El sociólogo Rodrigo Ubilla (RN), subsecretario del Interior en los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera, escuchó atentamente por la radio -la noche del miércoles- la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, en la que anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional para establecer expresamente que proteger la seguridad de las personas constituye un deber del Estado.

El actual director del Área Política de Libertad y Desarrollo señala que la agenda anunciada era un compromiso de campaña, que implementar la batería de leyes aprobadas en el gobierno anterior “no era suficiente”, y que la oposición tendrá muy poco margen político para oponerse en temas que apoya la ciudadanía.

Detrás de esta ofensiva legislativa y la agenda de seguridad, ¿qué busca de fondo el Ejecutivo?

Primero que nada, no la llamaría ofensiva, la llamaría consecuencia con su compromiso, que, a mi juicio, fue el factor que lo hizo obtener un triunfo sólido en diciembre del año pasado. Lo que están haciendo el presidente y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, es empezar a abordar aspectos que han quedado pendientes. Si bien era urgente empezar con lo económico, no podía demorar mucho tiempo en abordar los temas de seguridad.

La agenda prioriza un paquete legislativo importante, pero el gobierno saliente de Boric aprobó decenas de leyes de seguridad que hoy están en implementación. ¿La prioridad no debiera ser aplicar lo que ya existe -como lo planteó el exministro de Seguridad Luis Cordero- en lugar de volver a estresar la vía legislativa?

Comparto el diagnóstico del exministro, pero creo que ello no es excluyente con una nueva agenda de seguridad. Tampoco es excluyente con una tercera dimensión, que es la gestión de seguridad, que tiene que ver con la coordinación de todas las instituciones del sistema -relacionado con la seguridad- que siempre es necesario estar revisando para mejorar los estándares. La capacidad de adaptación de las organizaciones criminales es muy superior a la capacidad de adaptación del Estado para combatir esos cambios. Y pensar que los cambios legislativos son momentos donde se cumple una agenda y después termina es no mirar el tema del crimen organizado de manera dinámica, como lo ven las organizaciones criminales. Una de las primeras cosas que el ministro Arrau dice a los pocos días de asumir es que le iban a dar continuidad a la política quinquenal -2025-2030- planteada por el gobierno de Boric. Esa fue una señal política que fue muy bien recogida por lo que es la actual oposición.

Con su experiencia como exsubsecretario del Interior en La Moneda, ¿cuál es la traba constitucional específica que hoy le impide al Estado desarticular al crimen organizado y que esta reforma solucionaría?

Aquí yo quiero hacer una salvedad, porque no se conoce el contenido de una reforma constitucional. Lo que dice el presidente es algo así como que el Estado debe asumir un deber de resguardar la seguridad pública; algo dice, además, respecto de reconocer en la Constitución regímenes penitenciarios diferenciados y algo dice de un estado de excepción a la alteración pública. Entonces, más que tener un elemento crítico o no crítico respecto de un cambio constitucional, yo quiero ponerlo en dos planos.

¿Cuáles?

Me parece que la Constitución es un instrumento que debe considerarse para darle más seguridad a la sociedad, siempre y cuando esté ahí -en la Carta Fundamental- la clave para solucionar el problema. Hay muchos elementos que en el pasado se han tratado de resolver por ley, cuando son modificaciones de reglamentos. También se han propuesto cambios constitucionales, cuando pareciera que la respuesta estaba a nivel de leyes. Entonces, sin conocer el detalle de lo que el gobierno está pensando en estas materias, no estoy en contra de que hoy exista un interés de modificar algunos aspectos de la Constitución.

¿Por ejemplo?

Con la poca información que tengo, el reconocer regímenes penitenciarios diferenciados, de acuerdo a la participación en delitos complejos de crimen organizado, me parece que podría ser un tema (problema). Porque el Tribunal Constitucional podría decir, ¿por qué, frente a un delito de homicidio, existe un régimen penitenciario diferenciado? Es cierto que otros países tienen resuelto eso a nivel de leyes comunes, puede ser con quórum incluso, no a nivel constitucional, pero nosotros tenemos una institucionalidad donde existe un Tribunal Constitucional, que tiene que revisar algunas de las normativas aprobadas en el Congreso o cuando algún parlamentario recurre a él.

