A pesar de varias postergaciones, amenazas de la izquierda y otros ruidos políticos, el optimismo predominaba este miércoles en el gobierno luego de que Presidente José Antonio Kast por fin ingresara su megaproyecto, que contempla desde ajustes tributarios, fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria, medidas de contención del gasto público hasta fondos para reconstrucción de Valparaíso y el Biobío.

Era tal el optimismo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (indep.) afirmó que esperaba que el proyecto fuera despachado en mayo por la Cámara y que en junio culminara su tramitación en el Senado.

“Estamos pensando que idealmente el proceso de aprobación en la Cámara quede terminado el 20 de mayo y que ojalá que esto quede totalmente despachado durante junio. Es fundamental iniciar la segunda mitad del año con este proyecto aprobado y con el país poniéndose en marcha”, dijo en un punto de prensa en el Congreso.

Esa nueva estimación reducía incluso los tiempos que se había impuesto inicialmente en La Moneda, donde sus ministros hablaban de septiembre como un plazo realista.

Si bien en la mañana del miércoles, el gobierno sufrió un revés y no pudo acotar la tramitación en la Cámara (finalmente pasará por las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo), la confianza de Quiroz se basaba en el éxito de gestiones previas, que había realizado personalmente, además de otras negociaciones desplegadas por los titulares del Interior, Claudio Alvarado (UDI) y de la Secretaría General de la Presidencia, José García (RN).

Hasta ayer en la mañana ya estaban comprometidos los votos de los 14 diputados del PDG y dos independientes (Jaime Mulet y René Alinco), además de las bancadas de derecha (republicanos, la UDI, RN, socialcristianos y libertarios).

Ese apoyo era una situación inédita en el Congreso, ya que por lo general los parlamentarios suelen dar su respaldo una vez conocido el texto. Sin embargo, en este caso, el gobierno ya había asegurado un piso de aprobación del orden de 92 votos para la idea de legislar (también llamada votación en general) de un proyecto que ni siquiera había ingresado. Es más, esa votación recién se realizará en dos o tres semanas más.

En el Ejecutivo, incluso, aspiraban a hacer crecer ese piso al centenar de diputados, ya que aún hay conversaciones en curso con la DC y los liberales.

De hecho, ayer en la tarde, Alvarado -quien el martes sostuvo al menos dos reuniones con diputados DC-, se volvió a juntar con ellos, pero esta vez con el presidente de esa colectividad, Álvaro Ortiz.

Este viento a favor fue mencionado por el propio Presidente Kast, en una actividad realizada pasadas las 7.30 de la mañana, tras firmar la propuesta que ingresó horas después por la Cámara.

“Quiero agradecer la buena disposición de varios diputados independientes que han sido parte del diálogo que hemos tenido durante estos días. La buena disposición del Partido Nacional Libertario, con quien tuvimos también buenas reuniones e intercambio de opiniones. Y la disposición para llegar a un acuerdo del Partido De la Gente, después también de conversaciones y de revisar punto por punto el proyecto y de ver qué cosas hacia futuro se pueden ir mejorando”, dijo en su alocución.

Además, el Mandatario planteó que “si bien es un proyecto importante para nuestro Gobierno, es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación. Es un proyecto que, de aprobarse, puede marcar un antes y un después en el desarrollo de nuestra patria”.

Acuerdo con el PDG

Una pieza clave en la estrategia del Ejecutivo fue el acuerdo que cerraron los ministros con la bancada del PDG, que anunció su respaldo al menos a la idea de legislar (no así al articulado en particular) luego de que Hacienda se comprometiera a entregar beneficios por la compra de medicamentos, pañales y la mantención de un estatuto tributario especial para las pymes.

Si bien ese acuerdo fue confirmado por el jefe de los diputados del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, el miércoles en la mañana, tras una reunión con el ministro secretario general de la Presidencia, José García (RN), representantes de esa bancada sellaron el pacto con Quiroz en dos reuniones, una realizada el lunes y otra el martes. En aquellas conversaciones también estuvo involucrado Alvarado.

En todo caso, la diputada Pamela Jiles (PDG), rescató especialmente el papel del ministro García, quien a su juicio fue un puente para que Hacienda acogiera estas medidas que serían incorporadas en un futuro proyecto.

En todo caso, las conversaciones con el PDG venían ya desde hace semanas, por contactos del equipo del ministro de Hacienda, con recados que fueron transmitidas al líder de esa colectividad, Franco Parisi.

Molestia de libertarios

Ese paso, sin embargo, tuvo un coletazo indeseado. La bancada del Partido Nacional Libertario le reclamó al Ejecutivo y a los diputados republicanos no haber sido incorporados debidamente en las negociaciones, ya que varias de las demandas del PDG, como el estatuto de las pymes, también eran levantadas por ellos. En cambio, el gobierno optó por darle el triunfo al partido de Parisi.

Esa molestia se tradujo en el repentino desmarque de los diputados libertarios, que decidieron no participar de la votación en la Cámara en la que se zanjó el itinerario de tramitación del megaproyecto.

Si ellos hubieran votado, la iniciativa solo habría sido revisada por la Comisión de Hacienda, como pedía el ministro Quiroz. En cambio, ahora deberá pasar necesariamente por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, que en todo caso, deberán sesionar en forma simultánea.

Para calmar los ánimos, Quiroz anunció que los libertarios serán incluidos en las conversaciones para armar el nuevo proyecto para las pymes y los cobros de medicamentos y pañales.

Por tal razón, ese revés del miércoles en la mañana terminó siendo minimizado por el oficialismo, ya que el gobierno igualmente tendrá el control de estas comisiones para evitar dilaciones de parte de la oposición.

Resistencia opositora

Con ese escenario legislativo favorable para el gobierno, el bloque opositor quedó con un reducido margen para frenar o rechazar el proyecto. Ello se tradujo en un inmediato endurecimiento de los discursos, ya ahora la apuesta sería tratar de ganar la batalla en el plano comunicacional o bien en el Tribunal Constitucional

En una muestra de ese endurecimiento, las bancadas de izquierda y algunos DC, como el diputado Patricio Pinilla, que no comparten necesariamente las negociaciones con el Ejecutivo, presentaron cinco reservas de constitucionalidad, a modo de sentar precedentes para una o varias impugnaciones contra el megaproyecto ante el Tribunal Constitucional. Entre los puntos cuestionados figuran el carácter misceláneo del texto -que emula prácticas legislativas de Donald Trump en EE.UU. y Javier Milei en Argentina-, la invariabilidad tributaria y supuestas faltas a la probidad de los ministros que se verían beneficiados con las rebajas de impuestos que contempla la iniciativa.

Ese punto fue reflotado por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien acudió a la Comisión de Hacienda, para anunciar que una de las enmiendas que presentará al proyecto intentará restringir los beneficios tributarios a los ministros y parlamentarios.

Su propuesta fue recogida por los diputados Jorge Brito (Frente Amplio) y Boris Barrera (PC), quien detalló que oficiarán al Servicio de Impuestos Internos para indagar la situación tributaria de los integrantes del gabinete.