“¿Y quiénes pensaban que después de esto me iba a ir para la casa? Les tengo una mala noticia: eso no va a pasar”, advirtió la expresidenta Michelle Bachelet en el acto de desagravio y homenaje realizado en el Teatro Municipal de La Pintana, tras el retiro de su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El nuevo papel en la política chilena que podría desplegar la exmandataria se suma al que también está ejerciendo el expresidente Gabriel Boric, quien, a siete meses de dejar La Moneda, retomó una activa participación en los eventos de su partido, el Frente Amplio, y comenzó a levantar una voz crítica contra del gobierno de José Antonio Kast, sobre todo en temas de política exterior, como la adhesión al Escudo de las Américas.

De hecho, en un acto poco usual para el perfil que suelen tener los expresidentes, Boric y Bachelet emitieron una declaración pública en contra de esa iniciativa liderada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que molestó en La Moneda, ya que eventualmente rompía códigos con quien ejerce como jefe de Estado.

Ante el inicio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 y en respuesta a los eventuales planes de Boric y Bachelet, quienes hipotéticamente podrían volver a postular a cargos de elección popular, la bancada de diputados de la UDI acordó fijar restricciones, a través de glosas, al menos a los gastos operacionales (asignaciones para personal, oficinas y traslados) de los expresidentes de la República, ya que ellos reciben además una dieta, que, en términos legales, constituye renta y, por lo tanto, ya es un ingreso que cae dentro del ámbito privado.

Presupuesto de continuidad

Según el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda, los dineros para los cuatro expresidentes vivos ascienden a $915.746.000, lo que equivale aproximadamente a $19 millones mensuales para cada uno, incluyendo dieta ($8,5 millones) y asignaciones ($10,5 millones).

El monto para 2027, levemente superior al de 2026, es básicamente un presupuesto de continuidad, considerando los respectivos reajustes. Actualmente, los expresidentes Boric, Bachelet, Eduardo Frei y Ricardo Lagos tienen una dieta de $8,2 millones y un tope de gastos operacionales de $10,3 millones.

La cifra, sin embargo, es una señal del Ministerio de Hacienda de no innovar y de no querer entrar en la polémica que se dio el año pasado respecto de los recursos que se entregan a los exmandatarios, que, a ojos de algunos legisladores de derecha, eran excesivos, en vista de la edad de Boric y de los bajos requisitos con los que gozan para rendir dichos fondos ante el Senado.

Por un antiguo acuerdo político, ya que antes los expresidentes pasaban a convertirse en senadores vitalicios, el presupuesto de los exgobernantes quedó dentro de la partida del Congreso, especialmente dentro del programa de la Cámara Alta.

Sin embargo, la reforma constitucional que eliminó a los senadores vitalicios solo aseguró el pago de las dietas. Las asignaciones para los exmandatarios, en cambio, son parte de la discusión presupuestaria anual y, por ende, podrían ser rebajadas o derechamente suprimidas en la discusión legislativa.

Fines proselitistas

Con las potestades parlamentarias que ofrece la tramitación del Presupuesto 2027, la UDI pretende al menos ponerle restricciones a ese gasto.

El subjefe de la bancada, Sergio Bobadilla (UDI), junto con el integrante de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Eduardo Cretton (UDI), anunciaron que presentarán una indicación para prohibir que los recursos que reciben los expresidentes puedan ser utilizados “con fines proselitistas”.

Bobadilla y Cretton manifestaron su preocupación por el uso que se le estaría dando a las asignaciones, que técnicamente son dineros públicos y no necesariamente fondos privados.

“Durante mucho tiempo ha existido una regla en nuestro país, que si bien no está expresamente incorporada en una ley, se entendía conocida y respetada por todos: que los ex mandatarios no utilizan su condición ni los recursos que reciben del Estado para intervenir activamente en la contingencia o financiar actividades de carácter político. Pero lamentablemente, en las últimas semanas hemos visto cómo los expresidentes Boric y Bachelet decidieron romper esa tradición, asumiendo un protagonismo político que nos lleva a cuestionar hasta dónde corresponde que sus gustos sean financiados con los recursos de todos los chilenos”, señala una declaración firmada por ambos parlamentarios.

“En ningún caso estamos cuestionando que los expresidentes reciban una dieta por la función institucional que desempeñaron”, agregan.

No obstante, precisan que, al haber fondos públicos comprometidos, “también debemos exigirles responsabilidad, austeridad y un uso acorde con los fines para los cuales fueron creados”.

“Los chilenos no tienen por qué financiar con sus recursos las aspiraciones personales que puedan tener los exmandatarios, porque si mañana alguno de ellos decide iniciar una nueva candidatura presidencial, lo que nadie podría descartar dadas sus últimas intervenciones, resultaría inaceptable”, concluyen.