Actualizar la regulación de los sistemas eléctricos con el fin de adaptarlos a su realidad e incorporarlos a la transición energética es una necesidad propia de todo sector regulado. Sin embargo, esta es especialmente perentoria en el caso de las zonas distribuidas por sistemas eléctricos medianos (emplazados en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes), los cuales venían enfrentando brechas estructurales derivadas de una regulación que, diseñada hace más de dos décadas, dejó de responder a las exigencias actuales, encontrándose desalineada de los objetivos de la transición energética.
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