En un tema incómodo para la propia derecha se transformó el proyecto impulsado por un grupo de senadores del sector, coordinados por Francisco Chahuán (RN), que buscaba dar una salida humanitaria a un conjunto de condenados por razones de edad y de salud.

El problema es que las causales que contempla la iniciativa aprobada la semana pasada en su idea de legislar por el Senado son amplias y dejan con reclusión domiciliaria no solo a exuniformados implicados en causas de Derechos Humanos, sino también a homicidas seriales, violadores, narcotraficantes, e incluso al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, hoy único condenado por el asesinato de Jaime Guzmán (fundador de la UDI) y también por el secuestro de Cristián Edwards.

El senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo que las prioridades son otras y que no era una de las urgencias del siguiente gobierno.

En conversación con TVN reconoció que a la iniciativa, “en técnica legislativa, al articulado, le falta mucho trabajo. Por lo mismo, jamás se me ocurriría recomendar que se le ponga urgencia (legislativa)”. “Las urgencias son otras”, aseguró.

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en Canal 13, señaló que el proyecto “debe ser mejorado... tiene que ser mucho más restrictivo de lo que es hoy día”, aunque avaló las razones humanitarias detrás. Ello implicará, dijo, varios meses de discusión por respeto a las víctimas.

La diputada Ximena Ossandón (RN), integrante de la Comisión de DD.HH. de la Cámara, lo calificó como “un error” y añadió que “es imposible que el proyecto avance como está. Yo creo que es realmente impresentable”.

“Los senadores votaron solo la idea de legislar. En lo personal estoy por avanzar solo en los casos de etapa terminal, que es muy diferente a la enfermedad terminal, y teniendo la seguridad absoluta de que esa persona no puede volver a cometer ese crimen. Pero el proyecto como está es una verdadera locura”, comentó.