¿Está de acuerdo con impulsar una reforma constitucional para establecer expresamente que la seguridad de las personas es un deber del Estado, con el objetivo de otorgar un marco jurídico más amplio para combatir el crimen?

En el artículo 1, que es la esencia de nuestra Constitución, se habla de la seguridad nacional para las personas y las familias. Entonces, la discusión tendría que ser si se va a proponer “seguridad pública” y si el concepto de “seguridad nacional” comprende la seguridad pública o no. Otra cosa distinta es si este deber del Estado de garantizar la seguridad pública se incluya en el artículo 19 de las garantías protegidas por parte del Estado. Si es eso, entonces la discusión sería otra. Sería, ¿qué pasa si el día de mañana existen delitos, continúan existiendo delitos y hay una garantía constitucional en el artículo 19? ¿Cuál es la respuesta del ciudadano frente a eso? ¿Aplicar algún tipo de recurso?

Expertos han advertido que elevar la seguridad a deber constitucional podría generar demandas contra el Estado.

Sí, y otra cosa, ¿podrá venir el día de mañana, bajo esa lógica, un grupo parlamentario y solicitar la destitución del presidente por no garantizar eso que está puesto a nivel de garantías constitucionales? Sé que hay, por lo que dijo el presidente, el interés de introducir como cuatro o cinco elementos adicionales en la Constitución, pero yo no los conozco.

¿No hay un riesgo real de “desfigurar” la Constitución para resolver contingencias delictuales que debieran tramitarse en el Código Penal?

Lo partí diciendo. Si hoy día tenemos un problema de seguridad, que se reconoce como relevante, bueno, es pertinente preguntarse si hay alguna disposición que debiera quedar en el contexto constitucional. No es una definición dogmática, sino pragmática. No lo sé, porque no conozco el detalle de lo propuesto por el gobierno. Tengo entendido que el presidente dijo que iba a ingresar o había ingresado la reforma constitucional. De ser así, eso lo vamos a conocer recién este lunes o martes, cuando se dé cuenta en el Congreso. Puede ser necesario y vamos a tener que evaluarlo en su momento en el mérito de lo que el gobierno esté proponiendo en su término. Pero eso no debiera empañar la discusión de fondo respecto de otros proyectos tan relevantes.

Un punto importante en la agenda es crear un quinto estado de excepción constitucional. En su calidad de exsubsecretario del Interior, ¿cree que faltaba una variante?

Preferiría leer la propuesta del gobierno. Lo que sí puedo decir es que en la Macrozona Sur el estado de excepción constitucional se ha renovado 65 veces, y para ese tipo de realidades ha funcionado. Los delitos han disminuido, la cantidad de personas detenidas, juzgadas y condenadas ha aumentado.

¿Ese estado de excepción debiese trasladarse a otra parte del país?

No voy a entrar a hacer una evaluación de si es necesario un nuevo estado de excepción. Tengo que conocer el estado de excepción que propone el presidente como reforma constitucional. Yo lo que puedo constatar es que tenemos un ejemplo de estado de excepción que se renovó 65 veces en el sur y, según mi apreciación, ha dado resultado, porque hay disminución de delitos y hay un aumento significativo de condenas.

¿No hay una contradicción, en el sentido de que su sector siempre ha defendido la libertad individual y acá se estaría empujando la idea de suspender más de esas libertades individuales?

Los que tenemos una aproximación liberal siempre vamos a tener una tensión entre lo que usted dice, que es el espacio de crecimiento de un Estado, que restringe, para efectos de la convivencia social, y que restringe libertades. Ahora, la pregunta es, ¿estamos en presencia de una amenaza interna y externa significativa para el ciudadano? Yo creo que sí, el crimen organizado es una amenaza. Y es tanto el tema, que si uno mira la última estrategia de defensa, que se promulgó en 2021, en el gobierno del presidente Piñera, por parte de las Fuerzas Armadas, reconoce la existencia de una amenaza externa e interna.

¿Percibe apoyo ciudadano para esas restricciones?

