Tras seis años de una tirante tramitación legislativa, el Senado aprobó y despachó a ley los últimos puntos pendientes que quedaban de la reforma al Sistema Notarial y Registral.

La iniciativa, también llamada ley de notarios, conservadores y archiveros, moderniza y transparenta el proceso de nombramiento de estos funcionarios que actúan como testigos de fe y resguardan documentación privada y pública.

Sin embargo, la etapa final de discusión de este proyecto estuvo marcada por un duelo institucional entre la Cámara de Diputados y el Senado, a raíz de la situación del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), que se transformó en el último nudo de la discusión.

La institución del conservador capitalino -que en realidad está compuesta por tres conservadores- hoy atiende a 26 comunas metropolitanas, por lo que la apuesta de los diputados era desbloquear la división de su jurisdicción, que hoy solo se puede hacer mediante reforma legal.

Los senadores, en cambio, eran mayoritariamente contrarios a dividir al CBRS debido a la complejidad técnica que implicaba desarticular una institución, que, a juicio de ellos, funcionaba bien.

La mixta

Debido a esta discrepancia entre ambas ramas del Congreso, ese tema, junto a otros nudos de la discusión fueron derivados a una comisión mixta, instancia conformada por cinco senadores y cinco diputados, que tenía como misión alcanzar una fórmula de acuerdo.

En la mixta, los senadores se abrieron a dividir al Conservador de Santiago, con la condición que ello se hiciera bajo estrictos requisitos, por ejemplo, contar con informes vinculantes del Poder Judicial.

Sin embargo, una vez que culminó el trabajo de esta instancia de conciliación legislativa, los diputados acusaron que el informe de la mixta no recogía fielmente lo que se había acordado.

Por ello, cuando el proyecto sobre notarios y conservadores se puso en tabla, la mesa de la Cámara, a requerimiento del diputado Leonardo Soto (PS), con la anuencia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), resolvió no ceñirse exactamente al esquema de votación propuesto en el informe de la comisión mixta. En vez de tres votaciones, los diputados solo realizaron dos votaciones.

La jugada de la Cámara, que fue respaldada por todas las bancadas, se tradujo en el rechazo del régimen especial para el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Con ello, el CBRS podrá ser dividido mediante un decreto del Presidente de la República, al igual que otras instituciones registrales del país, lo que desarmaría su gigantesco y millonario modelo de gestión. Se estima que mensualmente los ingresos del CBRS superan los mil millones de pesos.

Este hecho molestó transversalmente a los senadores, lo que dejó a ambas ramas del Congreso al borde de una guerra institucional.

Incluso, hubo veladas advertencias, según admiten parlamentarios, de que las autoridades de la Cámara estaban dispuestas a denunciar una presunta adulteración de documento público por el hecho de que el informe no recogía lo que se había acordado en la comisión mixta.

El Senado, por su parte, mandató al secretario de la corporación, Raúl Guzmán, para tomar contacto con su par de la Cámara, Miguel Landeros, con el fin de buscar una salida al conflicto. Sin embargo, los diputados se negaron a retroceder, a pesar de que el hecho de no apegarse al procedimiento de votación era algo inédito en la historia reciente del Congreso.

El TC

Ante el riesgo de que esta controversia legislativa terminara ventilándose en tribunales de justicia, el Senado congeló su reclamo, pero igualmente dejó en suspenso la votación final del proyecto, hasta este martes.

Conscientes de que ya no había alternativas para revertir lo obrado por la Cámara, el Senado se ajustó al procedimiento de tres votaciones propuesto por la mixta simplemente con gesto simbólico.

Sin embargo, en representación de sus pares, el senador Pedro Araya (PPD) pidió a la corporación, que se acordara la presentación de un requerimiento al Tribunal Constitucional, al menos para dejar constancia de la gravedad del hecho.

“El problema ya no es el conservador de Santiago... Lo que hizo la Cámara, bien o mal o con desconocimiento, no quiero juzgar intenciones, altera la forma de votación y producto de la alteración de la forma de votación se termina desvirtuando absolutamente el acuerdo que alcanzó la mixta”, dijo Araya.

El secretario del Senado, no obstante, advirtió que las posibilidades de éxito en el TC eran bajas, ya que no se apreciaba claramente alguna infracción constitucional. “Efectivamente, en la última reunión de comités se planteó la posibilidad (de ir al TC) frente al defecto que se produjo en la tramitación de este informe de la comisión mixta y que se evidenció acá en el Senado... toda vez que también esta norma debe ser objeto de control de constitucionalidad. (Pero) hemos revisado tanto la competencia del tribunal como también los fallos que ha dictado sobre la materia y, particularmente, en aspectos relativos a defectos procedimentales durante la tramitación del proceso legislativo que no afecten normas constitucionales. (Y en esos casos) el tribunal estima que carece de competencia para aquello”, dijo Guzmán.

Pese a ello y a que tampoco hubo unanimidad, Araya, con el apoyo de algunas senadoras como Paulina Núñez (RN) y Paulina Vodanovic (PS), pidió a la sala pronunciarse si presentaban un requerimiento al Tribunal Constitucional.

“Es complejo que unilateralmente la Cámara haya cambiado la forma que se acuerda en la comisión mixta. Yo respetuosamente difiero de la interpretación del secretario de la Corporación. A mí lo que no me parece es que validemos una interpretación y una actuación unilateral de la Cámara de Diputados, sentando un precedente en la alteración de las normas”, dijo, por ejemplo, Vodanovic (PS).

Esa petición de Araya, sin embargo, fue rechazada por 21 votos en contra, 2 abstenciones y solo 12 a favor.

En subsidio, la alternativa era que un grupo de trece senadores igualmente recurriera al TC, a modo particular. No obstante, al término de la sesión, varios promotores de esta ofensiva se declaraban resignados, desechando la posibilidad de presentar un requerimiento.

Con ello, el duelo institucional entre ambas ramas del Congreso se terminó por inclinar en favor de la Cámara.

Modernización

Esta reforma integra la agenda de modernización del Estado impulsada por el gobierno.

Si bien la idea de generar un nuevo sistema de fedatarios (ampliando los prestadores de este servicio a municipios u otras entidades públicas, como el Registro Civil) fue desechado en el trámite legislativo, la nueva ley establece procesos de selección de notarios o conservadores mediante Sistema de Alta Dirección Pública. También limita el tiempo de ejercicio en el cargo a los 75 años, fijar tarifas máximas para las diligencias notariales e incorporar fiscalización efectiva a través del Servicio Nacional del Consumidor, Sernac.

Tras la votación el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, valoró que “se votara el informe de la comisión mixta de manera muy transversal y, además, de manera prácticamente unánime a favor, terminando con esto una larga tramitación de un proyecto de ley que es bastante anhelado, tanto para el sistema de justicia y también para los ciudadanos y ciudadanas”.

“Este proyecto de ley va a permitir realizar cambios en el sistema notarial y registral que son muy importantes para toda la ciudadanía: establece requisitos mínimos para la prestación del servicio, horarios claros de funcionamiento, medidas respecto al tipo de soporte digital que tienen que tener y, por cierto, modifica y fortalece la fiscalización a las notarías, archiveros y conservadores de todo el país”, precisó el ministro.