeres”, dijo Quiroz.

“Sabíamos que había un grupo importante y numerosos alcaldes que no querían esta compensación, pero el gobierno queda tranquilo porque a partir de la aplicación de la ley todos los habitantes de nuestro país a lo largo y ancho del territorio nacional vivan donde vivan, bajo la comuna en que estén van a recibir esos recursos”, añadió Alvarado.

Nueva acción ante el TC

No obstante, es probable que la discusión de este artículo no se cierre en el trámite legislativo. A petición de sus alcaldes, con quienes se reunieron a la hora del almuerzo, los senadores de oposición, a través de Claudia Pascual (PC), subjefa del Comité Unido, hicieron reserva de constitucionalidad.

Esa jugada implicaba que las bancadas opositoras, ya sea de la Cámara o el Senado, podrían presentar un nuevo requerimiento al Tribunal Constitucional, aunque de todos modos esta norma debe ser revisada obligatoriamente por tratarse de un cambio a la Ley Orgánica sobre Municipalidades.

“Es una posibilidad (recurrir al TC)”, dijo el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), al llegar al almuerzo con los senadores, que solo necesitan 17 firmas para presentar un cuarto requerimiento.

En la cita también participaron las alcaldesas de Quinta Normal, Karina Delfino (PS); de Valdivia, Carla Amtmann (Frente Amplio); y de Valparaíso, Camila Nieto (Frente Amplio), además de su par de San Ramón, Gustavo Toro (DC), entre otros.

Una alternativa menos severa que un requerimiento sería presentar un oficio con un Téngase Presente dirigido a los ministros del TC, advirtiendo vicios de constitucionalidad al no responder a los principios que consagra la Carta Fundamental.

“Estamos evaluando colectivamente las acciones al respecto. Efectivamente la propuesta del gobierno es injusta y regresiva. (Con ello) el IVA que pagan los vecinos de Putre, Cabo de Hornos o Isla de Pascua, donde prácticamente no hay ningún beneficiario de la exención de contribuciones, irá a compensar a los 22 mil propietarios que dejarán de pagar impuestos en Las Condes. Esto constituye una injusticia territorial en la distribución de los recursos”, comentó el senador Diego Ibáñez (Frente Amplio).

El requerimiento incluso podría ser presentado por una cuarta parte de los miembros de la Cámara (39 firmas).

“Eventualmente podría haber un cuarto requerimiento respecto de la regla de los tributos municipales”, señaló el jefe de bancada de los diputados PS, Raúl Leiva.

Pelea municipal

Aunque los alcaldes de grupos rivales se saludaron al encontrarse en el Senado, cada bando tomó asiento en lugares distintos de las tribunas.

El ambiente estaba tan candente que ayer que corría con fuerza el rumor de que la Asociación Chilena de Municipalidades (Amuch) iba a sufrir un cisma.

Sin embargo, el actual presidente de la asociación y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN), intentó poner paños fríos. “En todas las familias, en todas las asociaciones, en todas las actividades, hay momentos complejos... ¿Quién no tiene diferencia con un hermano? Aquí lo importante es saber sobreponerse, aquí lo importante es valorar la diferencia, es aprender, sacar lo mejor de cada uno y seguir trabajando con los vecinos de cada una de las comunas. Los alcaldes administramos realidades, los alcaldes conocemos los territorios y estoy seguro que a partir de mañana volvemos a trabajar todos unidos por la unión del municipalismo", dijo.

La alcaldesa Delfino (PS), consultada respecto de la idea de crear una nueva asociación, señaló que “está dentro de las posibilidades, armar otra estructura en la cual nos podamos agrupar”. “Para nadie es una novedad que hemos tenido una diferencia profunda... Es muy trágico lo que está pasando, porque hemos visto desplegados a alcaldes de las comunas de Las Condes, Zapallar, Papudo, Colina, que son de las comunas más beneficiadas con esta mala propuesta por parte del gobierno”, agregó la jefa comunal de Quinta Normal.

Vetos

Por lo pronto, el gobierno ingresará este miércoles tres vetos supresivos.

En las reuniones de comité político del lunes en la mañana en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast y sus ministros resolvieron que objetarían tres normas: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) el impedimento de cobro de intereses sobre intereses (anatocismo); y 3) los ajustes para garantizar el pago a 30 días para las pymes.

Estos vetos se discutirán la próxima semana en la Cámara y el Senado.

No obstante, una vez superado este trámite excepcional en el Congreso, el megaproyecto también debe sortear la etapa del TC, que hasta el momento está revisando tres requerimientos presentados por la oposición (dos de los diputados y uno de los senadores).

Igualmente el Tribunal Constitucional debe dar el visto bueno a un grupo de artículos que implican cambios a leyes orgánicas que obligatoriamente deben ser revisadas, entre ellas, la norma que se aprobó sobre fondos municipales.

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