Por segunda semana consecutiva venció la urgencia de discusión inmediata (máximo de 6 días para despachar la iniciativa), con la que La Moneda pretendía apurar la discusión del proyecto que tipifica el ingreso clandestino de migrantes al país.

La moción, surgida de un grupo transversal de diputados de derecha, entre ellos el actual senador Andrés Longton (RN), eleva a rango de delito la migración por pasos no habilitados o evadiendo controles, con la pena de presidio menor en su grado mínimo (hasta 540 días) y una multa de 11 a 20 UTM.

Esta idea fue particularmente resistida por la izquierda y el anterior gobierno, por lo tanto, la celeridad que le dio la actual administración del Presidente se convirtió en una de sus medidas más controversiales en el plano legislativo.

El problema del actual Ejecutivo es que la primera discusión inmediata, presentada el 17 de marzo, ya no se cumplió porque las comisiones del Senado no estaban constituidas. Por lo tanto, sin la conformación de la Comisión de Gobierno este proyecto -alojado en esa instancia- no pudo avanzar.

El 24 de marzo, La Moneda volvió a renovar la premura de un plazo máximo de seis días, pero esta urgencia también venció debido a que esta semana hay un receso por trabajo regional.

Si bien el gobierno pretende reactivar su presión la próxima semana, hay otro factor que podría alargar la incertidumbre en torno a esta controversial y emblemática iniciativa, que fue comprometida por el Presidente Kast en su campaña.

Según el pacto administrativo del Senado, que se tradujo en una distribución equitativa de comisiones, al menos por este año, la instancia de Gobierno, quedó en manos de la oposición, en particular de su nueva presidenta, la senadora Danisa Astudillo (PS), representante de la Región de Tarapacá.

Cuando Astudillo era diputada, en el período anterior, se abstuvo al igual que la mayoría de los legisladores socialistas, por considerar que la moción podría transformarse en un problema más que en una solución para frenar la migración irregular. El argumento en contra es que al tipificar como delito el ingreso clandestino se puede judicializar el caso alargando la presencia del inmigrante irregular en el país.

Aunque la propuesta considera en esos casos privilegiar la reconducción inmediata hacia la frontera sin necesidad de un juicio, en el mismo debate aparecieron otras dudas: qué hacer con los menores de edad y qué pasará si el migrante es detenido, ya que no hay capacidad carcelaria ni hay centros de reclusión adaptados para ese objetivo.

3 a 2 abajo en la comisión

La presidencia de la comisión es clave a la hora de controlar la tramitación legislativa, pues el titular de este espacio legislativo puede decidir los tiempos de discusión y la priorización de iniciativas. De hecho, hasta el momento, no existe ninguna citación para reactivar su discusión.

Desde marzo de 2025, la Comisión de Gobierno era presidida por la senadora Paulina Vodanovic (PS), quien nunca puso en tabla el proyecto, que además no contaba con ningún tipo de urgencia.

Esto representa un primer obstáculo para las pretensiones de La Moneda, pues deberá abrir puentes de conversación con la senadora Astudillo y acordar una calendario de tramitación.

“Esto debe convertirse en ley con urgencia. Es una materia prioritaria para el control fronterizo y espero que sea puesta prontamente en tabla para una discusión seria que permita enfrentar este grave problema, cuyo epicentro está precisamente en Tarapacá, pero cuyos efectos se extienden a todo Chile”, dijo el senador Renzo Trisott (republicano), representante de la Primer Región y también integrante de la Comisión de Gobierno.

Por el momento, La Moneda volverá a renovar por tercera vez la urgencia en la sesión de sala del martes 7 de abril y que, en términos de los apoyos que necesita en el Senado, apelará a representantes del Socialismo Democrático para visar la iniciativa.

Precisamente, la comisión tiene a dos senadores de ese espectro político: además de Astudillo, está Ricardo Celis (PPD). El resto de los integrantes son Esteban Velásquez (FRVS) y los oficialistas Renzo Trisotti (republicano) y Miguel Becker (RN).

A pesar de la presión gubernamental, la Comisión de Gobierno solo podría discutir la iniciativa el miércoles 8. En el mejor de los casos para el Ejecutivo, la comisión podría despachar el proyecto a la sala esa misma jornada. Sin embargo, esa posibilidad se ve lejana.

El pleno, a su vez, podría discutirlo la semana del 13 de abril. En ese escenario, sin embargo, el gobierno debería renovar, por cuarta vez, la urgencia para obligar a la Cámara Alta la continuación del debate.