“Los imputados deben presentarse en el tribunal 15 minutos antes de la hora de la audiencia para su identificación”, dice la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía que citó para este jueves 30 de julio, a las 9 horas, a una audiencia para formalizar a 11 personas involucradas en el caso Sartor.

Esa resolución es del 9 de julio, pero luego la fiscalía amplió el número de delitos por los que se acusará a los ex accionistas y directivos del grupo financiero: a los cuatro delitos originales -estafa, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y administración desleal-, agregó con posterioridad lavado de activos y fraude a la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones. La mayoría de los delitos tienen fecha de inicio en 2020, salvo el relacionado con la OPA, referido a la compraventa de las cuotas de Tactical Sport, controlador de Azul Azul, de diciembre de 2024.

Qué delitos y en qué grados de participación serán precisados por la fiscalía en la audiencia que comenzará hoy en la sala 101, del Edificio D, la más amplia del Centro de Justicia, y que, todos los partícipes prevén, tardará varios días y se extenderá hasta la próxima semana.

El Ministerio Público estará representado por la fiscal metropolitana regional Oriente Lorena Parra y los fiscales Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya. Como en otros casos anteriores, la Fiscalía ha anticipado ya a los defensores de varios de los imputados las medidas cautelares que solicitará para las 11 personas acusadas. En la reconstrucción realizada por La Tercera, la Fiscalía pedirá al menos cinco prisiones preventivas: para los otros seis acusados solicitará al tribunal la dictación de arrestos domiciliarios, ya sean totales o parciales (nocturnos).

Los hermanos Larraín Mery

Pedro Pablo Larraín Mery (47 años) era el controlador, con más del 60% de las acciones, de Sartor, la gestora financiera fundada en 2012 y que llegó, según ellos mismos, a administrar activos por más de US$ 800 millones. Es el principal acusado por la Fiscalía y las decenas de querellantes y para él la Fiscalía pedirá prisión preventiva.

La Comisión para el Mercado Financiero comenzó a investigar a Sartor en 2024: en noviembre de ese año suspendió la captación de nuevos aportes y a comienzos de diciembre frenó los retiros, tras cuestionar un modelo de negocios en el que Sartor empleó dineros de sus aportantes en fondos públicos para negocios relacionados con sus socios. En diciembre finalmente intervino la Administradora General de Fondos (AGF) y designó a un liquidador. Un año después, en 2025, cursó multas por 367.500 UF contra ocho ejecutivos, para quienes además estableció la inhabilidad por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal. Pedro Pablo Larraín recibió la sanción más alta: 80 mil UF.

La Fiscalía también pedirá prisión preventiva para su hermano, Carlos Larraín Mery, ex gerente general de Esmax, la distribuidora de combustibles que opera la marca Aramco y que dejó a fines de 2025, tras la resolución de la CMF que no lo multó, pero sí lo mencionó en reiteradas ocasiones. Carlos Larraín Mery (50) fue director de Sartor AGF, socio y director de la matriz Asesorías e Inversiones Sartor S.A. y dueño de Danke, empresa que junto a su hermano emplearon para controlar el factoring Emprender Capital. Es defendido por Catherine Lathrop.

A ellos se sumará la prisión preventiva para Michael Clark, el ex ejecutivo bancario que creó su propia empresa de asesorías financieras, Redwood Capital, y que fue director de Sartor AGF. Lideró el proceso de compra de Azul Azul en 2021 y fue presidente de la la concesionaria por varios años. Recibió la tercera multa más alta de la CMF, por 65 mil UF. Clark es defendido por Bernardo Rosenberg.

La Fiscalía tendría decidido además pedir la cautelar más gravosa para otro socio de Sartor: Rodrigo Bustamante, quien a fines de 2024 tenía el 6,95% de las acciones. Fue multado por la CMF en 65 mil UF. Rodrigo Bustamante y Pedro Pablo Larraín son defendidos por el mismo abogado: Jaime Winter.

Por último, también solicitará la prisión preventiva para Sergio Yáñez Astete, ex controlador y directivo de Emprender Capital, empresa que llegó a deber más de $ 30 mil millones a Sartor en 2018-19, tras lo cual la empresa de servicios financieros entró a su propiedad. Es defendido por Ernesto Olivares Rodríguez.

Abogados de varios querellantes anticiparon que se sumaran a las peticiones de cautelares que pedirá el Ministerio Público.

Los arrestos

Para los otros seis imputados, la Fiscalía pretende solicitar la cautelar de arresto domiciliario: para algunos pedirá el encierro total y para otros, parcial.

En esa situación estarán dos ex socios de Sartor que han colaborado con la investigación: Oscar Ebel, quien tenía el 10% de la propiedad e inició la causa penal con una autodenuncia a fines de 2024, y Alfredo Harz, quien poseía el 18,58% de Sartor y comenzó a colaborar con la Fiscalía en marzo de este año. Para este último, el arresto sería total: aunque colaboró, lo hizo recién en los últimos meses. Ebel es defendido por Alejandro Espinoza; Harz, por Salvador Vial.

En la lista de imputados se suman el quinto socio de Sartor, Miguel León Núñez, quien tenía el 4,17% de matriz; el ex gerente, Juan Carlos Jorquera; el ex director de Sartor, el abogado Mauro Valdés; y el ex gerente de Emprender Capital, Hugo Baranda. Para ellos se pedirá arresto domiciliario.

Varios abogados consultados creen que, tras la promulgación de la nueva la Ley de Delitos Económicos, a mediados de 2023, la prisión preventiva es más posible como medida cautelar en estos casos. Aquello porque esa ley, recuerdan penalistas, eliminó la atenuante de la irreprochable conducta anterior y estableció agravantes que se cumplen en este caso para los imputados: estar en posiciones de jerarquía en una organización delictual y que los delitos superen una determinada cuantía, de 40 mil UTM. En esos casos, los imputados se exponen a condenas de prisión efectiva.