Como es habitual cada febrero, el expresidente de Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil Gómez, se trasladó al sur de Chile para disfrutar de la temporada estival. Sin embargo, este verano será distinto para el empresario, quien se encuentra en medio de una estrategia legal que busca cerrar los frentes judiciales derivados de su paso de cinco años por el recinto de salud ubicado en Estoril 150.

En el marco del conflicto que mantiene con exmédicos de CLC, quienes reclaman honorarios impagos, su abogado, Álvaro Jofré, solicitó el 14 de enero al 4° Juzgado de Garantía la autorización para que su defendido cumpla con la medida cautelar de firma mensual en el retén de Carabineros de Puerto Octay, en la Región de Los Lagos, durante este mes.

Alejandro Gil es pareja de Cecilia Karlezi Solari, hija de la fallecida María Luisa Solari, una de las principales herederas del clan Falabella. Entre sus mayores aficiones se encuentran los caballos, los camiones y los casinos.

Gil ocupó la presidencia de Clínica Las Condes en el periodo en que el Grupo Auguri, liderado por Cecilia Karlezi, mantuvo el control de la institución. Durante su gestión, que se extendió desde el 5 de diciembre de 2019 hasta el 10 de enero de 2025, acumuló varios conflictos mediáticos relacionados con la administración de la clínica.

Durante esos años, Gil estuvo reiteradamente en el foco público, enfrentando disputas con médicos, prestadores de salud, el Fisco y sus propios gerentes generales. Entre esos episodios figuran la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, en junio de 2021, cuando las autoridades sanitarias aún no autorizaban una nueva inmunización, así como el conflicto que terminó con el despido de conductores de ambulancias, luego de que a uno de esos vehículos se le desprendiera un neumático delantero derecho.

Pero hay otros dos casos relevantes en los cuales Gil podría encontrarse ad-portas de una definición clave.

Para el miércoles 1 de abril, la jueza Carolina Araya, del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, fijó una audiencia de suspensión condicional de procedimiento en esas dos investigaciones penales que arrastra hace años.

Exgerente general y médicos

Conocedores de las tratativas señalan que una salida alternativa aparece como conveniente para el empresario, ya que le permitiría poner fin a los conflictos judiciales, evitar una prolongada exposición pública y reducir el riesgo de una eventual condena, cerrando las disputas mediante acuerdos económicos con la Fiscalía.

La primera de ellas que podría concluir surge luego de que el exgerente general de CLC, Fredy Jacial, presentara una denuncia por querella calumniosa ante el Ministerio Público en contra del empresario y del exgerente general de la compañía, Jerónimo García. Jacial presentó la acción judicial tras ser absuelto y sobreseído definitivamente de la querella por administración desleal interpuesta por la clínica en su contra en 2021, cuando era dirigida por Gil. En dicha causa, se le acusaba de haber autorizado el ingreso de un número significativo de pacientes Covid por sobre el límite fijado por el gobierno, lo que habría generado un perjuicio económico para la clínica, estimado en $8.598 millones.

La segunda causa se relaciona con el conflicto que Gil mantiene desde 2023 con un grupo de 35 médicos, quienes interpusieron querellas en contra de Clínica Las Condes y, en particular, en contra del propio empresario. Los facultativos lo acusan del presunto delito de apropiación indebida, incluyendo la emisión de boletas falsas y la retención de dineros cobrados a pacientes.

Ambas investigaciones se encuentran formalizadas. El 6 de agosto de 2024, la Fiscalía comunicó ante el 4° Juzgado de Garantía los cargos por apropiación indebida en contra del empresario. Posteriormente, el 21 del mismo mes, Gil fue formalizado por la querella calumniosa, instancia en la que el tribunal rechazó su solicitud de sobreseimiento.

Sin embargo, un eventual cierre de estos flancos legales de Alejandro Gil se daría en medio de otro proceso que recién comienza y que podría volver a ponerlo, nuevamente, en la mira de la Fiscalía.

¿La razón? En enero de este año CLC —controlada ahora por Indisa y EuroAmerica— interpuso una querella criminal por la presunta entrega de información falsa al mercado, a partir de auditorías forenses realizadas a sus registros contables. Si bien la acción penal, patrocinada por el abogado Juan Domingo Acosta, no menciona expresamente al empresario, sí subraya que las presuntas “inconsistencias y anomalías” fueron detectadas en los registros contables de CLC y sus filiales durante la gestión que encabezó el Grupo Auguri.

Abogados querellantes

Alejandro Gil y su abogado declinaron efectuar comentarios respecto de este artículo. Distinta fue la postura de abogados de algunos de los querellantes, quienes sí se refirieron a los dos casos.

Patricio Fernández, abogado que representa a 18 exmédicos de la clínica, explicó que en octubre del año pasado los facultativos retiraron las querellas en contra de CLC, pero mantuvieron vigentes las acciones contra Gil. Asimismo, precisó que ni él ni sus representados han sido considerados en un eventual acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del empresario. En ese contexto, solicitó una serie de diligencias, entre ellas, la incorporación a la investigación de la auditoría realizada por KPMG a la contabilidad de la clínica, así como una nueva citación a declarar del expresidente del directorio, aunque algunas ya fueron desestimadas por el Ministerio Público.

“Pese a los acuerdos alcanzados con CLC, estimamos que existe un detrimento patrimonial que aún no ha sido resuelto. Además, a la luz de los nuevos antecedentes que han surgido en la prensa, se han solicitado nuevas diligencias”, señaló.

En esa misma línea, añadió que “para nosotros es absolutamente relevante investigar en profundidad la responsabilidad penal de Alejandro Gil durante el período de su administración”.

Por su parte, la abogada Trinidad Luengo, quien asesora a Fredy Jacial, indicó que, como querellantes, esperan que la eventual salida alternativa acordada entre la Fiscalía y Alejandro Gil “considere de manera significativa la reparación del daño que el expresidente de Clínica Las Condes ocasionó a mi representado y al sistema de justicia penal, al acusar falsamente al señor Jacial de haber cometido un delito que nunca ocurrió”.