Tras las elecciones, una ventana de tiempo se abrió para la discusión de reformas al sistema político, esencialmente para mejorar la gobernabilidad y evitar la fragmentación del Congreso.

De manera soterrada, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), y los principales partidos representados en el Parlamento tomaron contacto para evaluar la posibilidad de reactivar y acelerar un paquete de proyectos que ya están en trámite.

La idea es poder sacar una agenda de cambios políticos que pueda estar aprobada entre diciembre y el 11 de marzo de 2026. Además, eventualmente se podrían sumar otras solicitudes para regular el límite a la reelección o permitir la renuncia de parlamentarios.

No obstante, esta agenda que ha sido trabajada por Elizalde con las bancadas de senadores del PS, la UDI, Evópoli, RN y algunos PPD contempla en lo medular fortalecer el rol de los partidos y de los comités, en desmedro de los legisladores independientes y díscolos, además de subir las exigencias para la conformación de nuevas colectividades.

Una de estas reformas, coordinada por el senador Alfonso de Urresti, pero patrocinada por un grupo transversal, contempla un cambio a la Constitución para establecer un umbral mínimo del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para que los partidos políticos puedan participar en la distribución de escaños en la Cámara de Diputados.

Junto con ello, incluye la cesación inmediata del cargo para los parlamentarios que renuncien al partido que declaró su candidatura o realicen cambios de afiliación política incompatibles con su lista de elección, siendo reemplazados por el ciudadano designado por dicho partido.

Aunque una parte de esta reforma solo podría operar para las elecciones de 2029, la pérdida del escaño por una renuncia sí podría entrar en vigencia en el próximo período. Además, existe una apertura para modificar el tema del umbral. En vez de quitarle el escaño a un legislador electo, cuyo partido sea disuelto por no cumplir los requisitos de existencia, la norma podría obligar a ese parlamentario a asociarse a una tienda de la misma lista en la que salió electo. Con ello se quiere evitar, por ejemplo, que un diputado o senador que salió elegido con votos de un pacto de izquierda decida cambiarse a una bancada de derecha, o viceversa.

Si bien este proyecto tuvo una rápida tramitación en el Senado, entre diputados existe una fuerte resistencia. En todo caso, esta iniciativa ya se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara y su votación está pendiente en la sala.

En paralelo, el gobierno, que tenía dudas de la efectividad de la reforma de los senadores, ingresó un proyecto complementario que modifica leyes orgánicas constitucionales

La propuesta del Ejecutivo tiene tres aspectos: aumento de requisito para la conformación de partidos (por ejemplo, fijar ocho regiones discontinuas como mínimo para constituirse, en vez de tres continuas); reconocimiento legal de los comités parlamentarios, y la obligación del parlamentario de integrar un comité.

Esta reforma fue aprobada, en su primer trámite, tanto en la Comisión de Gobierno Interior como en la sala del Senado. Con ello retornó a esta misma comisión para su discusión en particular.

Otras reformas

También hay otras iniciativas, como la que presentó el diputado Jaime Mulet (FREVS), para permitir la existencia legal de federaciones de partidos.

Los diputados del comité PPD-independiente pretenden promover un cambio para que legisladores que no puedan ir a la reelección puedan renunciar a su cargo para postularse como alcaldes.

Algunos jefes comunales también han contactado a sus parlamentarios para que el límite a la reelección (máximo tres períodos) no afecte a quienes deseen postularse por otra comuna.

Algunos legisladores sostienen que se podría hacer “un pack” de reformas que puedan despachar en la ventana de tiempo que hay hasta el 11 de marzo de 2026.

Entre los parlamentarios aseguran que pondrán el pie en el acelerador a contar de diciembre.