Hoy, cuando el vecino pide que se le ponga una cámara de seguridad frente a su casa, está sacrificando niveles de libertad, pero la mayoría de la sociedad hoy prefiere sacrificar espacios de libertad por mayor seguridad. La seguridad es la esencia de la convivencia social. Además, sabemos que la seguridad no se distribuye homogéneamente por estrato socioeconómico. ¿A quién afecta más la inseguridad? A los que menos tienen, porque tienen menos posibilidades de protegerse con tecnología, con seguridad física, etc. Entonces, es un deber de la sociedad, es deber de un Estado, es deber de un gobierno, avanzar en estos grados de mayor seguridad. Y buscar el equilibrio para no transgredir arbitrariamente estos grados de libertad. Y ese equilibrio es complejo.

¿Usted ve esta agenda de seguridad con un claro sello republicano, más duro, o también la ve como una agenda propia de los partidos de Chile Vamos?

Creo que esto es una agenda completa, que tiene expresiones de distinta naturaleza. Yo identifico como seis o siete ejes distintos. Habla de seguridad penitenciaria, de control fronterizo, habla de crimen organizado, se refiere a la Macrozona Sur, etcétera. Y en ese sentido, yo siento que parte de los planteamientos que se discutieron en las campañas presidenciales de Evelyn Matthei, y del propio Kast, se recogen en esta propuesta. Entonces, no la siento como una propuesta partisana, la siento como una propuesta que refleja más bien una necesidad fundamental para seguir creciendo y para seguir reaccionando o respondiendo a las demandas que te genera el crimen organizado.

¿No ve excesos, entonces?

A mí no me parece que estas medidas -leídas con la bajada de títulos que conocemos- sean republicanas. Esto no quiere decir que no pueda el día de mañana tener diferencia. Pero, por ejemplo, darles legítima defensa privilegiada a los funcionarios policiales y de Gendarmería cuando estén de franco me parece que no es un exceso. No es una agenda republicana. Eso es un tema que todo lo que es la derecha durante años ha planteado. Así puedo darle muchos ejemplos.

Los críticos la describen como una agenda que da pie a un Estado policial.

La oposición no tiene mucho espacio frente a una propuesta de esta naturaleza. Porque esos parlamentarios que, frente a otro tipo de temas, construyen muros, barreras de contención para decir: no voy a aprobar la idea de legislar, no voy a participar en la discusión con el gobierno, en esta u otra materia, en este caso, no creo que lo tengan. Y no lo tienen porque la seguridad sigue siendo un tema prioritario. La gente, cuando llega a su casa, tiene temor a caminar las tres cuadras, porque sabe que hay una probabilidad alta de que lo asalten, que lo roben. Lo que se ve en televisión, en los medios de comunicación, no es una exageración, es una constatación de una realidad. Entonces, negarse a discutir estas agendas, yo creo que van a tener una clara crítica ciudadana. Creo que el espacio que le dieron a la reforma económica en los partidos de oposición no lo van a tener en el caso de este paquete de medidas legislativas en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque el país está demandando cosas distintas.

¿Se refiere a la propuesta para establecer el decomiso de bienes -cuando no se pueda acreditar el origen lícito de los recursos- sin depender necesariamente de una condena penal previa -incluida en la propuesta-?

Al decomiso, enajenación, destrucción, etc. Este es un tema que viene hace 10 años. Se incautan drogas, cigarrillos de contrabando, marcas falsificadas, armas, vehículos, viviendas, animales, obras de arte, dinero, activos financieros... El glosario de cosas incautadas es infinito. Para cada una de esas cosas debiera haber una solución institucional de cómo enajenarla de manera temprana. Hay una ley de enajenación temprana que tiene un par de años, pero es insuficiente, porque no hay ninguno que dirija la responsabilidad de que todo esto funcione.

¿Cree que la opinión pública esperaba un cambio más drástico con la llegada de Kast?

La brecha entre la victimización y la percepción de inseguridad es extremadamente alta durante los últimos 20 años. Por primera vez disminuye un poco, es un proceso. En lo que no estoy de acuerdo con su premisa es que yo creo que aquí el gobierno abordó una agenda de cambio profundo en materia de seguridad y, en paralelo, lo que está haciendo es implementar los cambios normativos del gobierno anterior. Eso va a tener efectos. Todos estos cambios no son de la noche a la mañana, no lo pueden ser. No porque sea este gobierno u otro. Cuando el ministro Cordero dice hay que implementar las leyes, bueno, es la mejor respuesta a la pregunta suya. No solo es necesario legislar 69 proyectos del gobierno anterior, sino que hay que implementarlos y en eso están.